La toma del Palacio Municipal continuó como punto central del conflicto laboral. Los uniformados permanecieron a la espera de una respuesta oficial que atendiera sus exigencias. La situación se mantuvo en desarrollo al cierre de la jornada.
Por Ángel Verduzco | Corresponsal
Policías preventivos de Jonuta tomaron las instalaciones del Palacio Municipal tras denunciar omisiones de la administración encabezada por la alcaldesa María Soledad Villamayor Notario. La movilización ocurrió luego de que, según los uniformados, se agotaron sin resultados los canales de diálogo con la autoridad local. Los elementos afirmaron que la protesta respondió a una serie de inconformidades acumuladas en materia laboral y operativa.
Los agentes se concentraron desde temprana hora en el exterior del inmueble y posteriormente ingresaron al edificio público. La acción incluyó la ocupación de áreas administrativas como medida de presión para visibilizar sus demandas. Los manifestantes señalaron que la protesta buscó obligar a la autoridad municipal a atender los reclamos pendientes.
Los uniformados denunciaron presuntos actos de negligencia administrativa y recortes salariales que, aseguraron, afectaron su desempeño. También señalaron carencias en equipamiento básico para tareas de vigilancia y atención de emergencias. Indicaron que estas condiciones impactaron tanto su integridad como la seguridad de la población.
Demandas laborales urgentes
Los policías expusieron que desde hace meses enfrentaron condiciones laborales precarias sin respuesta institucional. Afirmaron que la falta de recursos limitó la operatividad en patrullajes y la atención a incidentes. Subrayaron que la situación se mantuvo sin cambios pese a múltiples solicitudes formales.
Entre las exigencias planteadas se incluyeron mejoras en condiciones de trabajo y aumento salarial. Los agentes también solicitaron la implementación de jornadas laborales 24×48 para reducir la carga operativa. Indicaron que los turnos actuales resultaron excesivos y afectaron su rendimiento.
Los manifestantes señalaron que la toma del inmueble buscó presionar para transparentar el uso del presupuesto destinado a seguridad pública. Afirmaron que el manejo de los recursos requirió revisión y rendición de cuentas. Indicaron que esta exigencia formó parte central de sus demandas. –sn–


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