También recordó que el derecho internacional obliga a los Estados a prevenir actos de violencia mediante políticas públicas efectivas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su consternación por los asesinatos de mujeres, niñas, niños y adolescentes ocurridos en los Estados Unidos en contextos de violencia doméstica y uso de armas de fuego. El organismo interamericano solicitó al Estado estadounidense reforzar medidas de protección, atención integral a víctimas y acciones judiciales contra responsables. La CIDH sostuvo que los hechos evidenciaron un problema estructural relacionado con violencia intrafamiliar y acceso a armas.

De acuerdo con información del Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2020 y 2024 se contabilizaron más de 11 mil víctimas de homicidio en relaciones domésticas o familiares. El reporte precisó que 74.5 por ciento de las víctimas fueron mujeres y que las mujeres afroamericanas registraron la mayor afectación. La CIDH recordó que diversos estudios identificaron que la presencia de armas de fuego en hogares incrementó el riesgo de homicidio.

El organismo internacional explicó que el riesgo aumentó durante procesos legales como divorcios, disputas de custodia o solicitudes de medidas de protección. La CIDH reiteró que anteriormente advirtió sobre el vínculo entre violencia doméstica y violencia armada en Estados Unidos. También pidió fortalecer mecanismos preventivos para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Violencia y armas

La CIDH reconoció acciones impulsadas por Estados Unidos para contener la violencia doméstica relacionada con armas de fuego. Entre ellas mencionó la aprobación de la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras de 2022, normativa que amplió restricciones de posesión de armas para personas condenadas por violencia doméstica. El organismo añadió que dicha legislación contempló recursos para implementar leyes estatales de protección de riesgo extremo.

Según datos proporcionados por el Estado estadounidense ante la CIDH, durante 2024 se rechazaron más de cinco mil ventas de armas a individuos condenados por violencia doméstica. La comisión señaló que dichas medidas buscaron disminuir riesgos para víctimas potenciales dentro de entornos familiares. Sin embargo, indicó que los recientes hechos violentos evidenciaron limitaciones en los sistemas de prevención y protección.

La CIDH citó el caso ocurrido el 16 de abril de 2026 en Annandale, Virginia, donde una mujer fue asesinada a tiros por su esposo. El agresor contaba con una orden judicial para abandonar el hogar en medio de un proceso de divorcio. La comisión subrayó que el caso reflejó fallas en la implementación efectiva de medidas de protección. –sn–

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