SN Redacción
El pasado 13 de mayo autoridades sudafricanas hallaron y desmantelaron un laboratorio clandestino consagrado a la producción de drogas sintéticas bien oculto en las inmediaciones de una granja en la localidad de Swarttruggens, a unos 170 kilómetros al noroeste de Johannesburgo.
México se consolida como eje operativo de un nuevo escenario de seguridad global, donde potencias estatales autoritarias de Europa, Asia y Oriente Medio se alían con redes del crimen organizado. De acuerdo con analistas del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés), regímenes como Rusia, China e Irán utilizan de manera sistemática a los cárteles mexicanos, medios de comunicación y políticos como instrumentos de su proyección geopolítica para vulnerar la seguridad de Occidente y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.
La presión en México contra el tráfico de fentanilo orilló a organizaciones criminales a buscar nuevas rutas de Sudamérica a Estados Unidos, las cuales quedaron reveladas con el hallazgo de los primeros dos narcolaboratorios de este opioide sintético en Colombia. Los pasados 16 y 17 de mayo, bajo el nombre de Bastión Norte, una fuerza conjunta de la Policía Nacional de Colombia y la Administración para el Control Antidrogas (DEA) desmanteló dos laboratorios destinados a la síntesis de clorhidrato de fentanilo.
Un militar retirado y un civil que eran choferes de Horacio Zavaleta Malacara, el Oficial Mayor de Cuautla, Morelos, aprehendido por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, fueron detenidos en ese municipio por presuntamente portar un arma larga y una corta reservadas para el uso exclusivo del Ejército. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturó el pasado miércoles en flagrancia al Capitán Segundo en retiro Artemio Balbuena Hurtado, de 61 años de edad, y al civil Galeger Betancourt Rojas, de 44, de acuerdo con informes ministeriales.
Una serie de publicaciones en redes sociales elevó el tono político alrededor del caso Sinaloa. Derek S. Maltz, exdirector interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), difundió mensajes e imágenes en los que apuntó contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Las cortinas cerradas comenzaron a convertirse en parte del paisaje cotidiano en Culiacán; restaurantes, dulcerías, pastelerías, tortillerías y comercios familiares que durante décadas formaron parte de la vida social y gastronómica de la ciudad hoy desaparecen en silencio, arrastrados por una combinación de violencia, caída en el consumo y crisis económica que golpea al comercio. En el centro de Culiacán, el cierre del emblemático restaurante «El Gallito» es uno de los reflejos más visibles del deterioro económico y social que comerciantes atribuyen al clima de inseguridad.
Luego que se revelaran amenazas del Cártel de Sinaloa contra la gobernadora de Morelos, la morenista Margarita González Saravia, para que aceptara nombramientos de funcionarios controlados por el crimen y permitiera el libre paso de droga, la Mandataria estatal negó ayer haber recibido amagos. «El gobierno del estado de Morelos precisa que la Gobernadora Margarita González Saravia nunca ha recibido amenazas», indicó en un comunicado. La gobernadora afirmó además que seguirá trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal, así como instituciones de los tres niveles de gobierno.
Un juez penal de Quintana Roo sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador morelense Sergio Estrada Cajigal a cambio del resguardo domiciliario, medida que prevalecerá hasta que se determine su responsabilidad o no en el delito de violencia familiar en agravio de su expareja. De acuerdo con la defensa legal de la víctima, el pasado 22 de mayo, el juez de la causa determinó la sustitución de la medida cautelar —que mantenía recluido en un penal quintanarroense al exmandatario panista desde mayo de 2024— en virtud de que se cumplió el límite de dos años.
El Estado mexicano incumplió el plazo extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados a raíz de la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el Cyrus R. Vance Center for International Justice, organización que promovió el recurso en representación de los afectados, el gobierno federal tenía como fecha límite el pasado 15 de mayo para presentar sus observaciones preliminares. La magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las firmantes del recurso, consideró que la falta de respuesta va más allá de una simple omisión administrativa, pues representa una postura política clara de rechazo al escrutinio internacional. “Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia Comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, indicó.
Con licitaciones a modo, la empresa de seguridad Serprosep y sus filiales han construido un monopolio que ha obtenido de al menos nueve secretarías y dependencias gubernamentales contratos por cerca de 8 mil millones de pesos en los últimos dos años, según una investigación. Serprosep, que ha conseguido contratos con al menos nueve entes públicos desde 2024, está ligada a Julio Antonio de Regil Abdalá, hijo de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE Manuel Bartlett, así como a Raúl Rocha, empresario propietario de Miss Universo vinculado a huachicol fiscal y tráfico de armas.
Chetumal fue escenario de un operativo encabezado por la Fiscalía General de Quintana Roo, en coordinación con fuerzas federales y municipales, el cual permitió rescatar a 28 mujeres presuntamente víctimas de trata de personas en un bar ubicado en la colonia Comité Proterritorio. De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la intervención se realizó en un inmueble localizado sobre la avenida Maxuxac, donde autoridades cumplimentaron una orden de cateo otorgada por un juez de control.
La Fiscalía General de la República (FGR) puede citar como testigos a un gobernador con licencia o a uno en activo y a un senador sin solicitar antes el retiro del fuero, siempre que la diligencia no implique una acusación formal, detención, imputación o inicio de una causa penal. La clave jurídica está en la diferencia entre una entrevista ministerial y un acto de procesamiento contra una persona con inmunidad, advirtieron expertos. En entrevista, la abogada constitucionalista Mariana Bringas Lagos explicó que los citatorios girados por el Ministerio Público no equivalen, por sí mismos, a un procedimiento de desafuero. El punto central, dijo, se encuentra en la calidad con la que comparecen las personas servidoras públicas.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró en el puerto de Manzanillo un cargamento de más de 54 mil litros de precursores químicos destinados a la elaboración de drogas sintéticas. La fiscalía señaló que a partir de trabajos de investigación de campo y gabinete se descubrió un cargamento de sustancias químicas en la aduana de dicho puerto, por lo que efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC, con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), se constituyeron en las inmediaciones de esas instalaciones, ubicadas en el bulevar Miguel de la Madrid, en la colonia Tapeixtles.
La asociación vecinal La Voz de Polanco ratificó ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa el rechazo a la instalación del festival conocido comercialmente como Campo Marte 26, porque pretende albergar diariamente a unas 15 mil 500 personas, con horario hasta las 2 de la madrugada, lo que calificó de «caos en la movilidad» de la zona, en Paseo de la Reforma y en el poniente de la capital. En el escrito de ampliación de demanda de juicio de amparo indirecto solicitó al juez Alan Arriola Padilla que «analice con estricto rigor» la documentación presentada y en la audiencia incidental diferida para el próximo 28 de mayo «se conceda la suspensión definitiva de la aplicación y ejecución del convenio, deteniendo las obras de montaje que pretenden iniciar de forma ilegal» este lunes 25 de mayo.
Daniel Juárez García, abogado de los participantes en las protestas contra las obras inmobiliarias en playa Las Cocinas, en Punta Mita, Nayarit, dijo que hay mucha «suspicacia» y un manejo «político» en la investigación que realiza la Fiscalía contra los manifestantes y quienes ya tienen orden de aprehensión. El miércoles pasado se dio a conocer que un juez de primera instancia liberó órdenes de aprehensión contra seis manifestantes que están en contra de los impactos ambientales negativos del desarrollo turístico exclusivo de la empresa Cantiles de Mita, filial del Grupo Dine.
En la esquina de las calles Nápoles y Londres, en la colonia Juárez, está el edificio Pandora. De color rosado y pastiche de art déco, nada más entrar, la recepcionista aclara que no son un hotel. No importa que tenga un mostrador para recibir y cobrar a los huéspedes las 24 horas del día, siete días a la semana, donde te pueden conseguir experiencias y guías para vivir realmente la experiencia de un local. O que haya una suerte de trato con un par de restaurantes en la misma manzana para que te lleven comida auténticamente mexicana.
Tras más de seis horas de audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió revalidar la condena de seis años de prisión impuesta a Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de la abogada y activista Cecilia Monzón. La determinación se suma a la sentencia de 60 años de prisión dictada en su contra como autor intelectual del feminicidio de quien también fuera su expareja sentimental, ocurrido el 21 de mayo de 2022, luego de que tras otro juicio oral fue hallado responsable de haber ordenado su asesinato.
El abogado postulante del estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, advirtió que una vez que se publique en el periódico oficial Tierra y Libertad el ajuste a la tarifa mínima de las rutas de 10 a 13 pesos, la combatirán mediante el amparo u otros recursos jurídicos. El acuerdo entre el gobierno del estado y los concesionarios para llevar a un ajuste a la tarifa mínima sigue dando de qué hablar, sobre todo debido a que no se ha cumplido con la modernización por parte de los dueños de las unidades que circulan en la entidad, lo cual representa una de las mayores quejas de los usuarios.
A lo largo de siete años y cinco meses como titular de la Dirección General de Resguardo Parlamentario del Senado, Fidel Ortiz Barragán incrustó en la nómina de la Cámara alta a al menos 24 familiares y amigos, aunque en la actualidad están activos 14 de ellos: dos hijos, su pareja sentimental, tres sobrinos, un yerno, un cuñado, un concuño y cinco amigos, quienes perciben un total de 630 mil pesos mensuales.
Los sindicatos son la cuarta entidad en la que menos confianza tienen los ciudadanos, después de los partidos políticos, las Cámaras de Diputados y Senadores y los Ministerios Públicos, según el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). Entre los años 2023 y 2025, el grado de percepción de confianza de la población en los sindicatos pasó de 38.5 por ciento a 34.2 por ciento, de acuerdo con la «Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental». En contraste, la población mostró mayor confianza en la familia, universidades públicas y escuelas de educación básica. Grado de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. Jueces, juezas y magistrados 34.8%.
El Instituto Nacional Electoral podría recibir solicitudes para revisar un universo potencial superior a 20 mil perfiles a nivel federal y local, si se aprueba la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. La propuesta fue presentada por la presidente Claudia Sheinbaum como un mecanismo para evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada sean postuladas. Especialistas alertan por mayor carga laboral para el organismo rumbo a 2027, proceso que hasta ahora es concurrente con elecciones federales, locales y judiciales
Esta semana, en la Cámara de Diputados inicia la discusión para aprobar la iniciativa presidencial que busca establecer mecanismos para detectar a candidatos a puestos de elección popular vinculados al crimen organizado. El martes, se prevé que la iniciativa sea discutida en las comisiones de Puntos Constitucionales y de la Reforma Electoral, donde deberán someterse a votación para crear el dictamen que pasará al Pleno de San Lázaro para su discusión y eventual aprobación.
La Cámara de Diputados acumula mil 200 demandas de juicio político presentadas contra secretarios de Estado, ministros, gobernadores y legisladores durante las últimas cinco legislaturas, pero la actual cumplió ya 20 meses en funciones sin integrar la Subcomisión de Examen Previo, encargada de determinar la procedencia de esos recursos. El presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio de San Lázaro, Hugo Eric Flores, señaló que la mayoría de esas denuncias han prescrito, pues el procedimiento debe iniciar durante el periodo en el que el servidor público acusado esté desempeñando su cargo o hasta un año después de concluirlo.
En Michoacán, una clara disputa interna marca desde ahora la selección del candidato de Morena a la gubernatura, que se resolverá entre dos estructuras: la oficial, que se maneja desde la Casa de Gobierno, y otra creada por el senador Raúl Morón Orozco, quien reconoce que con el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla «la relación es distante. No quiere que sea yo». En junio próximo, la dirigencia nacional de Morena emitirá la convocatoria de registro de aspirantes a «coordinador de defensa de la transformación», es decir, a quien será el candidato a la gubernatura que se disputará en 2027. La del próximo año será «una elección agitada», según prevé el propio mandatario estatal.
En tres décadas, al menos 11 aerolíneas mexicanas comerciales dejaron de operar debido a problemas financieros, insolvencias y altas deudas económicas. Esto implicó la desaparición de una firma importante cada tres años en promedio. Los casos más recientes fueron Magnicharters y Aeromar. La primera, del Grupo Aéreo Monterrey, anunció en abril de este año la suspensión total de sus vuelos, pero semanas después dio a conocer que presentó una demanda voluntaria de concurso mercantil para restructurar su severa deuda financiera. Magnicharters contaban con 30 años de servicio en el mercado turístico. Antes de suspender sus servicios tenía una flota de tres aviones.
México otorgó a la Unión Europea un paquete de cupos para importar productos agroalimentarios al mercado mexicano con el nuevo Tratado de Libre Comercio entre ambos, llamado Acuerdo Comercial Interino (ACI). Con la entrada en vigor del ACI, la apertura agrícola asumirá el papel protagónico. Esto se debe a que el sector industrial ya está completamente liberalizado desde 2007, año en el que los bienes agropecuarios solo alcanzaron un 73.6% de exención arancelaria. El nuevo acuerdo eliminará casi la totalidad de los gravámenes pendientes.
México y la Unión Europea (UE) inscribieron un nuevo capítulo en la relación bilateral con la realización de la VIII Cumbre Bilateral en Palacio Nacional, que incluyó la renovación del Acuerdo Global Modernizado y la firma de los acuerdos Comercial Interino y de Asociación Estratégica en Materia Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros. El fortalecimiento de la relación comercial entre ambas partes consideró una inversión inicial alineada con el Plan México de 100 mil millones de pesos, que equivalen a 5 mil millones de euros, para infraestructura, mediante la Agenda de Inversiones de la Unión Europea-América Latina y el Caribe en México, «Global Gateway».
Estados Unidos e Irán están al borde de un acuerdo, en principio, para poner fin a las hostilidades y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, si Teherán acepta abandonar su uranio enriquecido, de acuerdo con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, aunque aún no se han completado todos los puntos de la negociación. Aunque Estados Unidos e Israel coinciden en que el desistimiento de Irán de su programa nuclear es un tema clave, funcionarios iraníes dijeron a medios estadounidenses que el posible acuerdo estipulaba únicamente que las cuestiones nucleares se negociarán en un plazo de entre 30 y 60 días.
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