SN Redacción
Estados Unidos enfocó ahora acciones contra el Cártel del Noreste, el grupo criminal surgido tras la escisión de Los Zetas, que ejerce el narcoterror en la frontera con Texas. Tras el debilitamiento operativo y financiero de los cárteles Jalisco Nueva Generación y De Sinaloa, autoridades, agencias de seguridad y dependencias financieras estadounidenses incrementaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes. En México, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron hace unos días en el estado de Nuevo León a José Antonio Cortés Huerta, identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y presuntamente vinculada con el aseguramiento de un buque con huachicol en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Un juzgado federal otorgó una suspensión que impide que Isaí Martínez Zepeda, sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, sea entregado a autoridades de Estados Unidos o expulsado de México, hasta en tanto concluye el juicio de amparo en contra de su extradición, ya que habría escuchado que en los primeros días de junio se entregará a la justicia estadounidense a otro grupo de presuntos narcotraficantes. Para evitar su entrega a la justicia estadounidense, la defensa de Isaí Martínez promovió un juicio de amparo que tocó conocer al Juzgado 16º en materia penal, con sede en la ciudad de México, en contra de la existencia de una orden de expulsión, deportación, destierro, entrega, traslado o cualquier otra denominación que se le pueda dar al hecho de ser entregado al gobierno de Estados Unidos, “fuera de cualquier procedimiento legal”, señalan los registros del OAJ.
El exjefe de la policía de Sinaloa bajo el gobierno de Rubén Rocha, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el próximo lunes 1º de junio en una audiencia preliminar, de acuerdo a una carta de la juez del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, en respuesta a una solicitud del fiscal Jay Clayton. Las partes comparecerán en la audiencia inicial «el 1º de junio de 2026, a las 12 horas, en la sala de audiencias 618 del Juzgado Thurgood Marshall, 40 Foley Square, Nueva York, Nueva York», señala el comunicado. Clayton, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, detalló en su misiva que el exfuncionario permanece detenido con consentimiento de la defensa y pidió excluir tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido mientras continúan las discusiones previas: «para facilitar las conversaciones preliminares entre las partes, el gobierno solicita respetuosamente que el Tribunal excluya el plazo previsto en la ley de enjuiciamiento rápido (…), hasta la próxima fecha de conferencia. La defensa consiente a esta solicitud», que fue aceptada por Polk Failla.
Sin reportar un solo detenido, la FGR aseguró más de un millón de litros de huachicol en Cadereyta, Nuevo León, tras un operativo de fuerzas federales que localizaron un punto de almacenamiento ilegal. En otra acción, la misma dependencia detuvo al empresario Jesús Ricardo Puente, supuesto miembro de «Los Petrofactureros», una red de 40 empresas que simula actividades logísticas para operaciones de huachicol. El empresario fue capturado en operativos que la Agencia de Investigación Criminal realizó en cuatro inmuebles de San Pedro, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, y que derivan de la indagatoria de una presunta red de corrupción de marinos en aduanas.
El presidente municipal de Jonacatepec, Israel Andrade, citado en investigaciones federales por presuntos nexos con la delincuencia, presentó un recurso de amparo ante la justicia federal tras denunciar el inminente riesgo de ser aprehendido por corporaciones policiales… El edil solicitó la suspensión de cualquier orden de detención o arresto en su contra; sin embargo, el juzgado federal concluyó que no era posible concederla en esos términos al considerar que el acto reclamado ya había sido emitido, por lo que se trata de un acto consumado.
El senador de Morena, Javier Corral Jurado, no se presentó a la audiencia, solicitada por él mismo, por el caso de presunto secuestro denunciado en 2024, en el cual acusó como responsable a la gobernadora Maru Campos. La audiencia de impugnación del cierre de carpeta de investigación fue diferida al no presentarse el legislador denunciante. La jueza de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México citó a las partes a una próxima audiencia el 2 de junio a las 9:45 horas, informó Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora de Chihuahua.
María Yáñez Unda, abogada y vicepresidente de Litigio Estratégico Indígena (LEI), organización que diseñó el juicio de amparo, afirmó que la controversia resulta particularmente llamativa porque en su impugnación, el INAH reconoce a El Castillo de Moctezuma como un sitio arqueológico registrado en el Catálogo Nacional de Monumentos Arqueológicos, con valor histórico para la nación y relevancia para la identidad cultural de la región. Ante esto, dijo que el LEI solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción, porque el asunto reviste importancia y trascendencia nacional debido a los alcances a tener para la protección del patrimonio arqueológico del país y con el fin de definir las obligaciones legales del INAH frente a las solicitudes formuladas por comunidades indígenas y ciudadanos interesados en la conservación del patrimonio cultural.
La audiencia en la que se resolvería si la denuncia por secuestro en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, interpuesta por el senador Javier Corral, sería reabierta debió posponerse dado que el legislador morenista no llegó a los juzgados del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, donde tendría lugar el cónclave legal. Por otro lado, la mandataria chihuahuense tampoco asistió al compromiso, no obstante, sí lo hizo su representante legal, Roberto Gil Zuarth, quien en mancuerna con otro de los abogados de Campos, Javier Coello Zuarth, estableció que «se difirió la audiencia porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima, Javier Corral. Él había sido notificado precisamente para que se encontrara presente y no se presentó. El asesor (de Corral) pretendió justificar la inasistencia porque dice que se encontraba haciendo funciones de parlamentario y la juez no lo aceptó».
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó abiertamente la urgencia de la reforma judicial y adelantó que ya se cocinan ajustes clave. Durante su gira de trabajo por el estado de Morelos, el ministro presidente aclaró que el escenario actual es apenas el primer paso de una transformación de largo aliento. «Se requerían ajustes al sistema de elección. Ahora se está trabajando para que exista una certificación de los candidatos y que tengan solvencia», afirmó.
La ministra Lenia Batres Guadarrama se lanzó en contra del esquema conocido como la “carrera judicial”, al asegurar que las nuevas personas juzgadoras no necesitan tener esa preparación previa. “Mentira que las nuevas personas juzgadoras necesitáramos carrera judicial para ser personas juzgadoras. Esa es una mentira”, dijo la ministra durante los eventos de su ponencia conocidos como “Círculos de Estudio”. Para apoyar su idea, Batres aseguró que ninguna de las nueve ministros que integran la nueva Corte pasaron por una carrera judicial, lo que aseguró no implica que no estén preparados para el cargo. “Tenemos, creo que todos, de más de 30 años en el ejercicio del Derecho, la academia, el litigio, en la administración pública, en el Congreso de la Unión”, añadió.
Luego de que el IFDP promovió ante la SCJN el amparo en revisión 429/2025, en abril de 2025, para solicitar la inconstitucionalidad del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Asilo, Organizaciones civiles consideran que dicho artículo restringe el acceso al procedimiento, vulnera estándares internacionales de protección y es utilizado por la Comar para reducir su carga administrativa, por lo que solicitaron a la Suprema Corte declarar su invalidez.
La Comisión Nacional del Agua confirmó vía documentos que hizo llegar a un Juzgado –para el cumplimiento de la sentencia 543– que menos del 1% de los concesionarios de agua subterránea en el país tienen un mecanismo efectivo de medición de extracción. «Hace unas semanas infórmamos que el Juez de Distrito dentro del proceso de cumplimiento de sentencia de la SCJN emitió un acuerdo en el que obliga a la Conagua a iniciar el proceso de creación de una NOM en donde se establezca como obligatorio la instalación de medidores telemétricos», dijo Luis Pedroza, representante legal de las asociaciones Prodefensa del Nazas, Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero y Encuentro Ciudadano Lagunero.
José Mario de la Garza Marroquín presentó en la Suprema Corte un amicus curiae, cuyo propósito es adherirse a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la reforma al Código Penal para castigar con cárcel el uso indebido de inteligencia artificial. Mencionó que se busca aportar argumentos jurídicos que contribuyan a la protección y preservación de la libertad de expresión en San Luis Potosí.
Luego de las acusaciones de parte de sexoservidoras a través de redes sociales en donde se les vincula con el líder de la agrupación de ambulantes Fuerza 2000, Federico López, en el tema de extorsión, la asociación de ‘Chicas de la 14’ rechazó tajantemente estas declaraciones, al señalar que han ayudado a mujeres a mejorar su calidad de vida, aunque se dediquen a este oficio, e incluso señalaron que interpusieron un amparo ante la Corte para que se reconozca esta actividad como ‘trabajo como no asalariado’.
La ENCRyM atribuyó primero el retraso en los títulos a la falta de un proveedor de impresiones, única forma en que proporcionaría el documento, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la plena validez jurídica de la cédula profesional electrónica para acreditar legalmente el ejercicio de una profesión en México, relató una persona afectada. Después se adujo un problema con la firma del actual director del INAH, debido a que su antecesor, Diego Prieto, habría dejado la institución en julio pasado sin dar de baja la suya.
Confrontados en redes sociales desde el año pasado, la madrugada de ayer, los senadores Luis Armando Melgar, del Partido Verde, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, protagonizaron un diferendo a playerazos en el pleno del Senado. Melgar agarró una de las playeras que llevó el PAN para invitar a los morenistas a respaldar al gobernador con licencia, Rubén Rocha, para que mostraran el mensaje «yo con Rocha» y se la llevó al escaño al senador Fernández Noroña. Le pidió que se la pusiera y la dejó en el escaño.
Santiago Nieto, entonces titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aseguró el pasado 23 de abril que este organismo se encargará de monitorear y bloquear los sitios piratas durante el Mundial —a partir de un recurso que será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). «Es una facultad del IMPI que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual», aseguró Nieto.
Cerca del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo de cada año, la industria tabacalera difundió a escala continental su versión de que el contrabando y comercio ilícito de cigarrillos se disparó a niveles astronómicos en la región, que un tercio del mercado sería informal y que eso deja 8 mil 500 millones de dólares en pérdidas fiscales. El discurso promueve también la masificación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, cuya comercialización está legalmente impedida en México. Desde las sociedades médicas y las organizaciones civiles salieron a enfrentar aquello, recordando que las tabacaleras son el problema, que el comercio ilícito está asociado a ellas y que los dispositivos, además de convertirse en basura electrónica, fueron desarrollados para inducir nuevos fumadores jóvenes. Sin desconocer el incremento del comercio en negro, plantean que se requiere un enfoque internacional, desde los gobiernos para atajarlo. “Tiene que haber un trabajo coordinado de aduanas, policías, controles fronterizos, sistemas de monitoreo, rastreo de la cadena logística y acciones penales; se debe involucrar al Poder Judicial, a las cancillerías para establecer medidas a fin de proteger a toda América Latina y al mundo”, indicó el médico Giovanni Escalante, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El juez de Distrito Christopher Cooper dictaminó ayer que el nombre del presidente Donald Trump fue añadido ilegalmente al Centro Kennedy y prohibió a la administración cerrar el recinto cultural y artístico para renovarlo. Cooper determinó que la votación del pasado 16 de marzo de la junta directiva del Centro Kennedy para cerrar las instalaciones fue «mal informada y, aparentemente, predeterminada», sin tomar en cuenta sus obligaciones legales.
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