Reforma aprobada castiga injerencia sindical y protege autonomía gremial.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que adicionó el Artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la capital del país, con el propósito de tipificar y sancionar la injerencia sindical cometida por personas servidoras públicas. La modificación incorporó nuevas disposiciones orientadas a fortalecer la autonomía de las organizaciones gremiales. La medida se convirtió en un nuevo instrumento legal para regular la actuación de funcionarios en asuntos sindicales.

La reforma estableció como falta administrativa cualquier acto de intervención, coacción, intimidación, condicionamiento o utilización indebida de recursos públicos que afectara la vida interna de los sindicatos. También contempló sanciones para conductas que alteraran procesos democráticos o la administración de las organizaciones gremiales. El dictamen precisó que la libre organización sindical debía mantenerse ajena a presiones institucionales.

De acuerdo con el contenido aprobado, las disposiciones buscaron impedir que servidores públicos influyeran de manera directa o indirecta en decisiones internas de los sindicatos. El texto incluyó mecanismos para identificar conductas que vulneraran los derechos colectivos de los trabajadores. Asimismo, reforzó los principios de legalidad y respeto a la autonomía sindical.

Protección sindical

La modificación legal fortaleció la protección de los procesos democráticos al interior de las organizaciones sindicales. Los legisladores señalaron que la autonomía gremial constituye un elemento fundamental dentro del marco laboral y administrativo vigente. Con ello, se amplió el catálogo de conductas susceptibles de sanción administrativa.

El nuevo Artículo 64 Bis definió como infracciones aquellas acciones que condicionaran beneficios, recursos o decisiones a cambio de apoyo dentro de sindicatos. También contempló medidas contra prácticas que afectaran la libre participación de los integrantes de las organizaciones. La reforma delimitó claramente las facultades de los servidores públicos frente a la vida sindical.

La aprobación del dictamen ocurrió durante una sesión ordinaria del órgano legislativo capitalino. Los diputados discutieron los alcances de la propuesta antes de emitir su voto. Finalmente, el proyecto obtuvo el respaldo necesario para incorporarse al marco normativo local. –sn–

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