Introducción: Caso de abuso sexual reavivó exigencias de justicia infantil.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Secretaría de las Mujeres exigió que autoridades judiciales mexiquenses sancionen Víctor “N”, docente señalado por presunto abuso sexual contra una estudiante de 14 años. La dependencia sostuvo que el caso involucró una relación desigual por la diferencia de edad y la posición de autoridad del profesor. El pronunciamiento ocurrió tras la liberación del imputado por determinaciones judiciales.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia cuestionó la actuación de jueces que permitieron la libertad del acusado después de su detención. La institución señaló que dichas resoluciones omitieron criterios de perspectiva de género y protección integral de la infancia. También indicó que la decisión representó una vulneración a los derechos de la adolescente involucrada.

La dependencia recordó que el docente, de aproximadamente 50 años de edad, argumentó que mantenía una relación de noviazgo con la menor. La autoridad federal sostuvo que una situación de esa naturaleza no podía analizarse bajo parámetros aplicables a relaciones entre personas adultas. El organismo reiteró que la legislación contempla medidas especiales para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Protección de la infancia

La Secretaría de las Mujeres condenó el caso y reafirmó que las relaciones entre personas adultas y menores de edad implicaron condiciones asimétricas de poder. La dependencia explicó que dichas circunstancias colocaron a la adolescente en una situación de vulnerabilidad. Además, subrayó la necesidad de aplicar criterios de género e interés superior de la niñez.

El organismo llamó a las instancias responsables de procuración e impartición de justicia en el Estado de México a actuar conforme a los principios legales vigentes. La dependencia insistió en que las decisiones judiciales debieron garantizar el acceso efectivo a la justicia para la víctima. También pidió que se privilegiara la protección integral de la menor durante todo el proceso.

La autoridad federal manifestó su rechazo a cualquier intento de normalizar o justificar relaciones entre personas adultas y menores de edad. En su posicionamiento, expresó confianza en que las autoridades competentes resolverían el caso conforme a derecho. Asimismo, reiteró su disposición para acompañar acciones orientadas a proteger a la víctima. –sn–

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