Madres y padres exigieron avances y rechazaron criminalización.

Por Martín García | Reportero                                      

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa solicitaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la convocatoria a una reunión interinstitucional para abordar diversos temas relacionados con el caso. En un documento fechado el 12 de junio de 2026, plantearon demandas dirigidas a instancias federales vinculadas con la investigación y el acceso a la justicia. El escrito mantuvo la exigencia de verdad y esclarecimiento sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

Los familiares fundamentaron su petición en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y solicitaron que el encuentro se realizara sin sustituir las reuniones periódicas que sostuvieron con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Expusieron que el objetivo consistió en revisar de manera integral los avances y pendientes del expediente. También pidieron la participación de las instituciones involucradas en la investigación.

En el documento, las madres y padres señalaron que desde 2024 varias líneas de investigación fueron abandonadas por las autoridades. Recordaron que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se integró la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) para profundizar en las indagatorias. Indicaron que ese trabajo permitió cuestionar la denominada verdad histórica y abrir nuevas rutas de investigación.

Investigaciones pendientes

Los familiares señalaron que las pesquisas impulsadas por la CoVAJ y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) reunieron evidencias sobre la participación de cuerpos de seguridad y del grupo criminal Guerreros Unidos. Expusieron que dichas investigaciones establecieron posibles rutas sobre el destino de los estudiantes desaparecidos. Asimismo, recordaron que algunos restos localizados fueron identificados como pertenecientes a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El escrito refirió que información relevante permaneció en archivos militares obtenidos con apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entre esos documentos mencionaron los archivos denominados CERFIS, relacionados con interceptaciones de comunicaciones efectuadas durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Según el planteamiento de los familiares, esos registros contendrían referencias sobre movimientos y posibles traslados de estudiantes detenidos.

Las madres y padres sostuvieron que las líneas de investigación vinculadas con esos documentos dejaron de impulsarse hacia finales de 2024. También señalaron que, durante el actual gobierno federal, se informó sobre el uso de inteligencia y tecnología para avanzar en las pesquisas. Sin embargo, solicitaron claridad respecto a la continuidad de las investigaciones previamente desarrolladas. –sn–

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