Amparo federal exige medidas urgentes ante presuntas amenazas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, concedió una suspensión de plano para que autoridades federales y estatales implementen de manera inmediata medidas de protección a favor de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Iveth Gárate Valenzuela, Paola Iveth Gárate Valenzuela, y de sus familiares. La resolución respondió a posibles riesgos contra su integridad física y su vida. También ordenó acciones cautelares para garantizar su seguridad.

La determinación judicial fue emitida el pasado 17 de junio dentro del juicio de amparo 1070/2026. El recurso fue promovido por Carlos Escobedo Suárez y Dayra Guadalupe Hernández García en favor de la legisladora sinaloense. El expediente fue admitido por el órgano jurisdiccional federal para analizar presuntas omisiones en materia de protección.

De acuerdo con la resolución, las autoridades responsables deberán emitir medidas precautorias y cautelares de forma inmediata. Entre las acciones ordenadas se encuentran vigilancia policial, atención de emergencias y resguardo temporal. El objetivo consiste en prevenir posibles afectaciones a la seguridad de la diputada y de su entorno familiar.

Medidas cautelares

El acuerdo judicial estableció que las corporaciones de seguridad deberán brindar auxilio inmediato cuando sea requerido. También contempla la implementación de vigilancia en el domicilio de la legisladora. Asimismo, se ordenó la disponibilidad de espacios seguros para alojamiento temporal en caso de ser necesario.

La resolución incluyó servicios especializados de atención psicológica y asesoría profesional. Estas medidas forman parte del esquema de protección previsto por las autoridades competentes. El juzgado consideró que la situación ameritaba una respuesta inmediata.

Además, se instruyó a las autoridades involucradas para que informen sobre las acciones realizadas. El plazo fijado por el órgano jurisdiccional fue de 24 horas posteriores a la notificación. El informe deberá acreditar el cumplimiento de la suspensión concedida.

Solicitudes sin respuesta

Dentro de la demanda de amparo se señaló que Paola Iveth Gárate Valenzuela solicitó medidas de protección los días 12 y 22 de mayo de 2026. Sin embargo, al momento de promover el recurso judicial no se le habían asignado acciones específicas de resguardo. Esta situación fue uno de los elementos considerados por el juzgado.

La documentación presentada refiere que el 3 de junio recibió una comunicación oficial relacionada con su petición. En el oficio se informó que la Guardia Nacional, Guardia Nacional, analizaba la solicitud para determinar el nivel de riesgo correspondiente. No obstante, la evaluación aún no concluía. –sn–

¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

También, te invitamos a que te sumes a nuestro canal de información en tiempo real a través de Telegram.