Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Sábado 20 de junio de 2026

SN Redacción

Luego del reporte rpresentado en abril pasado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, donde hace referencia a la gravedad de este delito en el país por el elevado número de casos, y lo que ha rechazado el Gobierno de México, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres envió a la Asamblea General del máximo organismo internacional, una carta del citado comité, para que el tema sea abordado en la próxima sesión en octubre próximo.

Diez años han transcurrido desde el día en que elementos de las policías estatal y federal intervinieron en Asunción Nochixtlán para desalojar a profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantenían un bloqueo en la supercarretera Oaxaca-México en protesta contra la reforma educativa impulsada por el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018). El operativo policiaco, solicitado por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), dejó ocho civiles muertos y más de 100 heridos por disparos de arma de fuego de los uniformados; desde entonces, las familias de las víctimas siguen sin justicia, aseveró el coordinador del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (Covic), Santiago Ambrosio Hernández.

Para el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, la decisión de la SCJN de que determinó que los delitos relacionados con la tragedia son imprescriptibles, representa una garantía de que ninguna persona involucrada en los hechos podrá evadir la acción de la justicia únicamente por el paso de los años. Gabriel Alvarado Serrano, abogado y representante legal del grupo, explicó que el criterio establecido por la Corte mantiene abierta la posibilidad de que cualquier persona con participación directa o indirecta en los acontecimientos que derivaron en la muerte y lesiones de los menores pueda ser llevada ante los tribunales.

Tras confirmarse de manera unánime e inapelable su absolución, Israel Vallarta Cisneros celebró este viernes desde las inmediaciones de la Corte el fin de un proceso penal que se extendió por más de 20 años. Acompañado por su equipo legal, Vallarta destacó que la resolución del Primer TCA del edomex que ratificó la sentencia absolutoria del Juzgado Tercero de Distrito sienta un precedente histórico basado en los criterios de la SCJN, la Coidh y las primeras directrices impulsadas, en su momento, por la exministra Olga Sánchez Cordero a raíz del caso de Florence Cassez. Sin embargo, advirtió que su victoria jurídica no está completa, pues aún permanecen en prisión preventiva su hermano y su sobrino bajo «pruebas fabricadas», al tiempo que los funcionarios que lo torturaron continúan en la impunidad.

María Elena Morera enfatizó que la absolución no significa que las víctimas de secuestro de la banda “Los Zodiaco” no existieron; sino que el Estado mexicano no pudo probar la responsabilidad penal de Vallarta de manera legal y suficiente. Criticó la mala calidad de la investigación y las violaciones al debido proceso, que afectaron tanto a los acusados como a las víctimas. También mencionó la politización del caso y la incapacidad del Estado para ofrecer una verdad judicial confiable. Morera destacó la necesidad de una justicia autónoma y profesional, libre de presiones políticas, para evitar que casos como el de Vallarta sean utilizados como cortinas de humo por los gobiernos.

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en CDMX concedió una suspensión de plano para que autoridades locales y federales emitan de manera inmediata medidas de protección a favor de la diputada local del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela, y de su familia, ante posibles amenazas contra su integridad y su vida. La resolución fue emitida el 17JUN26, dentro del juicio de amparo 1070/2026, promovido por Carlos Escobedo Suárez y Dayra Guadalupe Hernández García en favor de la legisladora sinaloense.

Más de 800 pensionados de la tercera edad, extrabajadores de Pemex, la CFE, Cenace, Banobras y Banrural, se manifestaron a las afueras de los Tribunales Colegiados para protestar por los fallos judiciales que, afirman, han avalado la reducción de sus pensiones. De acuerdo con los manifestantes, los Juzgadores han tenido una “actuación corrupta y sumisa”. señalaron directamente a los jueces Joaquín Barrientos Zamudio (Juzgado Primero), Guadalupe González Hernández (Juzgado Decimoquinto) y Gabriel Regis López (Juzgado Decimosexto), así como a los Magistrados del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, a quienes acusaron de operar con favoritismo hacia el gobierno federal al desechar, de manera sistemática, cientos de juicios de amparo que buscan revertir los recortes aplicados a sus pensiones.

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, ha presionado al Congreso estatal para adelantar una pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policiaco señalado por el gobierno de Estados Unidos de colusión con el crimen organizado. Contreras Núñez se desempeñó como inspector general en Combate al Secuestro en 2021 y como comisario de la Policía de Investigación, adscrita a la Fiscalía estatal, desde noviembre de 2022 hasta febrero de este año, el mismo mes en el que una Corte de Nueva York diera a conocer los procesos judiciales emprendidos contra 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. El excomisario es acusado por recibir, presuntamente, pagos mensuales de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán para facilitar sus operaciones en la entidad frente a su rival, la otra facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza. También es señalado por ordenar, presumiblemente, la liberación de integrantes de Los Chapitos.

A un año y seis meses de la cancelación del CBP One, sistema para solicitar asilo en Estados Unidos, muchas de las personas migrantes varadas en México apenas lograron regularizar su permanencia en el país, debido a los largos procesos para pedir refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –de hasta 14 meses–, y por la resistencia del Instituto Nacional de Migración (INM) a otorgarles la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Jimena Castillo, abogada de Cafemin, señaló que los procesos para solicitar refugio llevan entre 12 y 14 meses, tiempo en el que lo único que se le otorga a la persona es una constancia de inicio del trámite y en algunos casos, como en la Ciudad de México, se les otorga la CURP. Además, apuntó, que aunque a la par de la solicitud de refugio el INM tendría que otorgar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, «no lo hace». Por ello, indicó que se han llevado juicios de amparo colectivos «para obligar» a que la entregue.

Un presunto fraude telefónico movilizó a las autoridades de Durango durante la madrugada de este viernes en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas sobre el bulevar José María Patoni, luego de que una empleada de seguridad fuera engañada para entregar dinero mediante depósitos bancarios. El reporte al sistema de emergencias se recibió alrededor de las 03:00 horas, cuando se informó que una persona había sido víctima de una posible extorsión telefónica y que, derivado de las instrucciones recibidas, se realizaron transferencias de dinero por un monto superior a los 14 mil pesos. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al inmueble, donde se entrevistaron con una mujer identificada como Lucía, quien se desempeña como empleada de seguridad en el lugar. De acuerdo con su declaración, los hechos comenzaron la tarde del jueves 18 de junio, aproximadamente a las 19:00 horas, cuando recibió una llamada del número 668-4342407.

Por el asesinato de su menor hija, de 3 años de edad, a quien luego de que privó de la vida trató de quemarla para borrar evidencias y al no lograr su objetivo, de la manera más vil y cobarde, la sepultó clandestinamente, un juez de Control del Distrito Judicial de Chalco sentenció la mañana de ayer a una mujer y su pareja sentimental, identificados como Julio Alberto Cuevas Mendoza y Elizabeth Torres López, a 77 y 61 años de prisión, respectivamente.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del estado de México concedió una suspensión provisional a una persona que promovió un amparo contra la obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas móviles y vincularlas con la CURP Biométrica, un identificador alfanumérico único para cada ciudadano. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, concedió una suspensión provisional a una persona que promovió un amparo contra la obligación de entregar datos biométricos para registrar líneas telefónicas móviles y vincularlas con la CURP Biométrica, un identificador alfanumérico único para cada ciudadano.

Hace una década entró en vigor pleno en México el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral; modelo que sepultó al anterior caracterizado por la opacidad, el abuso de la prisión preventiva y expedientes en papel interminables basados, casi exclusivamente, en actas de confesión escritas. En su lugar, se estableció un marco regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con una histórica reforma constitucional que tuvo dos etapas fundamentales.

Pese a que se han incrementado de manera progresiva los daños estructurales que el sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó en el edificio de Patricio Sanz 529, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, la juez decimoprimera de Distrito en Materia Administrativa, María Elena Lugo del Castillo, amparó a un condómino para frenar la obra de reforzamiento que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) realizaba. Ante el «ambiente de descomposición», otra de las administradoras decidió sumarse hace unos días a quienes se han salido del edificio, tanto para facilitar la rehabilitación como por la hostilidad de los nuevos residentes, quienes rompieron los candados del estacionamiento que tenía cintas de seguridad por las excavaciones que se efectuaron al empezar las obras de rehabilitación para estacionar sus vehículos.

La defensa jurídica de Movimiento Ciudadano ha presentado más de ocho mil recursos jurídicos en el estado, en contra del registro de líneas telefónicas ante diferentes instancias. Detalló Francisco Sánchez Villegas que las quejas han sido interpuestas ante la CNDH, ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Profeco y amparos que suman ocho mil en las diferentes regiones de Chihuahua. «La ley espía se cae a pedazos», indicó el también legislador estatal al emitir calificativos al intento del Gobierno federal por empadronar a los usuarios de líneas telefónicas en México, con el apoyo de la banca, compañías de comunicación y sectores específicos.

Cartas de respaldo apócrifas, constancias fiscales alteradas, registros sanitarios irregulares y certificados que nunca fueron emitidos forman parte de las anomalías detectadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contrataciones federales durante 2026. Las penalizaciones mantienen una tendencia que ya se observó en 2025, cuando la dependencia acumuló 103 sanciones e inhabilitaciones contra 99 empresas, con multas que en conjunto rebasaron los 60.5 millones de pesos. No es casual que el sector salud concentre buena parte de las irregularidades. David Montaño, especialista en contratos públicos, explicó que las compras de suelen desarrollarse bajo condiciones que facilitan los riesgos de corrupción. El especialista en contrataciones explicó que las multas administrativas suelen ser relativamente bajas frente a las ganancias potenciales que representan los contratos públicos. Además, muchas compañías recurren a amparos o impugnaciones para combatir las resoluciones.

La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, se reunió con Juzgadores del Segundo Circuito con residencia en Naucalpan, edomex. Durante el encuentro, la ministra destacó que el diálogo, el estudio y la actualización permanente son indispensables para fortalecer al PJF. La fórmula combina tres componentes que apuntan a una idea común: el oficio judicial requiere formación continua y comunicación entre niveles para responder a una realidad social en constante cambio. Además, la ministra escuchó las necesidades e inquietudes de las y los asistentes durante el encuentro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar diversos cobros incluidos en las leyes de ingresos de ocho municipios de Hidalgo, luego de considerar que algunas tarifas relacionadas con acceso a la información, certificación de documentos y alumbrado público no cumplían con los criterios constitucionales. El Tribunal Pleno determinó que los municipios no podrán aplicar los cobros impugnados por reproducción de información, expedición de constancias y certificación de documentos, debido a que las cuotas no guardaban una relación clara con el costo real de los servicios.

Los tribunales del país deberán modificar la forma en que analizan las denuncias de acoso laboral a raíz de una tesis publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que, cuando una trabajadora afirme que sufrió este tipo de conductas por parte de una persona con un cargo superior, la autoridad jurisdiccional tendrá la obligación de aplicar perspectiva de género desde el inicio del estudio del caso. El criterio quedó plasmado en la Jurisprudencia P./J. 126/2026 (12a.), aprobada por el Pleno de la Corte.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, representante de los obreros disidentes, señaló que la falta de información oficial ha desgastado la esperanza de las familias. Según el trabajador, los constantes retrasos en el concurso mercantil de AHMSA solo han servido para prolongar la agonía financiera de la Región Centro de Coahuila. Valenzuela enfatizó que las situaciones jurídicas con acreedores como Cargill y Afirme deben ser aclaradas como parte del concurso mercantil, evitando versiones extraoficiales que solo generan confusión. La principal exigencia es que cada etapa del procedimiento sea pública y verificable para garantizar los derechos laborales.

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