SN Redacción
Las incógnitas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se han despejado este miércoles con el anuncio de Washington de que no renovará el acuerdo, pero comenzará con una serie de revisiones anuales durante los próximos 10 años. La decisión no implica necesariamente más certidumbre para México y plantea un camino cuesta arriba para la segunda economía de América Latina que recarga en este tratado el 80% de sus exportaciones. El Gobierno mexicano ha reconocido que ya veía venir esta decisión de parte de la Administración de Donald Trump y –hasta cierto punto– se ha mostrado aliviado de que el republicano no decidiera levantarse totalmente de la mesa. “Si Estados Unidos se quisiera salir, ya lo habría hecho”, ha sentenciado el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, después de que la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunciara su decisión.
Empresas transportistas de Óscar Guillermo Juraidini, identificado por Estados Unidos como operador financiero y de huachicol vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), importaban ilegalmente combustibles desde Texas con la complicidad de funcionarios de la militarizada Aduana de Matamoros. De acuerdo con fuentes consultadas, uno de los involucrados es Carlos Eugenio Benítez Orta, detenido en Texas y extraditado a México en junio pasado.
Entre fuertes cuestionamientos de la oposición, la Comisión Permanente ratificó con 28 votos a favor y 8 en contra a Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Cuestionado por la oposición ante su desempeño como embajador de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán rechazó que una supuesta mala relación bilateral o la existencia de «narcopolíticos» hayan sido determinantes para la falta de renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el año 2042.
Integrantes del Grupo de Trabajo de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Afrodescendientes; la relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, Ashwini K.P., entre otros, instaron a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato de Sael Silva Cisneros, abogado y activista afromexicano, perpetrado en Guerrero, el 5 de junio pasado. Los expertos de la ONU enfatizaron que el caso de Silva Cisneros, quien se desempeñaba como investigador afromexicano del Sistema de Investigación Comunitaria del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de indagarse tomando en cuenta todas las líneas posibles, incluidas las actividades de la víctima en los ámbitos académico, jurídico, comunitario y de derechos humanos, así como el contexto de racismo estructural, discriminación y violencia.
El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirma que las políticas prohibicionistas no han logrado frenar el mercado ilícito de estupefacientes, advirtió la doctora Catalina Pérez Correa, académica y abogada… Finalmente, lamentó que el Estado mexicano continúe privilegiando una estrategia de seguridad sobre un enfoque de salud pública, dejando en pausa la regulación de la mariguana pese a los fallos de la Suprema Corte.
María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Ciudad de México, donde acusó haber sido víctima de agresiones físicas y sicológicas durante su matrimonio. En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Jiménez Lavié detalló que la denuncia fue interpuesta el pasado 29 de junio y que las autoridades la atendieron «como a una ciudadana más» que acude a denunciar un caso de violencia familiar. «Fue un proceso difícil, largo, tedioso, agotador, cansado. Hay momentos en que te quiebras, te sientes mal, se te olvidan las cosas, quedas en blanco», relató al recordar su comparecencia.
Un Tribunal federal solicitó a la Suprema Corte atraer la revisión de la condena de 494 años de prisión, impuesta al sujeto que abusó sexualmente y violó a 17 menores del jardín de niños «Marcelino de Champagnat», el caso más grave de esta naturaleza en México. Se trata de la sentencia impuesta a Ramón Morales Jacobo, asistente técnico pedagógico del plantel ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, preso desde el 2018, y su caso, incluso, ameritó que la SEP pidiera una disculpa pública y anunciara cambios como la eliminación de las casas de conserjes en los planteles y baños exclusivos para el alumnado.
Los centros de adicciones no regulados, mejor conocidos como «anexos», hoy representan uno de los focos rojos más graves y menos visibles para convertirse en centros de violaciones a derechos humanos. Estos espacios han sido calificados como «agujeros negros» que violentan los derechos fundamentales en vez de cumplir con su función de verdaderos centros de rehabilitación.
Son las 11 de la mañana y la esquina de Lancaster con Paseo de la Reforma, a 50 metros del Ángel de la Independencia, está acordonada. Un hombre de unos 30 años habla con varios policías y personal de la ciudad. Pone una mano plana y, sobre ella, apoya el índice y anular de la otra, emulando un movimiento bípedo. A los segundos, colapsa su imitación de un ser humano y señala al lugar donde murieron asfixiados un hombre de 44 años y una mujer de 19. De acuerdo a lo que han contado varios testigos presenciales, en esta intersección, frisando las 11 de la noche del martes, la turba gritó “¡nadaremos, nadaremos!“, y hubo una avalancha humana.
Pese a la muerte de cuatro personas y fallas en la organización, durante las celebraciones del triunfo de la Selección Nacional, la jefe de Gobierno, Clara Brugada, negó la suspensión de los espacios públicos para ver los partidos de futbol, así como eventos masivos para celebrar el encuentro de México contra Inglaterra, el próximo domingo. En conferencia, la mandataria capitalina consideró que limitar los festejos no resolvería el caso, lo mejor será revisar los protocolos de seguridad y cambiar las medidas para evitar que se repita una desgracia como la de este miércoles en calles aledañas del Ángel de la Independencia.
En México se han registrado 30 defunciones asociadas a la temporada de calor en curso, informó la Secretaría de Salud federal. Durante el mismo lapso y la misma causa, el año pasado fue notificada la muerte de 24 personas; es decir, hasta la Semana Epidemiológica 24 (SE24) de 2026 (24 de junio) se registraron 25% más fallecimientos que en el periodo correspondiente a 2025. De acuerdo con el «Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas. Temporada de Calor 2026. Semana Epidemiológica 24», en la temporada vigente, que inició en la SE12 y terminará en la SE40, se notificaron «920 casos y 30 defunciones asociadas a la temporada de calor, lo que equivale a una letalidad del 3.26 por ciento».
Durante la administración de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Marina intensificó los operativos para el decomiso de droga y como consecuencia crecieron las detenciones de mexicanos y extranjeros en embarcaciones menores en aguas nacionales por el trasiego de enervantes. En los dos últimos años y medio, según estadísticas, se detuvo a 189 mexicanos y 156 extranjeros por tráfico de drogas en altamar.
El empresario Mario Abeyta Meléndrez sufrió un nuevo revés judicial luego de ser vinculado a proceso por el delito de fraude, dentro de la causa penal 3190/2025, derivada de una denuncia presentada por el empresario Mario Abeyta Ruiz, su padre. Cabe destacar que su primer intento de amparo fue rechazado por “notoriamente improcedente”, por lo que el caso ya está en manos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el cual fue admitido el 15JUN26. El expediente quedó asignado, por turno, a la magistrada Olga Vargas Gutiérrez, a quien se solicitó elaborar el proyecto de resolución que sus colegas analizarán para decidir si el rechazo del amparo se confirma o se revierte.
Un Tribunal federal ordenó la restitución provisional inmediata de familias indígenas tének desalojadas del predio La Peña, en Agua Fría, Tampamolón Corona, San Luis Potosí, mientras se resuelve el juicio de amparo. La suspensión provisional con efectos restitutorios obliga a devolverles la posesión en el estado previo al desalojo. El Ministerio Público local debe encabezar la diligencia y documentar el cumplimiento. Mientras que el INPI deberá proporcionar intérpretes en tének, náhuatl y maya para garantizar la comprensión y derechos de las personas.
Daniel Marcelino Niño Jiménez Valencia, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, desechó el juicio de amparo promovido por Teodoro García Simental, en el que denunciaba presuntos actos de tortura, acoso, tratos crueles y discriminación en el Cefereso de El Altiplano, donde permanece recluido, y ordenó emplazar al quejoso para que ratificara la demanda de garantías. Sin embargo, al no hacerlo, la medida cautelar quedó sin efectos.
Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a José “N”, Gerardo “N”, Gregorio “N” y Luis “N”, por el delito de posesión ilícita de petrolífero, con la datos de prueba aportados por el MPF, informó la FGR.
Un Juzgado de Distrito protegió el derecho al cambio de identidad de género en las actas de nacimiento para las personas de la diversidad sexual. Analizó el caso de una persona que solicitó al Registro Civil de Querétaro la reserva y actualización de su acta de nacimiento tras un cambio de identidad de género y, ante la negativa de la institución, promovió un amparo indirecto al considerar que exigir un procedimiento judicial afectaba sus derechos fundamentales. El Juzgado reconoció sus derechos, a la par que señaló que estos trámites deben realizarse por la vía administrativa, ya que es más ágil y protege su privacidad.
Un Juez Federal negó el amparo promovido por la defensa del exfutbolista Omar N, acusado de abuso sexual infantil agravado. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco informó que la investigación complementaria ya concluyó y el Ministerio Público presentó la acusación. El deportista permanece en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, en octubre de 2025, ya le decíamos, acusado de presuntamente abusar de la hija de su entonces pareja.
La imagen de rascacielos o torres de departamentos que rompen récords de altura en Monterrey y San Pedro Garza García, con promesas de inmuebles de gran plusvalía y proyectos que ofrecen ganancias increíbles, es única en México y en América Latina. Pero esa estampa parece estarse esfumando. Después de que Reporte Índigo revelara que Nuevo León es el líder de los fraudes inmobiliarios y financieros multimillonarios, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia del estado comenzaron a llevar tras las rejas a gran parte de los responsables… En enero pasado, Fernando “N”, dueño de la empresa Préstamo Feliz, estuvo involucrado en una demanda de concurso mercantil interpuesta en mayo de 2025 por dos fondos internacionales por cientos de millones de pesos. Fernando “N” fue trasladado al Penal de Apodaca, aunque al paso de algunas horas y tras una audiencia, recuperó su libertad. Pero no así Sergio de Jesús “N”, directivo de la financiera, quien fue vinculado a proceso tras perder un amparo definitivo.
Un Juez federal dictó vinculación a proceso penal por el delito de peculado al ex alcalde de Catemaco, Veracruz, Jorge Alberto “N”, quien incurrió en desvío de recursos federales destinados a impulsar actividades deportivas en ese ayuntamiento. Representantes de la FGR, aportaron elementos de prueba suficientes para que se acreditara la probable responsabilidad del ex alcalde —quien ha sido presidente municipal en tres ocasiones, 1991-194, 2008-2010 y 2014-2017—, del desvío de 2 millones de pesos.
La comunidad indígena y el ejido de San Joaquín, en Hidalgo, promovieron un juicio de amparo contra el parque fotovoltaico FV Tecozautla, un desarrollo valuado en 150 mdd, y solicitaron a la justicia federal medidas cautelares para suspender cualquier trámite, permiso u obra mientras se resuelve el fondo del caso. El recurso quedó radicado bajo el expediente 1202/2026 en el Juzgado Segundo de Distrito. Entre las peticiones de los promoventes destaca que el Ayuntamiento se abstenga de otorgar licencias de uso de suelo, cambios de uso de suelo o permisos de construcción vinculados al parque. La solicitud fue firmada por integrantes del ejido, habitantes de la comunidad indígena y representantes de niñas, niños y adolescentes.
En las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados, se manifestaron en contra de la reforma constitucional que elimina las llamadas «pensiones doradas», y por los miles de amparos que la justicia federal ha desechado. Y es que argumentan que se trata de derechos adquiridos por años de trabajo, y que se encuentran en la Constitución, y reiteraron que el PJF ha rechazado las demandas de amparo que han presentado en contra de esa reforma al artículo 127 constitucional.
Una pareja que a mediados de 2024 fue capturada en posesión de armamento, drogas y efectivo fue sentenciada a seis años de prisión en un Juzgado de Distrito. Los datos de prueba aportados por la FGR demostraron la responsabilidad de Iván y Paola en los delitos mencionados, además de pagar una multa de 164 días, equivalente a 17 mil 805 pesos con 48 centavos.
El juez Séptimo de Distrito en Michoacán concedió la suspensión definitiva a Sergio Carmelo Domínguez Mota, por lo que deberá ser restituido de manera provisional en el cargo de director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mientras se resuelve el juicio de amparo que promovió contra su suspensión acordada por el Consejo Universitario el 16JUN26.
El colectivo Defensa de la Colección Gelman promueve una serie de amparos para anular el convenio con el cual el INBAL autorizó la exportación del acervo a España por parte de Banco Santander hasta septiembre de 2030, con la posibilidad de prórroga. Las demandas empezaron a presentarse el 26 de junio ante juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, pero se sumarán más en las próximas semanas, anticipa el abogado Jesús Soledad, del despacho Soledad y Carrasco, que lleva el caso. Llanamente, dice, se trata de echar atrás el convenio. «Es el acto que, si no existiera, no habría posible afectación al orden legal ni la posibilidad de que se exporte la colección», señala el abogado Soledad, en videoentrevista.
Víctor «N» fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, por lo que se le impuso prisión preventiva y el Juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, informó a la Fiscalía capitalina. La investigación inició en abril del 2022, tras un reporte sobre el almacenamiento de material relacionado con abuso sexual infantil.
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca desechó el juicio de amparo que promovió Teodoro García Simental, El Teo, contra actos de tortura, acoso y para que no sea objeto de tratos crueles o discriminación, en el penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en el estado de México, donde se encuentra preso. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez Valencia le había concedido la suspensión de plano y lo emplazó para que confirmara la solicitud de garantías. Sin embargo, como no ratificó su demanda, la medida cautelar quedó sin efectos.
La defensa de Juvenal Jiménez Loza, alias El Padrino, señalado por autoridades federales como líder de una red internacional de trata de personas operada desde el bar Adelitas, en Tijuana, volvió a activar una ruta legal para intentar sacarlo del penal federal donde permanece recluido. El movimiento busca modificar el lugar en el que cumple la prisión preventiva, pese a que un juez de control ya determinó que sus padecimientos de salud no son graves y que existe riesgo de fuga. El antecedente inmediato ocurrió el 13 de mayo de 2026, cuando el juez Carlos Andrés Miranda Verdugo rechazó que la condición médica de Jiménez Loza fuera suficiente para cambiar sus condiciones de internamiento. En esa resolución, el juzgador también advirtió que el imputado podría sustraerse de la acción de la justicia.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, (el de los zapatos lustrados) retiró ayer un proyecto que confirmaba que los jubilados del IMSS no tienen derecho a la devolución de fondos que acumularon en dos subcuentas de sus Afores. El caso se refiere a ex empleados del IMSS, retirados bajo el Régimen de Pensiones y Jubilaciones (RPJ), no a la generalidad de los trabajadores del País. Aguilar proponía ratificar jurisprudencia emitida en 2008 por la Segunda Sala de la Corte, que sostuvo que los retirados del RPJ del IMSS no pueden exigir estos recursos, pues el Estado los usa para financiar jubilaciones que no son obligación legal, sino beneficio contractual.
La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que prohíbe suspender la nueva obligación de los agentes aduanales de presentar al Gobierno una declaración patrimonial. La declaración es el aspecto más polémico de la reforma de 2025 a la Ley Aduanera, y varios Jueces y Tribunales han concedido suspensiones a los agentes, ya que son profesionistas independientes, no servidores públicos que deban someterse a este tipo de escrutinio. El ministro Arístides Guerrero (el mejor preparado que un chicharrón), sin embargo, propuso a la Corte jurisprudencia para impedir que se concedan suspensiones por «afectar el interés público».
El pleno aprobó por mayoría que la corte ejerza su facultad de atracción en el amparo interpuesto por la empresa Convimar S.A. de C.V., señalada de violencia y maltrato animal. “Las quejosa reclaman artículos que tienen como objetivo prohibir la celebración de espectáculos, fijos itinerantes con mamíferos marinos”, sentenció Irving Espinoza, ministro de la SCJN. Por otro lado, la única ministra de la SCJN que se abstuvo de votar por la atracción de la Corte para decidir la constitucionalidad de la Ley General de Vida Silvestre fue María Estela Ríos.
En una sesión pública, la Suprema Corte de Justicia discutirá el próximo lunes un proyecto que invalida la auditoría en la que se declaró responsable a la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la no comprobación del uso de 898 millones de pesos de recursos federales. El ministro Arístides Guerrero (el mejor preparado que un chicharrón) propuso a la Corte establecer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) actuó ilegalmente, al fiscalizar el uso de recursos federales por su cuenta y sin acuerdo previo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El proyecto retoma precedentes de la anterior integración de la Suprema Corte, que claramente había señalado que la ASF es la única facultada para fiscalizar recursos federales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció por primera vez que algunos padres utilizan el sistema judicial para ejercer violencia vicaria mediante denuncias, demandas o amparos destinados a separar a una madre de sus hijos o evadir obligaciones. Por lo anterior, estableció lineamientos para que los jueces impidan el uso de los procesos ante la ley como mecanismos de agresión o control contra el sector femenino y protejan a los menores de edad. Por unanimidad, el pleno aprobó ayer el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf sobre un caso de agresión familiar en el que un hombre usó «desproporcionadamente» el sistema legal para separar a un adolescente de su madre.
El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes en un plazo máximo de dos periodos ordinarios de sesiones, ordenó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de la primera ocasión en que la actual integración del pleno emite una orden expresa al Poder Legislativo federal para expedir una ley general. “Ordenar al Congreso cumplir con un deber constitucional no implica sustituir su función legislativa”, dijo la ministra Loretta Ortiz Ahlf al presentar su proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades del gobierno de Chiapas en la distribución y pago de las participaciones federales a sus municipios, por lo cual se determinó un monto de un millón 403 mil 459 pesos pendientes por aclarar. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la controversia constitucional 121/2012 del 16 de noviembre de 2021, se estableció que el polígono de ese municipio está conformado y delimitado en un espacio geográfico que no corresponde al estado de Chiapas. Sin embargo, la ASF consignó que el gobierno de Chiapas no dispone de criterios para pagar los recursos que se reservaron debido al conflicto territorial del municipio de Belisario Domínguez.
En días recientes, dos casos públicos evidenciaron la falta de rigor y responsabilidad en la difusión de información falsa para afectar a terceros. El Universal ofreció una disculpa pública por publicar una entrevista con supuestas declaraciones de Carlos Monsiváis, cuya autenticidad no pudo acreditarse. Con ello, se pretendía desacreditar al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, dicha rectificación constituye un paso importante, difícilmente resulta suficiente para reparar el daño ocasionado.
En Michoacán, donde sucesos relacionados con la seguridad y la violencia han sido determinantes en al menos las dos décadas recientes, Carlos Torres Piña se ha anotado para tratar de ser nombrado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, paso previo para ser postulado a la gubernatura de la entidad por el movimiento de la 4T. En charla, el fiscal con licencia de la entidad afirma que adquirió –tras estar al frente de esta institución y antes de la Secretaría de Gobierno– una buena perspectiva de cómo hacer las cosas que se necesitan en el estado. Asegura, por ejemplo, haber efectuado en la institución que hasta hace unos días encabezó cambios drásticos para generar confianza en la gente.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó a los usuarios víctimas del presunto fraude de Magnicharters que ha comenzado a ofrecer orientación legal para que los afectados puedan hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes. Detalló que los agraviados pueden proceder por las vías que estimen convenientes, ya sea de carácter mercantil o penal, en contra de la aerolínea regiomontana que dejó a miles de pasajeros varados tras suspender de manera imprevista sus operaciones el 11 de abril.
Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazaron la venta de 50 por ciento de activos que la siderúrgica tenía en la ferroviaria Línea Coahuila-Durango, concretada por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera, por 48 millones de pesos. Los obreros, que desde hace tres años y medio exigen el pago de salarios y liquidaciones tras la bancarrota de la empresa, consideran que la operación perjudica sus derechos como acreedores laborales. En un oficio entregado al juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los obreros consideraron que la transacción se hizo por un monto inferior al valor real de activos, pues no sólo se trata de la red ferroviaria, sino de equipos, góndolas, tanques, plataformas y cabuses.
El Día de las Madres fue un detonante para que las remesas que ingresan al país reportaran un repunte en mayo, según muestran los datos de Banco de México (Banxico). Los connacionales enviaron en promedio 404 dólares, que significan alrededor de siete mil 272 pesos durante mayo, mes en que se celebra a las madres mexicanas. Con estos envíos, Banxico reportó un total de cinco mil 611 millones de dólares en mayo, una cifra 3.8 por ciento mayor respecto de hace un año y la cual rompe con dos años consecutivos de caídas.
El gasto público en inversión física, aquella que está destinada a desarrollar obras como carreteras u hospitales, cayó otro 17.3 por ciento real anual de enero a mayo durante este año, con lo que se ubicó en 299 mil 218 millones de pesos, exhiben datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)… En una consulta sobre el tema, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, dijo que el gasto público en inversión física está frenado por dos vertientes: una porque el Gobierno está cerrando la llave y la otra porque el sector privado enfrenta mucha incertidumbre por la reforma al Poder Judicial y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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