Trabajadores de Salud y familiares marcharon en Chilpancingo para exigir la liberación de dos médicos del Semefo vinculados a proceso por el caso Ayotzinapa.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

Trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero y familiares de dos médicos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron una marcha en Chilpancingo para exigir la liberación de César Manuel Espinoza Suástegui y Julio César Valladares Baranda, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Alrededor de un centenar de personas participaron en la movilización, luego de que ambos funcionarios fueron procesados por los delitos de desaparición forzada de personas y uso indebido del servicio público. Junto con ellos también fueron vinculados a proceso los propietarios de Funerarias Rueda: Rodolfo Rueda Sebastián, Violeta Mazón Barrera y sus hijos Rodolfo y Helen, quienes permanecen recluidos en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La manifestación inició poco después de las 15:00 horas frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Guerrero, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa, en la colonia Burócratas. Posteriormente avanzó hacia el Recinto de Oficinas del Ejecutivo Estatal y concluyó en las instalaciones del Semefo, ambos inmuebles localizados sobre el bulevar del río Huacapa.

Durante el recorrido, los participantes lanzaron consignas como: «Libertad, libertad, exigimos la verdad», «El médico sirve a la vida, no merece esta medida» y «Doctor inocente, libertad urgente», en respaldo de los dos servidores públicos.

Familiares rechazan las acusaciones

Osiris Ramírez Salgado, esposa de Julio César Valladares Baranda, aseguró que su familia enfrenta «una pesadilla» y calificó como injusta la detención de su esposo, quien, afirmó, cuenta con más de dos décadas de servicio en el Semefo.

Explicó que las labores de los médicos forenses se realizan bajo la conducción del Ministerio Público, autoridad que ordena el levantamiento de cuerpos y las necropsias, por lo que consideró que las imputaciones carecen de sustento.

La familiar sostuvo que las autoridades buscan construir una nueva versión de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y demandó un proceso judicial imparcial y transparente.

Continúa el proceso judicial

El martes pasado, un juez vinculó a proceso a los siete imputados por su presunta participación en hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala.

Las investigaciones continúan y será durante el desarrollo del proceso cuando las autoridades ministeriales presenten las pruebas correspondientes para sustentar las acusaciones, mientras que las defensas podrán controvertirlas ante el órgano jurisdiccional. –sn–

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