La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de 26 personas por su presunta participación en una red que simulaba contrataciones de docentes para desviar recursos públicos mediante plazas irregulares y «aviadores».

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de 26 personas por su presunta participación en una red dedicada al desvío de recursos públicos mediante la asignación irregular de plazas docentes, un esquema que, según las investigaciones, habría operado desde 2021 y ocasionado un daño millonario al erario estatal.

De acuerdo con la institución, otros seis investigados promovieron juicios de amparo y permanece pendiente la resolución sobre la situación jurídica de un imputado más.

Investigan una red de «aviadores»

Las investigaciones comenzaron tras denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México, luego de detectar 459 movimientos de alta de personal en plazas docentes cuyos titulares presuntamente nunca desempeñaron funciones.

La FGJEM sostiene que el esquema consistía en registrar a personas en la nómina gubernamental sin que trabajaran, bajo la modalidad conocida como «aviadores», para posteriormente retirar los recursos y distribuirlos entre integrantes de la organización.

Presunto fraude supera los 96 millones de pesos

La Fiscalía estima que entre enero de 2025 y febrero de 2026 la red obtuvo de manera ilícita más de 96 millones de pesos, mediante pagos quincenales de aproximadamente cuatro millones de pesos, además de prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos.

Las autoridades no descartan que el monto pueda incrementarse conforme avance la investigación, ya que existen indicios de que el mecanismo habría operado desde 2021.

Señalan participación de exfuncionarios y servidores públicos

La investigación involucra a exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, jefes de departamento, capturistas y otros servidores públicos adscritos a diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Finanzas, la SECTI, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría del Bienestar.

La Fiscalía indicó que varios de los implicados mantenían relaciones familiares o de confianza, lo que habría facilitado la continuidad del esquema incluso cuando algunos dejaron sus cargos y fueron sustituidos por otros funcionarios.

Detectan irregularidades en el sistema de nómina

Según la indagatoria, las altas de personal eran registradas en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y posteriormente autorizadas para el pago de nómina sin cumplir con los requisitos administrativos establecidos.

Entre las anomalías detectadas figuran expedientes incompletos, ausencia del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP), asignación de plazas en planteles educativos inactivos y el intercambio indebido de claves de acceso entre funcionarios.

Además, la Fiscalía sostiene que algunos capturistas realizaban decenas de altas irregulares, incluso durante la madrugada, y presuntamente recibían hasta cinco mil pesos por cada movimiento registrado.

Reclutaban familiares y retenían tarjetas bancarias

Las investigaciones también identifican la existencia de presuntos «reclutadores», quienes captaban principalmente a familiares y personas cercanas para incorporarlas como falsos docentes.

Una vez registrados en la nómina, las tarjetas bancarias quedaban bajo control de integrantes de la red, quienes retiraban el dinero y entregaban a los titulares únicamente una pequeña parte de los recursos.

De acuerdo con la FGJEM, en algunos casos personas que aparecían con ingresos cercanos a 200 mil pesos recibían únicamente seis mil pesos, mientras el resto era distribuido entre los operadores del esquema.

Investigan enriquecimiento ilícito

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía señaló que el nivel de vida de varios investigados no corresponde con sus ingresos como servidores públicos.

El expediente refiere viajes internacionales a destinos como París, Dubái, Las Vegas, China y Egipto, además del uso de vehículos de lujo, accesorios de alta gama e inmuebles de elevado valor comercial.

Continúa el proceso judicial

La carpeta de investigación integra 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas de entrevistas, peritajes, documentos e inspecciones que sirvieron para solicitar órdenes de aprehensión y obtener las vinculaciones a proceso.

Los 27 imputados con medida cautelar de prisión preventiva justificada permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras continúan las audiencias y el desarrollo del proceso penal por los delitos de fraude y abuso de autoridad.

La FGJEM informó que cinco de los investigados promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión, por lo que su situación jurídica aún se encuentra pendiente de resolución. –sn–

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