El diputado Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México, con el objetivo de evitar sobreprecios, impedir avalúos simulados y fortalecer la transparencia en los contratos de arrendamiento de inmuebles gubernamentales.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados por dependencias públicas del Estado de México podrían enfrentar nuevos controles para evitar sobreprecios y prácticas irregulares, luego de que el diputado Octavio Martínez Vargas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México.

La propuesta busca fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos, impedir la simulación de avalúos y establecer mayores requisitos para la contratación de oficinas destinadas al servicio gubernamental.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el legislador afirmó que el arrendamiento de inmuebles no debe convertirse en un negocio financiado con recursos públicos y señaló que, en administraciones anteriores, este mecanismo permitió celebrar contratos con costos elevados y condiciones desfavorables para el Estado.

Señalan rentas superiores a ciudades internacionales

Como ejemplo, Martínez Vargas sostuvo que los costos de arrendamiento de oficinas en Toluca superan, para inmuebles de características similares, los registrados en ciudades como París, Miami y Nueva York.

Indicó que actualmente alrededor de 600 inmuebles son rentados por ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos en la entidad.

También mencionó el caso de un inmueble utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México, cuyo contrato de arrendamiento fue pactado por diez años con una renta mensual de 500 mil pesos, pese a que, señaló, la legislación establece que las autoridades no deben comprometer convenios que rebasen el periodo para el que fueron electas o designadas.

Reformas para fortalecer la contratación pública

La iniciativa plantea modificar los artículos 8, 37, 40 y 74 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México para ampliar las facultades de la Oficialía Mayor en la emisión de lineamientos para la contratación de inmuebles.

Entre los nuevos criterios de evaluación se incluyen aspectos como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad y generación de ahorros para el sector público.

Asimismo, propone desechar ofertas sustentadas en avalúos simulados o técnicamente irregulares y dar vista a las autoridades competentes para iniciar procedimientos administrativos y aplicar las sanciones correspondientes. –sn–

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