El gobierno federal clasificó por cinco años la información relacionada con la comunicación sostenida con autoridades de Estados Unidos sobre el caso de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares, mientras que ocultará durante tres años las minutas de una reunión bilateral celebrada en Palacio Nacional.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El gobierno federal decidió reservar durante cinco años la información relacionada con la comunicación que sostuvo con autoridades de Estados Unidos respecto al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, quienes enfrentan señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La determinación también incluye la clasificación por tres años de las minutas de la reunión realizada el 21 de mayo en Palacio Nacional, encabezada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, con integrantes del Gabinete de Seguridad y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

La reserva de la información limita temporalmente el acceso a los documentos relacionados con las gestiones diplomáticas y de seguridad entre ambos países en torno a uno de los casos de mayor impacto político y judicial de los últimos meses.

Reunión en Palacio Nacional permanece bajo reserva

De acuerdo con la información disponible, el encuentro celebrado el 21 de mayo reunió a funcionarios mexicanos responsables de la estrategia de seguridad con el representante del gobierno estadounidense.

Tras esa reunión trascendió que el funcionario estadounidense habría planteado la entrega de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares, quienes forman parte de un grupo de exfuncionarios y servidores públicos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Las minutas de ese encuentro permanecerán clasificadas durante tres años, por lo que no podrán ser consultadas públicamente mientras concluya el periodo de reserva.

El caso de Rocha Moya e Inzunza

El caso cobró relevancia después de que autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares y otros funcionarios relacionados con el gobierno de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de esas solicitudes e inició el procedimiento correspondiente para evaluar si existen elementos jurídicos suficientes conforme al tratado bilateral de extradición.

El gobierno mexicano ha sostenido que las solicitudes deben cumplir los requisitos previstos en el tratado entre ambos países y ha señalado que corresponde a la FGR determinar la viabilidad jurídica de cualquier procedimiento. Asimismo, ha precisado que una solicitud de detención provisional con fines de extradición no equivale a una solicitud formal de extradición.

La decisión de reservar la información relacionada con este caso mantiene bajo confidencialidad, por ahora, los documentos oficiales sobre las comunicaciones bilaterales y el contenido de una reunión que ha generado interés público debido a sus posibles implicaciones diplomáticas y judiciales. –sn–

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