La juez Amarande Riojas afirmó que, además de enfrentar a sus presuntos agresores, ha sido víctima de una persecución para silenciar sus denuncias. También reveló que uno de ellos la demandó por daño moral tras señalarlo públicamente como violador.

Por Martín García | Reportero                                      

La juez Amarande Riojas aseguró que, además de enfrentar a sus presuntos agresores, ha sido objeto de una persecución que, afirmó, busca desacreditarla y evitar que continúe denunciando los hechos de violencia que ha señalado públicamente.

En entrevista, la impartidora de justicia sostuvo que su caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de las dificultades que enfrentan muchas mujeres y juzgadores que deciden denunciar presuntas agresiones o irregularidades, aun cuando ello implique exponerse a represalias.

«No me voy a quedar callada«, afirmó al reiterar que continuará haciendo públicas sus denuncias pese a las acciones legales y personales que, dijo, ha enfrentado.

Denuncia represalias tras hacer públicas las acusaciones

Riojas explicó que la persecución no se ha limitado a los señalamientos en su contra, sino que también ha incluido procedimientos legales promovidos por personas a las que ha acusado.

Como ejemplo, reveló que uno de sus presuntos agresores presentó una demanda por daño moral en su contra, al considerar que fue afectado por las declaraciones en las que ella lo señaló públicamente como violador.

La juez sostuvo que esa acción judicial forma parte de una estrategia para inhibir sus denuncias y enviar un mensaje a otras personas que decidan hacer públicos casos similares.

Asegura que su caso refleja una problemática más amplia

Durante la entrevista, Amarande Riojas señaló que la violencia y las presuntas represalias no sólo afectan a mujeres que denuncian agresiones, sino también a integrantes del Poder Judicial que, desde su posición, deciden exponer hechos que consideran irregulares.

Indicó que continuará defendiendo su derecho a denunciar y confió en que las autoridades competentes resuelvan los procesos en curso conforme a derecho.

Hasta el momento, las personas señaladas por la juez mantienen vigente su derecho a la presunción de inocencia, por lo que será la autoridad competente la que determine las responsabilidades legales que correspondan. –sn–

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