Emitieron una acción urgente por presuntas irregularidades en el proceso penal por el homicidio del defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Organizaciones emitiron una Acción Urgente para denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal relacionado con el homicidio del defensor del territorio Marcos Aguilar Rojas y la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas, integrantes de la Comunidad Indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Las organizaciones advirtieron que diversas decisiones judiciales podrían favorecer un escenario de impunidad y poner en riesgo la seguridad de las víctimas, testigos y miembros de la comunidad indígena, por lo que solicitaron la intervención de autoridades estatales y organismos de derechos humanos.

Señalan presuntas tácticas dilatorias durante audiencia

De acuerdo con la Acción Urgente 006, el pasado 6 de julio estaba programada una audiencia incidental en el Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución del Décimo Distrito Judicial, donde se analizaría una solicitud para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado identificado como Manuel «N».

Señalaron que los abogados particulares del imputado no acudieron a la audiencia, situación que calificó como una estrategia para retrasar el proceso judicial.

Según el documento, el juez decidió reprogramar la audiencia para el 9 de julio sin imponer sanciones a la defensa ni designar un defensor público que permitiera continuar con el procedimiento, decisión que, a juicio de las organizaciones, afecta el derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita.

Temen cambio de jurisdicción y modificación de prisión preventiva

Las organizaciones también manifestaron preocupación por la posibilidad de que el proceso sea trasladado a otra jurisdicción distinta de Guadalajara mediante un incidente de incompetencia promovido por la defensa.

De acuerdo con la comunicación, un eventual cambio de competencia hacia juzgados regionales podría afectar las condiciones de seguridad e imparcialidad para el desarrollo del proceso.

Asimismo, señalaron que la defensa busca modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa argumentando problemas de salud del imputado, lo que, desde su perspectiva, incrementaría el riesgo para las víctimas y la comunidad.

Exigen actuación de autoridades de Jalisco

En su pronunciamiento, se dirigieron diversas solicitudes al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco.

Entre sus principales demandas se encuentran:

• garantizar que el proceso se desarrolle con apego al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos;
• mantener la competencia del caso en los órganos judiciales con condiciones de seguridad para las víctimas;
• sancionar eventuales maniobras dilatorias que retrasen el procedimiento;
• conservar la medida cautelar de prisión preventiva mientras se resuelve el proceso;
• implementar medidas de protección y acompañamiento para las víctimas y representantes de la comunidad indígena que acudirán a la audiencia.

Defensores piden evitar la impunidad

Las organizaciones firmantes señalaron que permanecerán atentas al desarrollo de la audiencia programada para este 9 de julio y afirmaron que las instituciones de justicia del estado tienen la responsabilidad de garantizar un proceso imparcial, proteger a las víctimas y evitar actos que puedan derivar en impunidad.

El caso está relacionado con el homicidio de Marcos Aguilar Rojas, representante agrario comunitario y defensor del territorio de la Comunidad Indígena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, así como con la tentativa de homicidio de Gabriel Aguilar Rojas, hechos que continúan bajo proceso judicial en Jalisco. –sn–

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