Kilómetro Cero

Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Sábado 11 de julio de 2026

SN Redacción                                                                                     

El Consejo de Seguridad Nacional fue el que tomó la decisión de entregar a Estados Unidos al piloto que participó en el secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada García en julio de 2024, así lo informó la presidente Claudia Sheinbaum. La aclaración se da luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que el sujeto fue deportado a México tras el traslado del exlíder del cártel de Sinaloa. Ya en este país, fue detenido por posesión de armas y posteriormente entregado al vecino del norte en conjunto con otros 91 delincuentes de alto impacto.


En medio de la confrontación en México con autoridades de Estados Unidos por la extracción de Ismael El Mayo Zambada en 2024, el senador Enrique Inzunza, acusado en ese país de vínculos con Los Chapitos, reapareció en redes sociales. A 71 días de su desaparición del Senado, el pasado 29 de abril, luego de solicitud de Estados Unidos o de detención con fines de extradición, el senador morenista sólo participado en una reunión virtual de la Comisión Permanente, y su actividad se ha limitado enviar mensajes en mensajes filosóficos para alegar su inocencia. 


El 11 de julio de 2025, un joven tembloroso, delgado y con la mirada perdida hablaba ante una jueza de Estados Unidos en Chicago, Illinois. Vestido con un traje anaranjado de presidiario, Ovidio Guzmán López formalizaba un acuerdo de culpabilidad y de cooperación que lo obligaba a colaborar con el gobierno estadunidense so pena de pasar el resto de sus días en prisión como su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. 


La fiscalía de Estados Unidos ha dejado claro que busca enjuiciar a Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, los hermanos acusados por haber liderado la red criminal de Los Zetas en México, para lo que propuso como fecha tentativa enero de 2028. Sin embargo, la defensa de los acusados se opuso, al asegurar que la evidencia del caso es demasiado extensa como para siquiera pensar el llevar a cabo los procedimientos ese año.


Un juez federal de Nueva York deberá definir si Rafael Caro Quintero afrontará el juicio del 8 de marzo del siguiente año ante un jurado con identidad reservada, transporte especial y separación del público. La defensa objetó el esquema que pidió la Fiscalía al considerar que ese blindaje puede predisponer a quienes emitirán el veredicto. 


La información había sido entregada desde 2004 por la DEA a la entonces PGR. De acuerdo con esos reportes, Acosta Lugo recibió en su teléfono celular una llamada de Héctor Beltrán Leyva, operador de la organización criminal sinaloense en Sonora y hermano de Arturo Beltrán. Además, que había visitado una casa en el estado de México donde había vivido la esposa del narcotraficante. Acosta se defendió diciendo que buscaba rentar una casa. Y que en las giras presidenciales entregaba cientos de tarjetas de presentación. 


Benjamín Medrano Quezada, exalcalde priista del municipio de Fresnillo, Zacatecas (2013-2016) fue asesinado la noche del 7 de julio en la colonia Santa Elena de la Cruz, en la zona norte de Guadalajara, pero el crimen fue dado a conocer por familiares hasta este viernes. De acuerdo con los reportes preliminares, el también ex diputado local y federal, de 59 años, caminaba junto a un menor de edad, quien resultó ileso, en el cruce de las calles Flores de Experiencia y Sintra, cuando un sujeto bajó de una motocicleta para accionar un arma de fuego en su contra.


Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido ayer en Cancún por autoridades federales, acusado de una presunta defraudación fiscal de 4 millones 618 mil 798.80 pesos. El detenido es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia por delincuencia organizada y lavado de dinero, quien se encuentra en Estados Unidos, y es considerado la cabeza de una red de factureros y defraudadores del fisco. Alejandro no tiene orden de aprehensión por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en el que son perseguidos su hermano Víctor Manuel y la esposa de éste, Inés Gómez Mont, según constancias judiciales.


La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Gilda Susana Lozoya Austin por el caso Odebrecht, bajo la hipótesis de que recibió beneficios de sobornos atribuidos a su hermano Emilio. La indagatoria corresponde al delito de asociación delictuosa y la dependencia todavía no la presenta ante un juez federal.


De manera inédita, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó la hipótesis que colocó al Ejército como actor central en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sostuvo que esa línea debilitó investigaciones contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos. En su nueva Recomendación 208VG/2026, de 867 páginas, el organismo afirmó que no existen elementos para sostener que el caso Iguala corresponda a una desaparición forzada masiva ejecutada por militares o una represión política contra estudiantes. 


Dos apelaciones a sentencias judiciales promovidas por la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, impiden reactivar el proceso penal en contra del exfuncionario y del empresario Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, por actos de corrupción relacionados con el caso Agronitrogenados. Los recursos se presentaron desde 2024 y no han sido resueltos por el primer tribunal colegiado en materia de apelación, con sede en la Ciudad de México. Una de las apelaciones se relaciona con el reconocimiento de que el acuerdo de reparación del daño que firmó Ancira –y del cual adeuda 112 millones de dólares–, ya no debe ser pagado por el exdirector de Pemex.


El uso del Campo Marte para un festival privado durante la Copa del Mundo 2026 terminó en un enredo administrativo entre Hacienda, Turismo y la Sedena. Aunque las Secretarías de Turismo y Defensa entregaron el aprovechamiento del inmueble a una empresa privada sin mediar contraprestación económica, la Secretaría de Hacienda calculó posteriormente un cobro de 46 millones de pesos por el uso del espacio federal. 


La Secretaría de Cultura destinó más de 77 millones de pesos a la producción del reality show México canta por la paz contra las adicciones, un proyecto que fue impulsado por el gobierno federal para promover contenidos musicales alejados de la apología de la violencia. El principal contrato para la realización del programa fue otorgado por licitación pública nacional en la que sólo se registró una propuesta, presentada de manera conjunta por Exo Films y Prestadora de Servicios Atenea. Las empresas ganadoras acumulaban previamente contratos gubernamentales para la venta de lonas, cobertores, despensas y pierna ahumada, además de servicios relacionados especializados en análisis, diseño y documentación de procesos. 


Con un llamado a no permitir que «el poder económico esté por encima del derecho individual y colectivo a un medio ambiente sano», vecinos de las colonias Verónica Anzures, Granada y Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, recibieron a la juez decimoprimera de distrito en materia administrativa en la ciudad de México, María Elena Lugo del Castillo, quien personalmente dirigió la inspección judicial para constatar la degradación ecológica en el predio donde se planea construir dos torres de 36 y 20 pisos del proyecto Be Grand Alto Polanco. 


Una juez de distrito que fue impulsada por el gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, con acordeones en la elección judicial del 2025 otorgó al Mandatario una suspensión provisional en un amparo que éste promovió contra el juicio político que le abrió el Congreso local por la presunta triangulación de recursos públicos en beneficio de despachos de su familia. Neri figuró en los acordeones del Gobernador en la elección judicial, y ya en octubre pasado había emitido una resolución que benefició al emecista al revocar una suspensión definitiva a Rodrigo Maldonado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ligado al PRI. 


Un juez de control del Poder Judicial mexiquense determinó vincular a proceso penal a la alcaldesa de Tenancingo, la morenista Nancy Nápoles Pacheco –quien continúa en su cargo– por el delito de secuestro simulado; no obstante, también avaló suspender condicionalmente el proceso por seis meses. El juzgador no impuso prisión preventiva a la presidente municipal ni ninguna otra medida cautelar, por lo que tiene la posibilidad de continuar en funciones.


Tania F. G., ex alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, fue vinculada a proceso por un juez de control en Saltillo. Como medida cautelar se fijó prisión preventiva oficiosa y justificada, además de establecerse un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Enfrenta a la justicia por el delito de ejercicio de funciones en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, además de peculado en su modalidad de disposición de bienes muebles en cuantía mayor. 


Pescadores pertenecientes a la comunidad nahua de la Sierra de Santa Marta y de la zona de Pajapan, en el sur de Veracruz, presentaron un amparo para que Petróleos Mexicanos (Pemex) los reconozca como afectados por el derrame en el Golfo de México ocurrido en marzo pasado y les brinde las indemnizaciones correspondientes. En rueda de prensa, representantes de los afectados señalaron que la petrolera se ha negado a admitir a los integrantes de los pueblos originarios para ser beneficiarios de los apoyos que se han otorgado tras el derrame de hidrocarburos proveniente de la plataforma Abkantun, ubicada frente a las costas de Campeche y Tabasco.


Los pueblos y comunidades indígenas y campesinas integrantes de los pueblos ñuu savi, ngiwa, nahua, zapoteco de Oaxaca y Puebla declaran que viven un momento crítico para la defensa de la vida y los territorios. En México persisten marcos jurídicos heredados de un modelo neoliberal que sigue vigente, que ha privilegiado históricamente a las industrias extractivas sobre los derechos de las comunidades. Durante décadas, la legislación minera, de aguas y ambiental otorgó ventajas desproporcionadas a las empresas, permitiendo concesiones de muy larga duración y favoreciendo el uso preferente del territorio para actividades extractivas. Estos esquemas han facilitado el despojo y deben transformarse para colocar en el centro los derechos de los pueblos y la protección de los bienes comunes.


La presidente de la República ha dejado clara su postura: un impuesto a las herencias está descartado en México. Con esta negativa, el Ejecutivo federal cierra el paso, al menos por ahora, a una discusión que periódicamente reaparece en el debate fiscal. La iniciativa más reciente se atribuye a la «ministra del pueblo», Lenia Batres, aunque no es un planteamiento nuevo. En 2016, el entonces diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso modificar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar la exención de las herencias. Su iniciativa planteaba gravar herencias, legados y donativos con tasas progresivas de entre 10 por ciento y 30 por ciento para patrimonios superiores a 10 millones de pesos.


El Pleno otorgó una suspensión de amparo a una empresa en la entidad para eximirla del llamado ‘impuesto verde’, es decir, del pago que las compañías locales deben realizar al gobierno del estado por llevar a cabo procesos contaminantes, al considerar que esta sanción invade funciones que son exclusivas de la Federación. De acuerdo con la interpretación de la Corte, la regulación de la Ley Minera, de alcance federal, ya contempla cualquier tipo de actividad vinculada a la remoción de suelos, por lo que una legislación estatal que pretenda ‘cobrar’ por dichas actividades estaría invadiendo funciones.  


La Secretaría de Marina llevó a cabo la ceremonia de graduación de 278 estudiantes del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) que concluyeron estudios de maestrías y especialidades en beneficio de la nación, y quienes se convierten en líderes navales altamente capacitados en escenarios estratégicos, operacionales y tácticos. De las 278 personas egresadas, fueron 30 mujeres y 248 hombres con planes de estudio enfocados en Seguridad Nacional, Geopolítica, Seguridad de la Información, Estado Mayor, Mando Naval, Administración Marítima-Portuaria y Aduanas Marítimas, entre otros. 


Petróleos Mexicanos (Pemex) notificó al municipio de San Antonio, en San Luis Potosí –y al menos otras 16 alcaldías indígenas de la Huasteca potosina–, que requiere su aval para el almacenamiento y consumo de explosivos destinados a la exploración de hidrocarburos en sus jurisdicciones, presuntamente por medio de fracturación hidráulica. “En el plan estratégico de Pemex 2025-2035 marca que aquí en la zona de la Huasteca Potosina hay hidrocarburos para extracción convencional, pero también existe la posibilidad de extraer hidrocarburos con la técnica del fracking, porque hay gas y petróleo en esquistos de lutitas, por las características kársticas y las investigaciones geológicas que se han hecho. 


Con el objetivo de optimizar el intercambio de mercancías y reducir el déficit comercial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión clave en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. El encuentro es parte de la agenda estratégica y los trabajos preparatorios para la próxima revisión del T-MEC. 


En Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2025 a 2026, periodo en el que estuvo como director general Víctor Rodríguez Padilla, los casos de acoso y hostigamiento sexual aumentaron 50%. En solicitudes de información hechas vía Ley de Transparencia, Pemex detalló que de enero a diciembre de 2024 se registraron 110 denuncias y quejas, mientras que en todo 2025 se reportaron 155 casos. De hecho, destaca que Pemex fue la institución del servicio público federal con el mayor número de casos de acoso y hostigamiento sexual el año pasado dentro de instituciones públicas federales. La mayoría de las denuncias quedaron sin sanciones, o en el remoto caso, únicamente fueron amonestaciones o unos cuantos días de suspensión. 


Tras un año de investigación, una cepa mexicana de moscas estériles avanza hacia su producción masiva para enfrentar la plaga del gusano barrenador que ataca al ganado. En la planta productora de mosca estéril del municipio chiapaneco de Metapa, científicos contaron los avances en la validación de la cepa. 


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