Una investigación periodística revela presuntas reuniones entre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos. Ambos rechazan los señalamientos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Dos reuniones privadas entre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, así como cambios dentro de su círculo político, habrían ocurrido después de que una corte de Estados Unidos los señalara por presuntos vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con una investigación del periodista especializado en crimen organizado José Luis Montenegro.
El reportaje se sustenta en testimonios de funcionarios y otras fuentes que solicitaron el anonimato. Montenegro indicó que durante las últimas semanas realizó recorridos por Badiraguato, Batequitas, Batopito, Las Majadas, Elota, El Limón de los Ramos, Jesús María y Culiacán, donde recopiló información sobre los movimientos políticos posteriores a las acusaciones.
Reportan dos reuniones privadas
Según la investigación, el primer encuentro ocurrió el 29 de abril en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, luego de que en México se conociera la acusación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Una fuente citada por el periodista afirmó que la reunión se prolongó hasta la madrugada y que ambos políticos analizaron escenarios para enfrentar posibles procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos.
El segundo encuentro habría tenido lugar el 21 de mayo en un domicilio de Rocha Moya, ubicado en Isla Musalá, en Culiacán.
De acuerdo con el reportaje, durante esa conversación se abordó la posibilidad de establecer comunicación con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo o con autoridades estadounidenses. Montenegro señala que Rocha Moya habría advertido que «se vienen tiempos difíciles» y que sería la última reunión entre ambos.
Analizaron movimientos políticos
La investigación también sostiene que integrantes de Morena analizaron el posible regreso de Juan de Dios Gámez Mendívil a la presidencia municipal de Culiacán para evaluar posteriormente la reincorporación de Rocha Moya a sus actividades públicas.
Sin embargo, esa alternativa habría sido descartada debido a las condiciones políticas del momento. En tanto, Enrique Inzunza reapareció el 25 de junio en una sesión virtual de la Comisión Permanente del Senado.
Acusaciones en Estados Unidos
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con Los Chapitos, además de delitos relacionados con ametralladoras y explosivos.
En el caso de Rocha Moya, la acusación sostiene que habría recibido apoyo de esa organización criminal durante el proceso electoral de 2021 a cambio de presunta protección e impunidad.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación.
Rocha e Inzunza rechazan los señalamientos
El 9 de julio, Rubén Rocha Moya publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que ha permanecido en su domicilio de Culiacán desde el 1 de mayo y negó encontrarse bajo protección de fuerzas federales.
Asimismo, confirmó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los señalamientos y calificó las acusaciones como falsas.
Por su parte, Enrique Inzunza ha participado de manera virtual en actividades legislativas y recientemente afirmó que permanecerá en el Senado hasta 2030, descartando buscar la gubernatura de Sinaloa.
El legislador también informó que compareció ante la FGR y sostuvo que continuará desempeñando sus funciones mientras continúan las investigaciones.
Continúan las investigaciones
El reportaje también señala que el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Mientras tanto, otros funcionarios y exfuncionarios señalados permanecen en México y han comparecido ante la FGR, institución que ha informado que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes para solicitar órdenes de detención con fines de extradición. –sn–


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