El Gobierno de la Cdmx inició la expropiación del inmueble de República de Cuba 11 tras el conflicto por el desalojo de familias en 2025 y un presunto fraude inmobiliario.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El proceso de expropiación del inmueble ubicado en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, avanzó con la publicación de la declaratoria de causa de utilidad pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una medida que busca restituir el acceso a la vivienda de las familias desalojadas del edificio en agosto de 2025.

De acuerdo con los habitantes afectados, el desalojo ocurrió el 27 de agosto de 2025 tras un cambio de propietario que, aseguran, se realizó sin notificar previamente a los inquilinos ni garantizarles el ejercicio de sus derechos durante el procedimiento legal. Los afectados sostienen que nunca dejaron de pagar rentas ni enfrentaban un proceso relacionado con la ocupación irregular del inmueble.

Señalan presuntas irregularidades en la propiedad del inmueble

Las familias desalojadas afirman que el inmueble fue objeto de un presunto fraude procesal para transferir la propiedad a terceros mediante procedimientos judiciales realizados tanto en Hidalgo como en la Ciudad de México.

Según su versión, uno de los notarios presuntamente involucrados en las operaciones se encuentra actualmente sujeto a prisión preventiva justificada, mientras que la persona señalada como última compradora aún no ha logrado inscribir ni escriturar el inmueble debido a presuntas inconsistencias en la documentación.

Estas afirmaciones corresponden al posicionamiento de las familias afectadas y forman parte de un conflicto cuya resolución definitiva continúa en las instancias correspondientes.

Expropiación busca garantizar el acceso a la vivienda

Las familias señalaron que la expropiación representa una herramienta jurídica prevista en la legislación mexicana para garantizar la función social de la propiedad y preservar el arraigo de quienes históricamente han habitado el Centro Histórico.

Indicaron que durante los últimos meses se integró el expediente correspondiente y que los comités competentes aprobaron el procedimiento de expropiación, cuyo primer paso formal fue la publicación de la declaratoria de utilidad pública en la Gaceta Oficial.

Conforme a la legislación vigente, toda expropiación contempla el pago de una indemnización calculada con base en el valor comercial del inmueble.

Prevén adquirir el inmueble mediante un crédito del INVI

Las familias informaron que, una vez concluido el procedimiento de expropiación, el inmueble sería destinado nuevamente a quienes fueron desalojados, quienes cubrirían su valor mediante un crédito de vivienda social otorgado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Los afectados agradecieron el acompañamiento de organizaciones sociales, colectivos, periodistas y medios de comunicación, al considerar que la difusión del caso permitió mantener vigente la exigencia por una solución habitacional. –sn–

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