José Víctor Rodríguez Nájera

Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Edificio sede de la ONU
Edificio sede de la ONU | @SociedadN_

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

Corte Penal Internacional
Corte Penal Internacional

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

43 de Ayotzinapa
43 de Ayotzinapa

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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