La FGR obtuvo prisión preventiva para ocho personas investigadas por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada en una investigación sobre importación irregular de combustibles.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Un juez federal impuso medidas cautelares de prisión preventiva a ocho personas investigadas por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, como resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de combustibles.

Durante una audiencia inicial que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra los investigados.

Entre las personas señaladas se encuentra Ernesto Ruffo Appel, así como Ricardo «N», José María «N», Guillermo «N», Juan «N», Luis «N», Adriana «N» y José «N», quienes son investigados por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Definen medidas cautelares para los imputados

Como resultado de la audiencia, el juez determinó que Ernesto «N», Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N» permanezcan en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 (CEFERESO No. 1) «Altiplano», ubicado en el Estado de México.

En tanto, José María «N» y Guillermo «N» cumplirán la medida cautelar en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana «N» permanecerá interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur.

Al concluir la exposición de las partes, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez aplazó la resolución sobre la vinculación a proceso de los imputados.

Investigación por presunto contrabando de combustibles

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

Las indagatorias apuntan a un esquema de contrabando de hidrocarburos mediante el cual presuntamente se introducía combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras.

Según la investigación, el combustible era reportado en cantidades inferiores a las realmente transportadas o se declaraba como otro tipo de mercancía para evitar el pago de impuestos y derechos correspondientes.

La fiscalía sostiene que este tipo de operaciones ocasiona pérdidas económicas para el Estado mexicano y puede representar una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.

Continúa el proceso judicial

La FGR informó que las investigaciones continúan y será el órgano jurisdiccional el que determine la situación jurídica de los imputados una vez concluido el plazo constitucional solicitado por la defensa.

La dependencia recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia previsto en la legislación mexicana, todas las personas imputadas serán consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente. –sn–

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