Tres ciudadanos mexicanos en condición migratoria irregular se declararon culpables en Estados Unidos por participar en una red de tráfico de personas que introducía migrantes desde Canadá. Enfrentan penas de entre cinco y 15 años de prisión.

Por Martín García | Reportero                                      

Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables ante un tribunal federal de Estados Unidos de participar en una organización dedicada al tráfico ilícito de personas que introducía migrantes de México, Centroamérica y Sudamérica al país a través de la frontera norte con Canadá. Los acusados enfrentan penas de entre cinco y 15 años de prisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ignacio Díaz-Pérez, de 37 años; Samuel Díaz-Pérez, de 27, y Salvador Díaz-Díaz, de 34, admitieron su responsabilidad por conspiración y tráfico de personas con fines de lucro. La sentencia de los tres fue programada para el próximo 23 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades federales, la organización trasladó a cientos de migrantes hacia territorio estadounidense mediante una estructura que coordinaba el cruce fronterizo y posteriormente organizaba su transporte hacia distintos puntos del país utilizando conductores contratados para ese propósito.

Una persecución en 2023 derivó en la investigación

La acusación detalla que una de las operaciones investigadas ocurrió en mayo de 2023, cuando una camioneta que transportaba migrantes indocumentados protagonizó una persecución con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Según el expediente judicial, los agentes suspendieron inicialmente la persecución por el riesgo que representaba para la población. Posteriormente, autoridades del sheriff local lograron detener el vehículo mediante un dispositivo ponchallantas después de que el conductor ignoró las órdenes para detenerse.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los ahora sentenciados coordinaban directamente operaciones de tráfico de personas junto con otros integrantes considerados líderes de la organización.

Los cargos y las penas previstas

Ignacio Díaz-Pérez y Samuel Díaz-Pérez aceptaron un cargo por conspiración para cometer tráfico ilícito de personas y seis cargos adicionales relacionados con el traslado de migrantes con fines económicos.

Por su parte, Salvador Díaz-Díaz se declaró culpable de un cargo de conspiración y cinco cargos de tráfico de personas con fines de lucro.

Conforme a la legislación federal estadounidense, los tres enfrentan una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una máxima de 15 años. La condena definitiva será determinada por un juez federal con base en las directrices de sentencia y otros factores establecidos por la ley.

Otro implicado también admitió su responsabilidad

El Departamento de Justicia informó que el coacusado Edgar Sánchez-Solis se declaró culpable el pasado 7 de mayo por conspiración y cinco cargos de tráfico de personas con fines de lucro. Su audiencia de sentencia fue programada para el 10 de septiembre.

La investigación fue desarrollada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Rouses Point y la estación Burke de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (BP), con apoyo de otras unidades especializadas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), iniciativa integrada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para combatir redes transnacionales dedicadas al tráfico y trata de personas.

Estrategia contra redes transnacionales

Las autoridades estadounidenses señalaron que el JTFA concentra sus investigaciones en organizaciones criminales que operan en México, Canadá, Centroamérica, el Caribe y otras regiones del continente.

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por el Departamento de Justicia, desde su creación esta estrategia ha permitido más de 465 detenciones de presuntos líderes, organizadores y facilitadores del tráfico y la trata de personas, más de 419 condenas en tribunales estadounidenses y más de 363 sentencias de prisión, además del decomiso de diversos activos relacionados con estas actividades. –sn–

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