El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el caso de Ernesto Ruffo debe investigarse en toda la cadena de responsabilidades por presunto contrabando de combustibles y rechazó que exista persecución política.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que las investigaciones relacionadas con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deben extenderse a todas las personas y empresas involucradas en la presunta red de contrabando de combustibles, al considerar que se trata de un esquema de gran escala con posibles implicaciones penales.

En entrevista, el legislador señaló que el caso no debe reducirse a una confrontación política, sino analizarse desde la perspectiva de los delitos presuntamente cometidos, entre ellos contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales, fraude, evasión y elusión fiscal.

Mier Velazco indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar las responsabilidades y, en su caso, si existen elementos para configurar delitos relacionados con delincuencia organizada.

Pide esperar el resultado de las investigaciones

El senador afirmó que la magnitud del presunto esquema de contrabando obliga a mantener prudencia antes de emitir conclusiones, aunque consideró que existen elementos suficientes para sostener que se trata de una operación logística compleja.

Explicó que este tipo de actividades involucran cadenas de distribución, empresas y distintos actores, por lo que insistió en que las investigaciones deben abarcar a todos los posibles responsables.

Asimismo, señaló que la dimensión del combustible presuntamente introducido de manera ilegal representa un impacto económico importante para el país y afecta tanto al mercado como a la recaudación fiscal.

Rechaza que exista persecución política

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del Partido Acción Nacional (PAN), que sostiene que el proceso contra Ernesto Ruffo Appel responde a una persecución política, Ignacio Mier rechazó esa interpretación.

El legislador recordó que la integración de la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General de la República y consideró que deben respetarse los tiempos de la investigación antes de emitir juicios sobre el caso.

También descartó que pueda afirmarse, sin pruebas, que la actuación del nuevo Poder Judicial haya influido en la emisión de órdenes de aprehensión.

Añadió que, con la nueva estructura judicial, cualquier posible irregularidad puede ser revisada por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Habla sobre «Somos México» y la alternancia política

Durante la entrevista, Mier Velazco señaló que el debate político también ha abierto cuestionamientos sobre el financiamiento del partido Somos México, aunque indicó que corresponde a los propios partidos realizar las acciones que consideren pertinentes en esa materia.

Afirmó que el caso ha generado un debate sobre los orígenes de la alternancia política en Baja California y sostuvo que ese tema también forma parte de la discusión pública.

Senado prevé dictaminar iniciativa presidencial en septiembre

En otro tema, el coordinador parlamentario informó que una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal fue turnada a las comisiones de Igualdad y de Justicia del Senado.

Indicó que el objetivo es contar con un dictamen durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de septiembre.

También adelantó que la elección de la nueva Mesa Directiva del Senado se definirá durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, prevista para la última semana de agosto.

Pago a senador Inzunza se mantiene conforme a la ley

Respecto de la situación del senador Enrique Inzunza Cázarez, cuyas cuentas bancarias permanecen bloqueadas, Ignacio Mier explicó que el Senado continúa cubriendo sus percepciones mediante cheque.

Precisó que la Cámara Alta no puede suspender el pago de ningún trabajador o legislador mientras no exista una resolución judicial que así lo ordene y agregó que el registro de las percepciones se realiza mediante firma electrónica. –sn–

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