Un juez federal vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina por presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración pasada.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México vinculó a proceso a un contralmirante en retiro y a tres integrantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal pasada.

La resolución judicial deriva de una denuncia presentada por la propia Semar y de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, instancia que reunió los elementos de prueba para solicitar la judicialización del caso.

Los imputados enfrentarán proceso penal por los presuntos delitos de peculado, cohecho y administración fraudulenta, mientras continúan las investigaciones sobre la asignación de contratos para la compra de insumos médicos.

Investigación surgió de una denuncia de la Semar

De acuerdo con la información disponible, las indagatorias comenzaron tras una denuncia presentada por la Semar, la cual dio origen a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Como resultado de esas diligencias, el Ministerio Público presentó el caso ante un juez federal, quien determinó que existen elementos suficientes para vincular a proceso al contralmirante en retiro y a los tres integrantes de la institución naval.

Delitos relacionados con contratos de medicamentos

Las autoridades atribuyen a los imputados posibles irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de medicamentos durante la administración federal anterior.

Los delitos por los que enfrentarán el proceso penal son peculado, cohecho y administración fraudulenta, ilícitos que serán analizados durante las siguientes etapas del procedimiento judicial para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto del presunto daño patrimonial ni la identidad de los servidores públicos vinculados a proceso. –sn–

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