Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta a Jesús Murillo Karam en el caso Ayotzinapa. El exprocurador continuará en prisión domiciliaria con brazalete electrónico, pero ya no será vigilado de forma permanente por la Guardia Nacional.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Un juez federal modificó la medida cautelar impuesta al exprocurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa y ordenó retirar la vigilancia permanente que mantenía la Guardia Nacional en su domicilio. El exfuncionario permanecerá bajo resguardo domiciliario con un brazalete electrónico y deberá cumplir diversas restricciones judiciales.

La resolución fue emitida por el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien consideró que el proceso penal contra Murillo Karam se ha prolongado por más de dos años por causas no atribuibles a su defensa.

Mantendrá prisión domiciliaria con nuevas condiciones

Como parte de la modificación de la medida cautelar, el juez determinó que Murillo Karam continuará en prisión domiciliaria, pero el monitoreo dejará de ser permanente.

El exprocurador deberá portar un brazalete electrónico, permanecer en su domicilio y tendrá prohibido salir de la ciudad de México. Asimismo, no podrá acercarse a las víctimas del caso ni reunirse con personas distintas a sus familiares.

La resolución también elimina la presencia constante de los diez elementos de la Guardia Nacional que resguardaban el inmueble donde permanece el exfuncionario.

Además, ya no estará obligado a solicitar autorización judicial cada vez que deba salir para recibir atención médica, aunque continuará sujeto a supervisión mediante monitoreo esporádico.

Proceso penal continúa por el caso Ayotzinapa

Murillo Karam enfrenta proceso penal por su presunta participación en la construcción de la denominada «verdad histórica» sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.

Las imputaciones incluyen los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. –sn–

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