Romeo Ramos Cruz, exalcalde del municipio de Santa Lucía, Guatemala, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para importar cocaína. La sentencia será dictada el 2 de diciembre.

Por Vera Martín del Campo | Corresponsal                                        

El exalcalde guatemalteco Romeo Ramos Cruz se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos del delito de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína al país, en un caso que lo vincula con una organización dedicada al narcotráfico que operó entre 2022 y 2023.

De acuerdo con documentos judiciales, el exfuncionario aprovechó su cargo como alcalde del municipio de Santa Lucía, en el departamento de Escuintla, Guatemala, para facilitar operaciones logísticas relacionadas con el traslado de droga destinada al mercado estadounidense.

Ramos Cruz fue extraditado desde Guatemala el 4 de agosto de 2025, luego de permanecer detenido a petición de las autoridades estadounidenses. La audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 2 de diciembre.

Acusan uso del cargo para favorecer a una organización criminal

Según la investigación, el exalcalde integró una organización de narcotráfico con sede en Guatemala responsable del transporte de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Ramos Cruz designó a un presunto narcotraficante en un cargo de alto nivel dentro de la policía municipal y utilizó las facultades de su administración para facilitar las actividades de la organización.

Entre las acciones atribuidas al exfuncionario figura la coordinación logística de un cargamento de cocaína procedente de Venezuela, el cual sería presentado como una donación de cemento destinada al municipio que gobernaba.

Las investigaciones indican que también elaboró una carta con membrete oficial de la alcaldía para respaldar el supuesto envío humanitario y facilitar su tránsito sin levantar sospechas durante las inspecciones de las autoridades guatemaltecas.

Podría recibir cadena perpetua

El delito por el que se declaró culpable contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sanción máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense.

Será un juez federal quien determine la condena definitiva durante la audiencia prevista para diciembre.

FBI y agencias federales encabezaron la investigación

El caso fue anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Las investigaciones fueron encabezadas por el FBI, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, autoridades de Guatemala e Interpol, que colaboraron en el arresto y posterior extradición del exalcalde.

El proceso judicial forma parte de las acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa del gobierno estadounidense enfocada en combatir organizaciones de narcotráfico, crimen organizado transnacional y redes de tráfico de personas mediante la coordinación de diversas agencias federales. –sn–

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