El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura aprobó el informe de su visita a México y anunció nuevas inspecciones en Burundi, Paraguay y Ruanda, pese a las restricciones financieras que enfrenta la ONU.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) aprobó este martes el informe derivado de su visita oficial a México y anunció que realizará nuevas misiones en Burundi, Paraguay y Ruanda antes de que concluya 2026, pese a las limitaciones presupuestales que han reducido su programa anual de inspecciones.
El organismo, encargado de supervisar las condiciones de las personas privadas de la libertad en los Estados que forman parte del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), informó que las restricciones de liquidez que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) obligaron a disminuir el número de visitas previstas este año.
México, entre los tres países visitados en 2026
Durante su primer periodo de sesiones de 2026, el SPT informó que únicamente pudo realizar visitas oficiales a Francia, México y Sri Lanka, menos de la mitad de las programadas originalmente debido a la situación financiera del sistema de Naciones Unidas.
Como parte de los trabajos de la sesión, el Subcomité aprobó los informes correspondientes a las visitas efectuadas en México y Nueva Zelanda. Ambos documentos serán remitidos a los gobiernos respectivos junto con una solicitud para que sean publicados, en concordancia con el principio de transparencia que promueve el mecanismo internacional.
Las visitas previstas para 2027 serán anunciadas posteriormente.
Restricciones financieras afectan el programa del Subcomité
La presidenta del SPT, María Luisa Romero, afirmó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, el organismo mantendrá su mandato de prevenir la tortura mediante visitas a centros de detención y el diálogo con las autoridades nacionales.
«Incluso ante las graves limitaciones de recursos, mantenemos nuestro compromiso de cumplir con nuestro mandato de prevenir la tortura. Mediante nuestras visitas y el diálogo directo con los Estados y los mecanismos nacionales de prevención, contribuimos a fortalecer las salvaguardias contra la tortura y a convertir la prevención en acción», señaló Romero.
Las restricciones económicas también provocaron el retraso del calendario de sesiones del Subcomité y la cancelación de una de ellas durante este año.
Preparan conmemoración del Protocolo contra la Tortura
Durante la reunión, el SPT continuó desarrollando lineamientos dirigidos a los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) sobre temas como la reintegración social de las personas privadas de la libertad, la protección de menores detenidos y el fortalecimiento de la independencia de estos organismos.
Asimismo, avanzó en los preparativos para conmemorar el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del OPCAT y del inicio de operaciones del SPT, así como los 25 años de la adopción del tratado internacional.
Romero consideró que estas fechas representan una oportunidad para evaluar los avances alcanzados y fortalecer las estrategias internacionales frente a los nuevos desafíos en materia de prevención de la tortura.
«A lo largo de estas dos décadas, el diálogo constructivo, la cooperación y la supervisión independiente han demostrado su valía como herramientas eficaces para prevenir la tortura y los malos tratos. Estos aniversarios no solo brindan la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados, sino también de reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la prevención ante los nuevos desafíos», expresó.
La presidenta del Subcomité también convocó a los Mecanismos Nacionales de Prevención, a los Estados y a otras instituciones involucradas a participar en un proceso de reflexión y diálogo enfocado en fortalecer las acciones para prevenir la tortura.
Supervisión internacional de centros de detención
En el marco del OPCAT, el SPT realiza visitas sin previo aviso a comisarías, centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, estaciones migratorias y otros lugares donde permanecen personas privadas de la libertad.
Además de inspeccionar las condiciones de detención, el organismo trabaja con autoridades nacionales, instituciones públicas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las salvaguardias destinadas a prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. –sn–


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