Semarnat y Profepa ordenaron a Ferromex presentar un plan de remediación por el derrame de 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, mientras la empresa niega afectaciones ambientales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente requirieron a Ferromex presentar un plan de remediación ambiental tras el derrame de hidrosulfuro de sodio registrado en el municipio de Naco, luego del descarrilamiento de un tren de carga.

Las autoridades federales corrigieron la cifra preliminar del incidente y precisaron que el volumen derramado ascendió a 70 mil 300 litros, superior a los 59 mil litros reportados inicialmente durante las primeras horas de la emergencia.

Ordenan acciones de mitigación

De acuerdo con la evaluación oficial, el producto químico se dispersó sobre una superficie de 1.7 kilómetros cuadrados dentro de un arroyo. La Profepa identificó 5 mil 207 metros cuadrados con afectación directa y ordenó a la empresa implementar un programa de mitigación en tres kilómetros del cauce, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Semarnat antes de su ejecución.

Las dependencias federales indicaron que el objetivo es contener los posibles impactos sobre el suelo y el ecosistema, además de establecer las medidas necesarias para restaurar la zona afectada conforme a la legislación ambiental vigente.

Ferromex rechaza la orden

Ferromex respondió que el accidente ocurrió a consecuencia de un deslave provocado por las lluvias, lo que ocasionó el descarrilamiento de varios vagones.

La empresa sostuvo que las labores de atención se realizaron de manera inmediata y aseguró que el incidente no generó afectaciones ambientales, por lo que manifestó su desacuerdo con la determinación de las autoridades federales de exigir un programa de remediación.

Continúan las investigaciones

La Profepa informó que las inspecciones y evaluaciones técnicas continuarán para determinar la magnitud del impacto ambiental y verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas a la empresa.

El caso permanece bajo revisión de las autoridades ambientales, que definirán si existen responsabilidades administrativas adicionales una vez concluidos los estudios correspondientes. –sn–

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