La presidente Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto para que las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publiquen contratos, estados financieros, informes corporativos y reglas de operación.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para ampliar las obligaciones de transparencia de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de hacer pública información sobre contratos, estados financieros, gobierno corporativo e informes que hasta ahora, en diversos casos, no se encontraba disponible.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el decreto establece lineamientos obligatorios para la publicación de información y evita que la difusión de documentos dependa de la interpretación de los servidores públicos.
La medida también ordena actualizar con mayor frecuencia la información sobre contrataciones del Gobierno federal y anticipa una reforma legal para modificar el régimen de clasificación de información reservada.
Filiales deberán transparentar contratos y estados financieros
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que las filiales de Pemex y CFE deberán publicar contratos, estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, reglas de operación y documentos relacionados con su gobierno corporativo.
Precisó que la información deberá incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse actualizada de manera permanente.
La difusión de los documentos se realizará a través de Pemex y CFE, con la participación de sus respectivos consejos de administración.
Buscan eliminar vacíos de acceso a la información
Las leyes vigentes establecen que las empresas en las que Pemex o CFE poseen más del 50 por ciento del capital son filiales sujetas al derecho privado y no entidades paraestatales.
Ese régimen jurídico ha sido utilizado en distintas ocasiones para negar solicitudes de información pública relacionadas con operaciones de empresas subsidiarias.
Entre los casos mencionados se encuentran las operaciones de Gasolinas Bienestar, así como actuaciones atribuidas a PMI Comercio Internacional, Pemex Procurement International e III Servicios, en las que la petrolera argumentó que la documentación solicitada no se encontraba en sus archivos o correspondía a empresas no consideradas sujetos obligados directos.
Asimismo, en procedimientos relacionados con la compra de la refinería Deer Park y la adquisición de 550 pipas, el entonces órgano garante de transparencia ordenó ampliar las búsquedas de información dentro de las áreas responsables de supervisar las filiales.
Contratos del Gobierno se publicarán cada mes
El decreto también modifica la periodicidad con la que el Gobierno federal divulgará la información sobre contrataciones públicas.
Raquel Buenrostro informó que, en lugar de actualizarse cada tres meses, todos los contratos celebrados por dependencias federales deberán publicarse mensualmente para ofrecer información más oportuna.
Además, los órganos de fiscalización deberán difundir datos sobre sus programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento de observaciones y la designación de despachos de auditoría externa.
Preparan reforma para limitar las reservas de información
La secretaria anunció que el Gobierno enviará al Congreso una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia, con el objetivo de reducir las actuales causales de reserva de información.
La propuesta plantea simplificar las 17 hipótesis previstas en la legislación vigente y concentrarlas únicamente en los supuestos constitucionales de interés público y seguridad nacional.
También contempla fortalecer la elaboración de versiones públicas de documentos oficiales para que únicamente permanezca reservada la información estrictamente protegida y no la totalidad de los expedientes.
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la iniciativa será presentada al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso para incorporar las disposiciones del decreto al marco legal. –sn–
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