Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Martes 11 de agosto de 2026

SN Redacción

Auditores de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) iniciaron una revisión a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sobre el cumplimiento de normas internacionales de seguridad, revelaron fuentes cercanas al proceso. De no solventar la revisión, la autoridad aeronáutica mexicana corre el riesgo en ser degradada a Categoría 2 por parte de la FAA al no cumplir los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Hasta el momento, ni la Secretaría de Infraestructura ni la AFAC han dado un posicionamiento al respecto.

Que los agentes migratorios son entrenados regularmente sobre el uso de la fuerza, que se identifican claramente durante las operaciones de detención. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que esos elementos forman parte de las políticas de los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, los operativos de julio en los que murieron el mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Houston, Texas, y el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en la ciudad costera de Biddeforde, Maine, muestran una realidad diferente.

Araceli Hernández Perea, ex directora de compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es pareja de Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como parte de la banda rumana que clonaba tarjetas de turistas y que ahora acompaña la campaña del morenista Rafael Marín Mollinedo por la Gubernatura de Quintana Roo. La exdirectora, que hoy tiene empresas y una residencia millonaria en San Antonio, Texas, también llegó a la ANAM en el sexenio de AMLO y en la administración de Mollinedo con un pasado turbio.

Ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional de proporcionar los archivos de la llamada guerra sucia (1965-1990), solicitados por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida en 1978, un tribunal colegiado en materia administrativa ordenó la creación de una comisión especial e imparcial para transparentar y hacer efectiva la entrega de la documentación militar.

El laberinto sin salida de los tiempos compartidos controlados por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Una de las prioridades de la Administración Trump para desmantelar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es golpear a sus ingresos económicos. Una de esas fuentes de recursos, aparte del tráfico de drogas y de combustible, que le ha generado más de 400 millones de dólares en ganancias, es la fachada con la que operan estafas de tiempos compartidos para defraudar a ciudadanos estadounidenses y canadienses de la tercera edad.

Cerca de 15 mil de los 58 mil 783 aspirantes convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al examen de control presencial todavía no aparecían registrados, de acuerdo con información de la máxima casa de estudios al corte del pasado domingo. Ello, pese a que la prueba comenzará a aplicarse mañana, en León, Guanajuato, y seguirá en Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México hasta el 19 de agosto, dependiendo de la sede asignada a cada uno de los aspirantes. Sin embargo, el registro todavía no permite saber cuántos de esos jóvenes finalmente quedarán fuera de la evaluación, dado que los plazos están vinculados con las fechas de aplicación de cada sede.

No sólo firmó contrato con el INE. Territorium Life, la empresa que tuvo a su cargo el fallido examen en línea de ingreso a la UNAM, también firmó un contrato millonario con el Instituto Electoral de la Cdmx para aplicar exámenes en línea para la selección y contratación de capacitadores electorales para el proceso electo-ral de 2021. En el contrato C.P.LPN.-017-21 se detalla que el órgano electoral capitalino pagó más de 2.5 millones de pesos a esta empresa por aplicaralrededorde20milexáme-nes en línea en abril de ese año. El pasado 28 de julio, se reveló que la empresa Territorium Life ha recibido en los últimos años docenas de contratos que suman más de 218 millones de pesos por parte de diversas instituciones públicas como el INE, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y diversas universidades públicas. Este fin de semana, el INE confirmó que mantiene un contrato hasta 2027 con la empresa Territorium Life, pero indicó que el servicio contratado no es para la aplicación de exámenes de ingreso, sino para operar la plataforma tecnológica del Centro Virtual utilizada para los procesos institucionales de capacitación del personal.

Ángel Aguirre busca demostrar que no sostuvo ninguna reunión con funcionarios de su gabinete para ordenarles la destrucción de videos y evidencias del Caso Ayotzinapa, imputación que lo mantiene preso en el Penal del Altiplano por el delito de desaparición forzada. El exgobernador de Guerrero solicitó a un juez federal requerir a la administración de un edificio de Polanco la entrega de los videos la bitácora de registros de visitas, para demostrar que el 29 de septiembre de 2014, fecha en que se llevó a cabo la supuesta reunión con funcionarios, en realidad no estaba en Guerrero.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, controlaba las organizaciones policiales y a la delincuencia, detalla la indagatoria a la que tuvo acceso. De acuerdo con el expediente, el exmandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacio-nados con la desaparición de los estudiantes normalistas. Hoy a las 10:00 horas se llevará a cabo una diligencia donde un juez de control definirá si es vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada obstrucción de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa O si se desechan los cargos.

El exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva obtuvo un fallo favorable que ordena a un juzgado de ejecución de penas de la CDMX celebrar una nueva audiencia, con la finalidad de resolver si cumplirá bajo libertad condicionada su sentencia de 28 años de prisión por delitos contra la salud.

Irving de la Cruz Pisté Canul, edil de Kinchil, fue detenido ayer en el palacio municipal por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en Mérida. Al cierre de esta edición la autoridad no había informado los motivos del arresto.

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, ha regresado a Estados Unidos por tercera vez en lo que va del año. En su nueva visita a Washington, Alito ha presentado una denuncia en el Departamento de Estado en contra de tres consejeros electorales, a los que acusa de coartar su libertad de expresión. El activismo del líder priista, que apenas en mayo estuvo en la capital estadounidense para denunciar a líderes morenistas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, coincide en tiempo con la última fase de un proceso de desafuero en su contra, que podría reactivarse en septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

Un juez de control sentenció hasta con 18 años de prisión a 19 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos con un arsenal por delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de las fuerzas armadas, así como por asociación delictuosa. En audiencia de individualización, y luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Jalisco, aportara las pruebas suficientes, obtuvo del tribunal de enjuiciamiento sentencia de 18 años un mes y 22 días de prisión en contra de 12 de los detenidos.

A través de un documento, emitido este lunes, la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, respondió a una versión periodística, la cual colocó a Lila Abed como representante de la SSPC en la Embajada de México en EU. Dejó en claro que “no ocupa ningún cargo ni representación (…) y no ocupará ninguna posición dentro de la Secretaría”. Aunado a esto, reiteró que cualquier nombramiento se comunica en los canales institucionales. El supuesto nombramiento de Lila Abed generó polémica porque su esposo, Andrew Abed Lloyd, es directivo de una empresa, llamada Salus World Wide Solutions, dedicada a gestionar las autodeportaciones de migrantes desde los Estados Unidos, la cual cuenta con un contrato vigente con el gobierno de Donald Trump.

La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, reiteró este lunes que responsabiliza de su seguridad y la de su familia, al gobernador, Salomón Jara Cruz y al secretario de Gobierno, Jesús Romero López; esto luego de recibir una serie de amenazas de muerte a través de diversos medios, lo que considera que se debe a su activismo en torno al reconocimiento de autoridades municipales de San Juan Mazatlán y su lucha en contra del coordinador de Delegados de Paz de la Sego, Donato Vargas.

Pamela Urquiza Fernández denunció el esquema de despojo patrimonial que involucra dos ranchos con una extensión total de 269 hectáreas y derechos de agua en el municipio de Huimilpan, orquestado por una red operada por Francisco Domínguez Servién, quién utiliza a la Fiscalía del estado y el aparato gubernamental para amedrentar a personas de la tercera edad y quitarles sus tierras. De acuerdo con el abogado de la familia Urquiza, Rodrigo Madero, este “cártel inmobiliario” opera a través de contratos de fideicomiso con cláusulas leoninas mediante la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V. constituida con un capital de 100 mil pesos y vinculada directamente al exmandatario estatal, la cual busca asumir el control total y hasta un 80% de las utilidades de los predios, desplazando a los legítimos propietarios.

Este lunes comenzó la audiencia de juicio en contra de Gabriel Alejandro Zapata Enríquez por el delito de abuso sexual en contra de su hija Dafne Zapata Quintos, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante. La audiencia comenzó al mediodía en la sala de audiencias C, con la presencia de Alejandra Quintos Martínez, mamá de Dafne; mientras que el acusado Gabriel Zapata lo hizo vía Zoom, a petición de abogados.

El director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, Jorge Luis N, fue vinculado por segunda ocasión a proceso, ahora por el delito de violación agravada, en un caso distinto al que enfrenta por el feminicidio de Dafne, la adolescente que murió después de participar en un curso de verano en el plantel. La audiencia inicial por este nuevo proceso comenzó el jueves 6 de agosto y se reanudó ayer lunes a las 15:30 horas en el Centro Integral de Justicia Penal de Altamira. Durante la audiencia, el juez de Control revisó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y determinó que existían elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso de Jorge Luis N. Además, el juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva como medida cautelar.

Lourdes Yohana «N» y Héctor Esaith «N», relacionados con el despojo contra la hija de Carlota, ocurrido en Chalco, en 2025, fueron vinculados a proceso por el posible delito de robo a casa habitación. Ayer se realizó la audiencia inicial después de que se les giró una orden de aprehensión por dicho ilícito. De acuerdo con las investigaciones, después de que la hija de Carlota, Mariana, fue despojada de su vivienda, sus pertenencias fueron robadas por las personas que ocuparon con violencia su casa.

El pueblo originario de Xoco obtuvo una suspensión provisional contra dos desarrollos inmobiliarios de la empresa Be Grand ubicados en las inmediaciones de la comunidad, en la alcaldía Benito Juárez, luego de promover un juicio de amparo por la falta de consulta a la comunidad. De acuerdo con el comunicado difundido por la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, el recurso fue admitido el pasado 4 de agosto por el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, aunque su titular, Ulises Oswaldo Rivera González, negó inicialmente la suspensión provisional solicitada por los habitantes, por lo que impugnaron la determinación.

En un comunicado, la SSPC informó que, del total, siete se encontraban en el Cereso Varonil “Morelos” de Atlacholoaya, y una en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Jojutla, quienes estarían relacionadas con el delito de extorsión. El operativo se llevó a cabo con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, y la participación coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) salió en defensa de las personas juzgadoras que dejaron sus cargos tras la Reforma Judicial de 2024 y respaldó su derecho a la libertad a trabajar y al libre ejercicio de su profesión. La postura surge ante los señalamientos y propuestas que plantean poner límites a las actividades que podrían realizar quienes dejaron el Poder Judicial y ahora buscan continuar su vida profesional fuera de los tribunales. Para la asociación, una cosa es establecer reglas para evitar posibles conflictos de interés y otra impedir de manera amplia que una persona pueda volver a ejercer su profesión. El punto central de la postura de JUFED es sencillo: dejar de ser juez o magistrado no debería significar dejar de ser abogado.

Comunidades de los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, en Zacatecas, obtuvieron suspensiones provisionales en varios de los amparos promovidos contra la autorización ambiental de la Presa Milpillas, proyecto concebido para abastecer de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) informó que el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, junto con habitantes de la región, presentó 12 juicios de amparo el 24 de julio pasado, como respuesta a la resolución emitida el 23 de junio por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que avala la construcción de la Presa Milpillas. Los recursos fueron radicados en los juzgados de Distrito Primero y Segundo del estado, y la organización señaló que varios expedientes ya cuentan con suspensión provisional.

Sobre el caso del edificio de Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, del cual fueron despojados sus dueños hace 22 años y quienes pidieron que el Invi les restituya la propiedad como lo ordenó un Tribunal Colegiado, la jefe de gobierno, Clara Brugada, expuso que «a quien demuestre que tiene la propiedad, se le tiene que restituir». Y pidió a la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas atender el caso «y como decimos: quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad se tiene que restituir, en este caso creo que es un caso distinto, pero igual por nuestra parte, si está bien definido quien tiene la propiedad, pues adelante». «El Invi nos informa que fue a solicitud de los inquilinos que habían estado pagando renta allí durante muchos años y ya no contaban con un propietario acreditado, que así empezó el tema». Pero uno de los dueños del edificio afirmo que lo expuesto por el Invi es falso, que los inquilinos no pagan renta desde 2004 y que el instituto siempre supo quién es el propietario legítimo.

La futura ley indígena reconocerá derechos plenos a la cuarta parte del país, de acuerdo con lo planteado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz (el de los zapatos lustrados), quien sostuvo que la norma abrirá la puerta para que pueblos indígenas y afromexicanos sean tratados como sujetos de derecho público y ya no tengan que “simular lo que no son” para acceder a servicios o reconocimiento jurídico. Ese cambio se discute mientras ya están en marcha las consultas sobre la iniciativa presidencial. “El reto de fondo es que el Estado reconozca el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de esos pueblos, históricamente marginados”, subrayó.

Al resolver el amparo en revisión 344/2025, el Pleno de la SCJN ordenó medidas para garantizar el autogobierno en la comunidad tzotzil de La Candelaria, en Chiapas, así como asegurar los recursos públicos necesarios para tal fin. Indicó que no basta con que la Constitución reconozca formalmente la autonomía y el autogobierno indígena, pues el Estado debe crear las instituciones, procedimientos y reglas necesarias para que esos derechos puedan ejercerse efectivamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pendiente desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, luego de que el plazo legal para emitirlo venció en enero de 2008, hace casi 19 años. Por siete votos contra dos, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que concedió un amparo a pescadores de Las Barrancas, en Alvarado, Veracruz, por la omisión del Ejecutivo federal de emitir dicho reglamento.

Diana Villafañez Santín, de 55 años, fue asesinada el 30 de julio de 2017, actualmente, su hijo, Arturo, clama justicia, pues debido a una falla legal, el proceso de investigaciones, un juicio de cuatro años, y la sentencia condenatoria contra su feminicida, podrían haber sido en vano De acuerdo con el testimonio de Arturo, hay riesgo de que los resultados obtenidos queden sin efectos, pues un Tribunal habría ordenado la reposición del juicio debido a que entre las audiencias del mismo transcurrieron más de 10 días. Sin embargo, actualmente la SCJN emitió un criterio donde señala que al superar dicho plazo no significa que un juicio deba ser repetido.

Una alarma interrumpió ayer la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que llevó a decretar un receso ante la sospecha de un incendio. Sin embargo, el sonido provenía del exterior, de un megáfono encendido por Silvia Castillo, quien se plantó en la entrada principal del edificio para exigir justicia por el asesinato de su hijo Alan Francisco Ibarra Castillo. Durante el debate en el pleno, el ministro Giovanni Figueroa Mejía tuvo que interrumpir su intervención debido a un ruido que se escuchaba de forma intermitente. «Denos unos minutos, vamos a ver qué está sucediendo… ¿incendio?… un momento. ¿Falsa alarma? Para conocimiento de todos, es falsa alarma de incendio», dijo el ministro presidente Hugo Aguilar. Sin embargo, inmediatamente después volvió a sonar y el togado decidió decretar una pausa. Al regresar a la sesión, Aguilar Ortiz informó que el sonido provenía de un megáfono de una persona que se encontraba en el exterior y que había reproducido su propia alarma.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México desechó otro juicio de amparo promovido por una aspirante en contra de la reposición del examen de admisión y la aplicación de una prueba de control presencial por parte de la UNAM. Argumentó que el recurso es improcedente por tratarse de un asunto relacionado con la autonomía universitaria. Incluso, señaló que para casos como éste existe un criterio jurisprudencial temático de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se estableció que las universidades públicas gozan de independencia para determinar por sí solas los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que prestan, así como los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal.

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