Familiares de víctimas del Colegio Rébsamen acusaron a la FGR de retirarles la calidad de víctimas indirectas y no ejercer acción penal contra servidores públicos de la SEP, pese a la reapertura de la investigación recomendada por la CNDH.
Por Martín García | Reportero
A nueve años del sismo que provocó el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, familiares de las víctimas denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) les retiró la calidad de víctimas indirectas y determinó no ejercer acción penal contra servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a que una investigación había sido reabierta tras una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El abogado Noé Franco señaló que la FGR tampoco notificó formalmente a los familiares sobre la determinación de no proceder penalmente, lo que impidió que pudieran ejercer oportunamente los mecanismos de impugnación previstos en el proceso. Un intento para controvertir esa falta de notificación ante un juez de control fue declarado improcedente.
La disputa mantiene abierto uno de los reclamos centrales de los familiares: que las investigaciones no se limiten a las responsabilidades ya determinadas por el derrumbe, sino que alcancen a servidores públicos cuya actuación u omisión pudiera haber contribuido a las condiciones que permitieron operar al plantel.
¿Qué reclaman las familias del Rébsamen?
Los familiares cuestionan principalmente tres decisiones atribuidas a la FGR: la modificación de su calidad como víctimas indirectas, la determinación de no ejercer acción penal contra servidores públicos de la SEP y la falta de notificación de esa resolución.
Para los afectados, esas decisiones reducen su posibilidad de intervenir en una investigación cuyo resultado consideran relevante para esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del colegio.
El abogado Noé Franco sostuvo que la actuación ministerial también representa un obstáculo para que las familias conozcan las razones jurídicas y probatorias por las cuales la Fiscalía decidió no llevar a juicio a los funcionarios señalados.
La investigación había sido reabierta
El caso tiene como antecedente una recomendación de la CNDH que llevó a revisar nuevamente las responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del Colegio Rébsamen.
La intervención del organismo nacional ocurrió después de que familiares cuestionaran que las investigaciones no hubieran agotado todas las líneas relacionadas con posibles responsabilidades de autoridades educativas.
La reapertura de una investigación no implica que exista responsabilidad penal contra las personas señaladas. Su propósito es permitir que las autoridades revisen los hechos y determinen, con base en las pruebas, si existen elementos suficientes para ejercer acción penal.
En este caso, la inconformidad de los familiares surge porque, después de esa reapertura, la FGR habría concluido que no existían elementos para proceder contra servidores públicos de la SEP.
¿Qué ocurrió con la notificación?
Uno de los puntos centrales del reclamo es que, según el abogado de las familias, la FGR no les comunicó formalmente la determinación de no ejercer acción penal.
La notificación es relevante porque permite a las víctimas conocer la resolución ministerial y, en su caso, utilizar los recursos jurídicos disponibles para cuestionarla.
Franco informó que los familiares intentaron impugnar judicialmente la falta de notificación, pero un juez de control declaró improcedente ese planteamiento.
La consecuencia práctica, de acuerdo con la representación legal, es que las familias enfrentan mayores dificultades para acceder a una resolución que consideran fundamental para determinar qué autoridades fueron investigadas, qué pruebas se analizaron y por qué se descartó la responsabilidad penal.
¿Qué papel tiene la SEP en el reclamo?
La discusión se concentra en servidores públicos de la SEP porque los familiares buscan determinar si existieron omisiones relacionadas con las condiciones bajo las cuales operaba el colegio.
El reclamo no implica que todos los servidores públicos señalados sean responsables del derrumbe. Para establecer responsabilidad penal tendría que acreditarse, mediante una investigación y las pruebas correspondientes, una conducta u omisión que encuadre en un delito y un vínculo con los hechos.
La posición de las familias es que esa posibilidad debe investigarse de manera exhaustiva y que las víctimas deben participar en el procedimiento conforme a los derechos que les reconoce la legislación.
El derrumbe ocurrió durante el sismo de 2017
El Colegio Rébsamen colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, ocurrido en el aniversario del terremoto de 1985.
El derrumbe provocó la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores y siete adultos. El caso generó una investigación penal que derivó en procesos contra autoridades y particulares vinculados con el funcionamiento y las condiciones del inmueble.
La tragedia también abrió una discusión sobre la supervisión de inmuebles escolares, la emisión de permisos y certificados, la actuación de autoridades locales y la responsabilidad de particulares.
A partir de entonces, distintas investigaciones y procesos judiciales han determinado responsabilidades individuales, aunque las familias sostienen que todavía existen líneas de investigación que no han sido agotadas.
Una investigación que llegó hasta autoridades locales
El caso Rébsamen también tuvo consecuencias judiciales para funcionarios de la entonces delegación Tlalpan.
Entre los procesos más relevantes estuvo el de Mónica García Villegas, directora y propietaria del colegio, quien fue sentenciada por homicidio culposo y posteriormente obtuvo su libertad tras cumplir la pena impuesta.
También fue procesada María de los Ángeles Moreno, quien se desempeñaba como directora general Jurídica y de Gobierno de Tlalpan, por su actuación relacionada con el funcionamiento del inmueble.
Estos procedimientos formaron parte de las investigaciones que siguieron al derrumbe, pero las familias han insistido en que las responsabilidades no deberían limitarse a los particulares o funcionarios locales ya procesados.
¿Qué significa retirar la calidad de víctima indirecta?
La calidad de víctima tiene consecuencias procesales. La legislación mexicana reconoce derechos específicos a quienes sufren directamente un delito y a determinadas personas afectadas de manera indirecta por éste.
Para los familiares del Rébsamen, la pérdida de esa condición limita su participación dentro de la investigación federal.
El abogado Noé Franco sostiene que la decisión de la FGR debe ser revisada porque las familias tienen un interés jurídico directo en conocer y controvertir las determinaciones relacionadas con la investigación de la muerte de sus familiares.
La controversia, por tanto, no se limita a la existencia o inexistencia de responsabilidad penal: también involucra el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos y acceder a la justicia.
La CNDH y el derecho a la verdad
La intervención de la CNDH adquiere relevancia porque las recomendaciones del organismo pueden abordar violaciones a derechos humanos derivadas de actos u omisiones de autoridades.
En casos de desastres con víctimas mortales, el derecho de los familiares a conocer qué ocurrió y qué responsabilidades pudieron existir forma parte de las obligaciones de las instituciones encargadas de investigar.
La exigencia de las familias del Rébsamen se relaciona precisamente con ese punto: que las investigaciones permitan reconstruir no sólo las causas inmediatas del colapso, sino también las decisiones administrativas y de supervisión que pudieron influir en las condiciones del inmueble.
Nueve años después, el reclamo continúa
El paso del tiempo se ha convertido en otro de los elementos centrales de la inconformidad.
A nueve años del sismo, los familiares consideran que todavía existen obstáculos institucionales para conocer de manera completa el alcance de las investigaciones y participar en las decisiones ministeriales.
La determinación de la FGR de no ejercer acción penal contra servidores públicos de la SEP, según la representación legal, vuelve a colocar el expediente en una disputa jurídica en la que las familias buscan que esa decisión pueda ser revisada.
Por ahora, la controversia permanece abierta en el ámbito jurídico. La denuncia de los familiares no equivale a una determinación judicial de responsabilidad contra los funcionarios señalados, y corresponde a las autoridades competentes resolver los recursos que eventualmente se interpongan.
El caso Rébsamen, sin embargo, mantiene vigente una pregunta que las familias llevan nueve años planteando: si todas las responsabilidades relacionadas con la operación y supervisión del colegio fueron realmente investigadas y si las víctimas han tenido acceso efectivo a la justicia y a la verdad. –sn–
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