Integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) acusan a Antorcha Campesina de ampliar su influencia en órganos de gobierno, áreas administrativas y decisiones universitarias, mientras cuestionan cambios normativos, contrataciones y manejo de recursos públicos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La influencia de Antorcha Campesina en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) es señalada por profesores, investigadores y estudiantes inconformes como uno de los principales factores detrás de la actual disputa por el control de los órganos de gobierno, la estructura administrativa y las decisiones académicas de la institución.
Los señalamientos apuntan al Consejo Universitario, la Rectoría, direcciones, jefaturas y otras áreas estratégicas. Los inconformes sostienen que el avance del grupo ha afectado la vida académica y de investigación, además de generar cuestionamientos sobre modificaciones a estatutos y reglamentos, contrataciones y utilización de recursos. Estas acusaciones corresponden a testimonios de integrantes inconformes y no constituyen, por sí mismas, una determinación oficial de responsabilidades.
La estructura institucional de la UACh confirma la relevancia de esos órganos. De acuerdo con la propia universidad, el Consejo Universitario es responsable de resolver asuntos académicos y administrativos generales, establecer políticas institucionales, aprobar reglamentos y revisar el proyecto presupuestal presentado por la Rectoría. La Comunidad Universitaria, a su vez, tiene atribuciones para aprobar modificaciones al Estatuto.
Acusan concentración de poder en Chapingo
Los integrantes de la comunidad consultados por La Jornada señalaron que la organización mantiene presencia en distintas áreas, entre ellas el patronato, Tesorería, Contraloría, Difusión Cultural, Preparatoria Agrícola, Sociología Rural, Fitotecnia y las direcciones Académica y de Administración.
También denunciaron que desde la administración encabezada por el rector Ángel Garduño García se habrían realizado modificaciones a la estructura universitaria y creado áreas que, según los inconformes, no estarían reconocidas en la normativa institucional.
Entre los cambios mencionados se encuentra la transformación de la Abogacía General en una jefatura jurídica y la incorporación de la Dirección de Centros Regionales a la Dirección General de Investigación y Posgrado. La información disponible públicamente confirma que la UACh mantiene un marco normativo específico para regular su estructura y órganos de gobierno.
Los denunciantes también señalaron la contratación de más de 200 asesores con categorías de analistas, a quienes atribuyen un ingreso irregular a la institución. Este señalamiento requiere una revisión documental de expedientes de contratación para establecer responsabilidades individuales, por lo que no puede presentarse como un hecho acreditado sin esa comprobación.
Reglamento académico genera disputa laboral
Uno de los conflictos más recientes se relaciona con el Reglamento Institucional para el Ingreso y Permanencia del Personal Académico.
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) rechazó el proyecto aprobado en lo general por el Consejo Universitario el 10 de agosto de 2026. La organización sindical sostiene que el nuevo esquema puede afectar la estabilidad laboral al privilegiar contrataciones por obra y tiempo determinado y cuestiona su compatibilidad con el contrato colectivo de trabajo y la legislación laboral.
El conflicto ocurre en una institución donde el propio marco normativo establece que el Consejo Universitario tiene atribuciones sobre asuntos generales de la universidad, mientras la legislación interna contempla mecanismos para aprobar modificaciones al Estatuto y los reglamentos.
El antecedente de la crisis de 2022
La disputa por el control de Chapingo no comenzó este año. En octubre de 2022, José Solís Ramírez fue removido de la Rectoría y Ángel Garduño García asumió como rector interino en medio de un conflicto interno que incluyó paros y una confrontación entre grupos universitarios.
Posteriormente, Garduño García se postuló para la Rectoría y ganó el proceso de elección de 2023. Desde entonces, distintos sectores han señalado una relación política entre su administración y Antorcha Campesina, mientras el propio rector ha rechazado acusaciones sobre su pertenencia a esa organización.
Los cuestionamientos sobre la presencia antorchista en la universidad también tienen antecedentes documentados en años anteriores. En 2023, investigaciones periodísticas ya describían una disputa por el control de los órganos universitarios y señalaban la presencia de Antorcha Campesina en espacios de decisión de la UACh.
Auditoría federal coloca el manejo de recursos bajo escrutinio
A los conflictos políticos y académicos se suman cuestionamientos sobre el ejercicio de recursos públicos.
De acuerdo con información publicada el 24 de agosto de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de la universidad por 51 millones 138 mil 657 pesos correspondiente a pagos que consideró improcedentes en la revisión de recursos federales del ejercicio 2024. La cifra forma parte de un pliego de observaciones y, por tanto, no equivale por sí misma a una sentencia ni determina responsabilidad definitiva.
Entre las observaciones referidas se encuentran pagos de sueldos superiores al tabulador autorizado, compensaciones, prestaciones, pagos posteriores a bajas y conceptos relacionados con inasistencias. La existencia de observaciones de la ASF debe distinguirse de una eventual determinación posterior de responsabilidades administrativas o resarcitorias.
La propia UACh cuenta con una Contraloría General que funciona como órgano interno de control y fiscalización, dependiente del Consejo Universitario, con atribuciones para contribuir al control y fiscalización de los recursos y al cumplimiento del marco normativo universitario.
Una disputa que trasciende la política universitaria
Los testimonios de profesores, investigadores y estudiantes describen un escenario en el que la disputa por los órganos de gobierno estaría teniendo consecuencias sobre la contratación docente, los proyectos de investigación, las condiciones laborales y la distribución de recursos.
Los inconformes han solicitado la intervención de autoridades federales y una revisión del manejo financiero de la institución. Al mismo tiempo, la UACh mantiene mecanismos formales de gobierno, fiscalización y aprobación de sus normas, por lo que determinar si existió una captura irregular de la institución requiere contrastar los señalamientos con actas del Consejo Universitario, expedientes de contratación, modificaciones estatutarias, presupuestos, auditorías y demás documentos oficiales.
La controversia coloca nuevamente a Chapingo ante una disputa que combina política universitaria, gobernabilidad, relaciones laborales y manejo de recursos públicos. El punto central, más allá de las acusaciones entre grupos, será establecer mediante documentos y procedimientos institucionales qué decisiones se adoptaron conforme a la normativa y cuáles, en su caso, deberán ser revisadas por las autoridades competentes. –sn–
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