El senador Ricardo Anaya exigió detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y pidió al Senado aprobar la desaparición de poderes en Sinaloa por presuntos vínculos del gobierno estatal con el crimen organizado.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, exigió detener y extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pidió al Senado de la República aprobar la desaparición de poderes en la entidad por la presunta intervención del crimen organizado en instituciones estatales.

Anaya sostuvo que la segunda licencia solicitada por Rocha Moya es insuficiente y afirmó que el mandatario estatal debe enfrentar las acusaciones formuladas en Estados Unidos. El gobernador volvió a separarse del cargo después de haber retomado sus funciones durante poco más de 30 horas, en medio de críticas de Morena y de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

El senador panista también acusó a Morena de proteger a Rocha Moya y sostuvo que la situación requiere consecuencias políticas en Sinaloa. Su postura ocurre mientras el gobierno federal mantiene abierta una investigación y ha señalado que Estados Unidos aún no entrega la documentación que sustente sus acusaciones contra el gobernador con licencia.

PAN plantea desaparición de poderes en Sinaloa

Anaya afirmó que el PAN ya presentó una solicitud para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa y adelantó que buscará que sea sometida a votación una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones del Senado.

El legislador argumentó que, desde su perspectiva, la presunta influencia del crimen organizado no se habría limitado al gobierno estatal, sino que también habría alcanzado procesos relacionados con el Congreso local y el Poder Judicial.

La propuesta forma parte de la respuesta política del PAN ante las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos documentos relacionados con solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra Rocha Moya y otras nueve personas.

Anaya sostiene que debe aplicarse el tratado de extradición

Durante la entrevista, el senador sostuvo que México debe atender la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición y afirmó que, una vez detenido Rocha Moya, comenzaría un plazo de 60 días para la entrega de documentación por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, la interpretación planteada por Anaya contrasta con la posición expresada por el gobierno federal. La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que no existe actualmente un plazo legal que obligue a Estados Unidos a entregar pruebas en esta etapa del procedimiento y que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones correspondientes.

La diferencia entre ambas posiciones resulta central en el caso. Mientras el senador panista exige ejecutar la detención provisional para iniciar el procedimiento de extradición, el gobierno federal sostiene que debe contar con elementos suficientes y ha reclamado a Estados Unidos la entrega de información que sustente sus señalamientos.

Rocha Moya volvió a pedir licencia

Rocha Moya había regresado a la gubernatura el viernes 21 de agosto, después de permanecer separado del cargo durante aproximadamente tres meses. Su reincorporación provocó críticas dentro de Morena y un deslinde del gobierno federal, que calificó la decisión como personal.

Un día después, el mandatario volvió a solicitar licencia temporal por tiempo indefinido. El Congreso de Sinaloa aprobó posteriormente la solicitud y quedó pendiente la designación de quien concluirá el periodo gubernamental.

La presidente Sheinbaum calificó el regreso de Rocha Moya como una decisión que no consideraba pertinente y sostuvo que el gobernador interino deberá permanecer en funciones hasta que concluya el periodo constitucional.

Anaya acusa división dentro de Morena

El coordinador panista también afirmó que Morena atraviesa un proceso de descomposición y sostuvo que existe una división interna entre distintos grupos del partido gobernante.

Anaya vinculó esa presunta división con la respuesta de diferentes integrantes del oficialismo ante los señalamientos contra Rocha Moya y otros funcionarios. También mencionó los casos de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y Andrés Manuel López Beltrán.

No obstante, el senador presentó estas afirmaciones como una valoración política de su partido y no como hechos acreditados mediante una resolución judicial.

También cuestiona investigaciones por huachicol fiscal

Durante la entrevista, Anaya se refirió además a las investigaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal y criticó que algunas audiencias judiciales se desarrollen bajo reserva.

El senador sostuvo que las investigaciones no deben limitarse a personas que, a su juicio, podrían ser utilizadas como “chivos expiatorios”, sino alcanzar a quienes resulten responsables de las operaciones ilícitas.

En este punto, Anaya atribuyó a la procuradora fiscal de la Federación una estimación de 600 mil millones de pesos relacionada con el huachicol fiscal, aunque dicha cifra y su alcance requieren ser diferenciados de las acusaciones y cálculos específicos de cada investigación.

La entrevista ocurrió el 24 de agosto de 2026, antes del inicio de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Patio del Federalismo del Senado. –sn–

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