Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma constitucional para exigir nacionalidad única a quienes ejerzan la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales, informó Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La propuesta busca impedir que quien ocupe la Presidencia de la República o encabece un gobierno estatal mantenga una doble nacionalidad, bajo el argumento de prevenir posibles conflictos de interés con una nación extranjera.

La iniciativa fue recibida este domingo 30 de agosto por el Senado y plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el requisito de nacionalidad única en los Poderes Ejecutivos federal y locales.

¿Qué plantea la reforma de Sheinbaum?

De acuerdo con Laura Itzel Castillo, el proyecto pretende garantizar que quienes ejerzan la titularidad de los Poderes Ejecutivos no cuenten con doble nacionalidad y, con ello, evitar posibles conflictos de interés derivados de vínculos jurídicos con otro país.

La legisladora informó a través de su cuenta de X que el documento corresponde a una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones constitucionales en materia de nacionalidad única.

La propuesta contempla tanto el ámbito federal como los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México, por lo que sus alcances abarcarían los distintos niveles del Poder Ejecutivo.

Iniciativa pasará a la Cámara de Diputados

Castillo precisó que el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo y someterse al análisis y dictamen correspondiente.

La iniciativa todavía deberá cumplir las distintas etapas del procedimiento de reforma constitucional antes de que pueda entrar en vigor. Su eventual aprobación requerirá el trámite previsto por la Constitución para este tipo de modificaciones.

El planteamiento ocurre en un contexto en el que la nacionalidad de quienes ocupan cargos públicos de mayor responsabilidad constituye un elemento regulado por la Constitución, particularmente en los requisitos para acceder a determinados puestos de elección popular. –sn–

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