La CNDH llamó a homologar las residencias médicas, prevenir violencia y precarización, y pidió al Congreso avanzar en reformas para proteger los derechos de médicos residentes.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió homologar los procesos de residencias médicas en México y garantizar condiciones que protejan los derechos de los médicos residentes, ante problemas de precarización laboral, violencia, agotamiento y una situación jurídica que los coloca entre la formación académica y el trabajo hospitalario.

Durante la presentación del Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de los médicos residentes en México, la presidente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a las instituciones públicas y privadas involucradas en estos programas a realizar los ajustes necesarios y exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a dictaminar las iniciativas de reforma que permanecen pendientes en la materia.

La CNDH señaló que las condiciones en las que se forman los especialistas tienen efectos tanto en los derechos de los médicos residentes como en la calidad de los servicios de salud. El organismo también planteó la necesidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualice sus programas y convenios de colaboración con instituciones sanitarias para garantizar espacios libres de violencia.

Médicos residentes enfrentan una doble condición jurídica

El informe identifica como uno de los principales problemas la dualidad jurídica que enfrentan los médicos residentes, quienes son considerados estudiantes en formación y, al mismo tiempo, desarrollan actividades propias del personal que trabaja dentro de los hospitales.

De acuerdo con la CNDH, esta situación puede generar condiciones de desprotección y favorecer problemas relacionados con las jornadas laborales, riesgos profesionales, violencia de género, agotamiento físico y emocional y precarización.

Piedra Ibarra sostuvo que esta problemática está relacionada con décadas de insuficiencias estructurales del sistema de salud y señaló que la falta de infraestructura y de personal especializado trasladó una parte importante de la carga operativa hacia quienes realizan las residencias.

El organismo planteó que fortalecer la formación médica requiere atender simultáneamente las condiciones académicas, laborales y de derechos humanos de los residentes, debido a que su desempeño forma parte del funcionamiento cotidiano de hospitales, áreas de urgencias, quirófanos y servicios de atención médica.

IMSS ya eliminó guardias mayores a 24 horas

Entre los avances señalados por la CNDH se encuentra la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de eliminar las guardias mayores a 24 horas y establecer un descanso obligatorio de 24 horas después de las actividades clínicas y complementarias de los médicos residentes.

El IMSS informó en febrero de 2026 que también eliminó la postguardia y vinculó la medida con la protección de la salud física y mental de los residentes, así como con la seguridad de los pacientes. El instituto señaló que la falta prolongada de descanso puede afectar la concentración, la memoria, la capacidad de reacción y la toma de decisiones.

La expansión de las plazas para residencias médicas también forma parte de los cambios recientes. El IMSS reportó que los lugares para formación especializada pasaron de 44 mil a 71 mil durante el periodo señalado por el instituto desde 2019.

La CNDH también reconoció avances en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, particularmente en materia de formación y contratación de especialistas.

Informe plantea una ruta de acción

La directora general y encargada del despacho de la Sexta Visitaduría General, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, explicó que el informe forma parte del trabajo de la CNDH en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

El documento analiza antecedentes de las residencias médicas y su relación con los derechos a la salud, el trabajo y la educación; además, incorpora estudios de caso realizados en instituciones como el IMSS, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Entre los obstáculos documentados aparecen la dualidad jurídica, los riesgos laborales, la precarización, la violencia de género y el agotamiento físico y emocional, así como sus posibles repercusiones en la salud de los propios médicos residentes.

El informe también revisa programas académicos, mecanismos de denuncia y medidas institucionales orientadas a reducir las horas de guardia. Sus conclusiones plantean un diagnóstico de crisis estructural y una ruta de acción integral para mejorar las condiciones de formación. –sn–

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