El senador Javier Corral afirmó que la elección judicial de 2025 provocó la pérdida de casi 60% de los juzgadores locales capacitados para implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La elección judicial de 2025 provocó la salida de casi 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados para implementar el nuevo modelo nacional de justicia civil y familiar, afirmó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado.
El legislador de Morena señaló que la renovación de los órganos jurisdiccionales generó una pérdida de personal especializado que ya había sido preparado para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor está prevista de manera gradual.
Corral vinculó esta situación con la posibilidad de volver a aplazar la implementación del nuevo ordenamiento, al considerar que el relevo de juzgadores implica recuperar la capacitación necesaria para operar el modelo nacional.
Elección judicial modificó la plantilla capacitada
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corral explicó que el impacto de la elección judicial no se limita al cambio de titulares en los órganos jurisdiccionales.
El senador sostuvo que casi 60% de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados y formados para la transición al nuevo sistema dejaron de formar parte de la estructura judicial después del proceso electoral de 2025.
La declaración coincide con una preocupación que Corral ya había expresado meses atrás. En abril de 2026 señaló que la elección judicial de 2025 había generado la pérdida de 60% de los juzgadores locales capacitados para el nuevo modelo de procedimientos civiles y familiares.
El impacto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un modelo homologado para la impartición de justicia en estas materias y requiere procesos de capacitación y adaptación institucional antes de su aplicación.
Corral explicó que la pérdida de personal previamente formado representa una de las circunstancias que han llevado a plantear un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor del ordenamiento.
En declaraciones previas, el senador había señalado que la entrada en vigor está prevista para abril de 2027 y que incluso se analiza la posibilidad de modificar nuevamente ese calendario.
El señalamiento también fue planteado en el contexto de los trabajos legislativos para revisar la implementación de la reforma judicial y los mecanismos de preparación de los nuevos integrantes del Poder Judicial.
Senado busca incorporar conocimiento especializado
Durante el acto con el Inacipe, Corral sostuvo que los convenios entre el Senado y organismos especializados deben traducirse en participación efectiva de expertos en los procesos legislativos.
El acuerdo contempla colaboración en materia de capacitación, investigación, asesoría, docencia y espacios de diálogo relacionados con asuntos de justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia planteó que la experiencia de especialistas puede contribuir a revisar los cambios derivados de la reforma judicial y a definir mecanismos de evaluación y capacitación para los próximos procesos de selección.
La discusión ocurre mientras el Poder Legislativo analiza modificaciones al funcionamiento del sistema judicial y las condiciones necesarias para garantizar la transición hacia el modelo nacional de justicia civil y familiar. –sn–
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