Ernesto Ruffo Appel continuará su proceso penal en prisión domiciliaria tras la decisión de una jueza de control. Será trasladado del Altiplano a Ensenada.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continuará en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, luego de que un juez de control modificó este viernes la medida cautelar que cumplía en el penal federal del Altiplano.
La resolución permitirá que Ruffo Appel deje el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México, y sea trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California. De acuerdo con reportes sobre la resolución, las autoridades cuentan con un plazo de 48 horas para realizar el traslado.
El cambio de medida cautelar ocurrió durante una audiencia celebrada este viernes, después de que la defensa solicitó que el exmandatario continuara el proceso fuera del centro penitenciario, con argumentos relacionados con su edad y condiciones de salud. Ruffo Appel tiene 74 años.
Continuará el proceso penal
La prisión domiciliaria no implica la conclusión del proceso penal. Ruffo Appel seguirá sujeto a las determinaciones de la autoridad judicial mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso.
El exgobernador fue detenido en julio y posteriormente quedó sujeto a prisión preventiva en el Altiplano, luego de ser vinculado a proceso por delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Ruffo Appel habría participado en un esquema para introducir hidrocarburos al país mediante operaciones presuntamente irregulares. La defensa, por su parte, ha rechazado que el exgobernador haya participado en los hechos que se le atribuyen.
Traslado a Ensenada
Con la modificación de la medida cautelar, Ruffo Appel deberá continuar bajo las condiciones que establezca la autoridad judicial desde su domicilio en Ensenada.
El caso permanece en etapa de proceso penal, por lo que la decisión sobre la prisión domiciliaria modifica el lugar donde se ejecuta la medida cautelar, pero no determina la responsabilidad penal del exgobernador. –sn–
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