La CIDH llamó a México a preservar los avances de la investigación, profundizar las líneas pendientes y acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano preservar los avances de las investigaciones, profundizar las líneas pendientes y acelerar las acciones para determinar la suerte o paradero de los jóvenes.
La CIDH señaló que los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no han sido esclarecidos de manera definitiva y que el destino de los procesos judiciales continúa siendo incierto. La Comisión sostuvo que los avances alcanzados fueron posibles por el trabajo conjunto de las familias, sus representantes, autoridades y organizaciones nacionales e internacionales.
CIDH mantiene vigente su medida cautelar
La Comisión recordó que el 3 de octubre de 2014 emitió la medida cautelar 409/14, mediante la cual solicitó al Estado mexicano determinar el paradero de los estudiantes y brindar atención a los sobrevivientes de los ataques.
A partir de esa medida, la CIDH participó en el seguimiento del caso y, mediante acuerdos con el Estado mexicano, impulsó en distintos periodos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Comisión también dio seguimiento a las recomendaciones del grupo mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
El trabajo del GIEI permitió cuestionar científicamente la llamada “verdad histórica”, particularmente la hipótesis de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Sus investigaciones también documentaron irregularidades en la integración de pruebas y diligencias relacionadas con el caso.
La CIDH recordó además que, durante la última etapa del GIEI, fueron revisados videos que mostraban que la Secretaría de Marina (Semar) había documentado diligencias realizadas por la entonces Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula.
Investigación mantiene nuevas líneas abiertas
La Comisión Interamericana señaló que organizaciones nacionales e internacionales han contribuido mediante la revisión de cientos de tomos de las investigaciones, el análisis de declaraciones, la identificación de inconsistencias y la realización de nuevas entrevistas.
Entre las organizaciones que han acompañado a las familias se encuentran Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz.
La CIDH también señaló que estos trabajos permitieron documentar afectaciones psicosociales entre los sobrevivientes y familiares, así como denuncias relacionadas con posibles actos de tortura durante interrogatorios a personas vinculadas con las investigaciones.
La postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre algunos de estos aportes generó un nuevo punto de desacuerdo. De acuerdo con la CIDH, cuestionar la asistencia técnica internacional puede afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La CNDH, por su parte, ha sostenido públicamente posiciones distintas respecto de algunas conclusiones sobre la participación militar en el caso.
Responsabilidades deben determinarse con pruebas
A 12 años de los hechos, la CIDH expresó preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de integrantes de las fuerzas militares en los acontecimientos de Iguala.
La Comisión precisó que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de investigar y sancionar los hechos, con base en las pruebas disponibles y conforme al marco constitucional mexicano y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese proceso participa la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), creada específicamente para investigar y judicializar los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
La CIDH ha señalado que las investigaciones deben considerar la posible responsabilidad en distintos niveles, incluida la cadena de mando político, la actuación de corporaciones de seguridad y la participación de agentes encargados de la procuración de justicia.
También ha planteado profundizar las investigaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de fuerzas militares y policiales y grupos criminales que operaban en Guerrero durante el periodo de los hechos. –sn–
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