Frayba denuncia hostigamiento, detenciones arbitrarias y multas por 48 mil 450 pesos contra bases zapatistas en Ocosingo, Chiapas, por un conflicto relacionado con la educación autónoma.
Por Martín García | Reportero
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció hostigamiento, detenciones arbitrarias, amenazas y multas contra integrantes de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en el ejido La Culebra, ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Las seis personas detenidas durante los hechos reportados ya fueron liberadas, pero las sanciones económicas por 48 mil 450 pesos continúan, según el organismo.
Las agresiones ocurrieron del 3 al 6 de octubre de 2026 en el territorio del Caracol 9, Nueva Jerusalén. El Frayba sostiene que los hechos buscan debilitar la autonomía zapatista y ejercer control político y territorial sobre la comunidad.
El conflicto está relacionado con la educación autónoma de las familias zapatistas y con la aplicación del programa federal La Escuela es Nuestra. De acuerdo con las denuncias documentadas por el organismo, el programa estaría utilizándose como mecanismo de presión para incrementar la matrícula de la escuela oficial a cambio de mayores recursos, lo que habría generado intimidaciones contra familias que mantienen su propio sistema educativo.
Seis integrantes fueron detenidos y liberados
De acuerdo con los reportes difundidos por el Frayba, el 3 de octubre fue detenido Sebastián Pérez Gutiérrez y, un día después, Daniel López Aguilar. El 6 de octubre, durante una asamblea comunitaria, fueron detenidos Marcos López Mendoza, Mariano Pérez López y Antonio Pérez López; posteriormente, se reportó la detención de Miguel Ángel Cruz Díaz.
Las seis personas recuperaron su libertad el 10 de octubre, según la información difundida por el organismo de derechos humanos. Sin embargo, el caso mantiene un componente económico: las multas impuestas suman 48 mil 450 pesos y afectan tanto a personas detenidas como a otras familias zapatistas.
El Frayba considera que estas sanciones forman parte de un patrón de castigo relacionado con las decisiones de organización comunitaria y con la defensa de la autonomía. Estas afirmaciones corresponden a la documentación y postura del organismo, sin que en la información consultada se incluya una respuesta oficial de las autoridades señaladas.
La disputa por la educación autónoma
Las familias zapatistas sostienen su derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias formas de organización. Según la denuncia, la exigencia de aumentar la matrícula en el plantel oficial para acceder a mayores recursos públicos genera presión sobre quienes optan por la educación autónoma.
La controversia plantea preguntas sobre la aplicación de los programas sociales en comunidades indígenas, el respeto a sus formas de organización y las condiciones para ejercer el derecho a la educación. El señalamiento central del Frayba es que los recursos públicos no deben convertirse en un instrumento de presión contra las familias que mantienen proyectos educativos propios.
El organismo también relacionó los hechos con un contexto más amplio de tensiones en territorios zapatistas y sostuvo que las agresiones serían toleradas o permitidas por autoridades municipales, estatales y federales. Esta acusación forma parte de su posicionamiento público y requiere una respuesta de las instancias señaladas para contar con una versión institucional contrastada.
Frayba exige respeto a la autonomía zapatista
Ante los hechos, el Frayba exigió el cese inmediato de las acciones que considera represivas contra las bases de apoyo del EZLN en La Culebra y en otros territorios de jurisdicción autónoma. También pidió respetar la libre determinación de los pueblos originarios y sus formas propias de organización.
La denuncia ocurre mientras integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) preparan la iniciativa denominada Gira por la Vida: Capítulo México, que contempla encuentros en la Ciudad de México con organizaciones, colectivos y movimientos de familias buscadoras.
El caso mantiene en el centro la relación entre autonomía indígena, educación comunitaria y acceso a recursos públicos. Mientras las seis personas detenidas ya fueron liberadas, las multas económicas y las denuncias de hostigamiento continúan como los principales puntos de preocupación expuestos por el organismo defensor de derechos humanos. –sn–
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