Claudia Sheinbaum amplió la consulta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Las comunidades pidieron más tiempo para revisar la iniciativa, que incluirá propuestas sobre recursos, territorio y obras comunitarias.
Por Paola Ramírez | Reportera
La consulta para elaborar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos continuará abierta hasta que las propias comunidades consideren concluido el proceso, anunció la presidente Claudia Sheinbaum Pardo el 12 de octubre, luego de que representantes indígenas y afromexicanos solicitaron más tiempo para revisar la propuesta.
La decisión aplaza la entrega de la iniciativa al Congreso de la Unión, prevista inicialmente para esta fecha, y mantiene en manos de los pueblos participantes la determinación sobre cuándo estará lista. La legislación busca establecer un marco general para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos colectivos.
Durante un diálogo con representantes de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, celebrado en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la propuesta deberá incorporar las observaciones surgidas de las asambleas y mesas de trabajo, además de considerar mecanismos relacionados con el financiamiento comunitario, los planes de justicia y la propiedad comunal.
Consulta indígena continuará hasta concluir la revisión
La ampliación del proceso fue solicitada por Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, quien entregó una propuesta de ley y planteó la necesidad de disponer de más tiempo para revisar los asuntos pendientes.
Sheinbaum sostuvo que la iniciativa no será presentada al Poder Legislativo hasta que los participantes consideren concluida la consulta.
La decisión se vincula con el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas que puedan afectarles. El propósito es que el contenido de la futura ley recoja sus planteamientos y no se limite a una elaboración desde las instituciones gubernamentales.
El proceso se desarrolla mediante asambleas regionales y mesas de trabajo coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
FAISPIAM, planes de justicia y caminos artesanales, entre las propuestas
Durante el encuentro, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la iniciativa debe considerar instrumentos y programas que inciden directamente en las condiciones de vida de las comunidades.
Entre los asuntos mencionados se encuentran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), los Planes de Justicia, los caminos artesanales y el reconocimiento de la propiedad comunal tradicional.
La continuidad del FAISPIAM fue una de las principales preocupaciones expresadas por los representantes. El fondo permite destinar recursos directamente a las comunidades para financiar obras y atender necesidades de infraestructura.
Los participantes también plantearon asuntos relacionados con el acceso al agua potable, la educación, los comedores comunitarios y los apoyos para jóvenes universitarios. Las intervenciones reflejaron demandas distintas según las condiciones territoriales y sociales de cada pueblo.
Más de 52 mil obras financiadas con recursos del FAISPIAM
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, informó que durante 2025 y 2026 se ejercieron 25 mil 424 millones de pesos del FAISPIAM para realizar 52 mil 547 obras.
De acuerdo con las cifras presentadas, los recursos se han destinado a infraestructura comunitaria, en un esquema de asignación directa que forma parte de los instrumentos de atención a los pueblos indígenas y afromexicanos.
El funcionario también reportó avances en los Planes de Justicia. Según su exposición, los 22 planes implementados han beneficiado a 2.6 millones de personas indígenas de 14 estados, con una inversión acumulada de 64 mil 523 millones de pesos.
En materia territorial, enumeró la restitución de 45 mil 794 hectáreas al pueblo Yaqui; 6 mil 26 hectáreas en la Sierra Tarahumara; 5 mil 956 hectáreas para la comunidad Wixárika de Jalisco, y 569 hectáreas para el primer ejido Otomí.
Además, informó que la meta para este año contempla la construcción de 400 caminos artesanales.
Consulta acumula 77 asambleas regionales y 2 mil 287 aportaciones
El director general del INPI señaló que, hasta el momento del informe, se habían realizado 77 asambleas regionales de consulta y 19 mesas de trabajo para reunir propuestas destinadas a la elaboración de la ley.
Estos ejercicios generaron 2 mil 287 aportaciones, que deberán considerarse durante la integración de la iniciativa. Las cifras corresponden al balance presentado durante el encuentro presidencial.
La consulta constituye una etapa previa a la discusión legislativa. Una vez que las comunidades consideren concluido el proceso, la iniciativa podrá enviarse al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.
La ampliación del plazo mantiene abierto el debate sobre los alcances de la legislación y las condiciones necesarias para que las propuestas de los pueblos originarios y afromexicanos queden reflejadas en el texto final. –sn–
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