La CNDH pidió al gobierno de Jalisco garantizar la protesta pacífica tras los enfrentamientos en Guadalajara. La comisión estatal abrió una investigación y dictó medidas cautelares para proteger a las personas detenidas.
Por Martín García | Reportero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno de Jalisco garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, tras los enfrentamientos registrados el 11 de octubre durante una movilización ciudadana por la calidad del agua en Guadalajara.
El pronunciamiento ocurre en medio de las denuncias por el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y presuntas detenciones arbitrarias durante la protesta. La movilización buscaba exigir soluciones ante los problemas de calidad del agua potable que afectan a distintas colonias de la zona metropolitana.
La controversia también derivó en investigaciones sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió el acta de investigación 41, dictó medidas cautelares para proteger a las personas detenidas y comenzó el seguimiento de los hechos.
CNDH pide garantizar los derechos de los manifestantes
En su pronunciamiento, la CNDH manifestó preocupación por el empleo de medios coercitivos para dispersar movilizaciones sociales y recordó que las autoridades deben garantizar la seguridad y la integridad de quienes participan en ellas.
El organismo señaló que los reportes sobre posibles detenciones arbitrarias y afectaciones físicas requieren una respuesta de las autoridades competentes, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
También recordó que la protesta social constituye una forma de ejercer los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, reconocidos en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales suscritos por México.
La comisión hizo referencia a su Recomendación General 46/2022, dirigida a los gobiernos estatales, y sostuvo que las actuaciones de las fuerzas de seguridad deben apegarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
Investigación por detenciones y posibles abusos policiales
La CEDHJ informó que abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para solicitar que se garantice la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas. El organismo estatal también realiza el seguimiento de los acontecimientos y acompaña a los afectados.
De acuerdo con información difundida el 13 de octubre, la Fiscalía del Estado de Jalisco reportó que 32 de las 39 personas detenidas tras la movilización habían recuperado su libertad. La investigación ministerial continúa, por lo que la liberación no significa necesariamente que los expedientes hayan sido cerrados.
La actuación policial y las circunstancias de las detenciones deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes, con respeto al debido proceso y a los derechos de las personas involucradas.
La CNDH ofreció su cooperación institucional para contribuir al seguimiento del caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
La calidad del agua, origen de la movilización
La marcha del 11 de octubre reunió a ciudadanos y personas defensoras del derecho al agua que exigieron respuestas ante los problemas reportados en el suministro de distintas colonias del área metropolitana de Guadalajara.
La movilización partió de la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad estatal.
La CNDH advirtió que las denuncias relacionadas con la calidad del agua y las protestas ciudadanas deben atenderse con respeto a los derechos humanos. El caso mantiene abiertas dos exigencias públicas: esclarecer la actuación de las fuerzas de seguridad y ofrecer respuestas a la población sobre el suministro de agua potable. –sn–
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