Francisco Garduño queda exonerado del delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio migratorio de 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. La asesoría jurídica de las víctimas anunció que impugnará la resolución judicial.
Por Martín García | Reportero
El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón decretó la extinción de la acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, en el caso del incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas.
La resolución, emitida el martes 13 de octubre de 2026, puso fin a la causa penal 237/2023 contra el exfuncionario, luego de que el juez consideró cumplidas las condiciones impuestas para la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, el asesor jurídico de las víctimas, Marcos Zavala, anunció que impugnará la determinación judicial.
Durante la audiencia, que se prolongó alrededor de ocho horas, se revisó el cumplimiento de las medidas impuestas a Garduño, entre ellas el pago de indemnizaciones, la presentación de una disculpa pública y la realización de capacitaciones en derechos humanos y protección civil. A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal, familiares y personas cercanas a las víctimas lo recibieron con gritos de “asesino” y exigencias de justicia.
¿Por qué terminó el proceso penal contra Francisco Garduño?
La defensa de Garduño sostuvo que el excomisionado cumplió las condiciones establecidas por el juez para acceder al beneficio de la suspensión condicional del proceso, concedido en enero de 2025.
Entre las medidas consideradas se encuentran las indemnizaciones a las víctimas, una disculpa pública y la capacitación en derechos humanos y protección civil. Con base en el cumplimiento de esas obligaciones, el juez determinó extinguir la acción penal y sobreseer la causa 237/2023.
La decisión se refiere al procedimiento seguido contra Garduño por ejercicio ilícito del servicio público. No debe confundirse con una resolución que establezca la inexistencia de responsabilidades por todos los hechos relacionados con el incendio, ni con el cierre de las investigaciones y procesos contra otros posibles responsables.
Víctimas apelarán la decisión del juez
Marcos Zavala, asesor jurídico de las víctimas, anunció que promoverán un recurso contra la resolución. También señaló que existen otros procedimientos federales relacionados con el incendio, por lo que la determinación sobre Garduño no significa que todos los asuntos judiciales derivados de la tragedia hayan concluido.
Al término de la audiencia, el abogado cuestionó las condiciones en las que se resolvió el caso y sostuvo que la decisión representa un ejemplo de justicia selectiva.
“La ausencia de la representación victimal fue lo que permitió, al inicio de este proceso, que se obtuviera ese beneficio”, afirmó, al reiterar que impugnarán la determinación.
Las víctimas y sus representantes han cuestionado la respuesta institucional frente a la tragedia y la manera en que se han atendido las obligaciones de reparación del daño. Sus señalamientos forman parte de una disputa jurídica que deberá seguir los cauces correspondientes.
El incendio en Ciudad Juárez dejó 40 migrantes muertos
El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ubicada en la frontera con El Paso, Texas. El incendio comenzó después de que algunos migrantes prendieron fuego a colchonetas, en un contexto de protesta dentro del área de alojamiento.
En el lugar permanecían personas bajo custodia migratoria. Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas posteriormente mostraron que los agentes no abrieron oportunamente las rejas del área donde estaban encerrados los hombres, mientras el humo se extendía por las instalaciones.
El saldo fue de 40 personas fallecidas y 27 lesionadas. La tragedia provocó cuestionamientos sobre las condiciones de detención, los protocolos de emergencia y la actuación de los funcionarios encargados de la estación migratoria.
El caso derivó en diversas investigaciones y procesos penales contra servidores públicos y otras personas presuntamente relacionadas con los hechos. –sn–
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