Para ello, la diputada Elizabeth Mateos propuso reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Cdmx

Por Luis Muñoz | Reportero

Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles con el propósito de evitar que pequeños negocios sean sancionados o clausurados por trámites pendientes o documentos faltantes que puedan subsanarse.

La legisladora explicó que su propuesta busca establecer un plazo de hasta tres meses para que los establecimientos de bajo impacto regularicen su situación administrativa y documental a partir de su apertura, así como privilegiar la orientación y el cumplimiento de la ley antes de recurrir a medidas que puedan afectar su actividad económica.

Expresó que “¡un trámite pendiente no debería significar un negocio cerrado!”, luego de señalar que “detrás de una tienda, papelería, estética, fonda o consultorio, existen personas que han invertido sus ahorros, tiempo y años de trabajo para construir su patrimonio”.

De acuerdo con el Censo Económico 2024 del INEGI, en la capital del país existen más de 450 mil establecimientos mercantiles; en 2023 se reportó la apertura de más de 18 mil negocios de bajo impacto que contribuyen a la generación de empleos y fomento a la economía capitalina.

En ese contexto, Mateos Hernández reconoció los avances impulsados por la Cuarta Transformación en materia de simplificación administrativa, particularmente durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno, cuando la modernización del sistema de avisos y permisos permitió reducir de tres meses a aproximadamente diez minutos la realización de un trámite en línea.

Asimismo, destacó el nuevo modelo de verificación administrativa presentado el pasado primero de octubre por la jefe de gobierno, Clara Brugada Molina, que contempla prevenir antes que sancionar, evitar clausuras por irregularidades subsanables, combatir la corrupción y actuar de inmediato cuando exista algún riesgo para las personas.

Precisó que este modelo contempla, mediante el Código AVISA, hasta tres notificaciones para corregir irregularidades administrativas antes de una eventual suspensión de actividades.

Dijo que “verificar no debe ser sinónimo de clausurar. Verificar, también debe significar orientar, prevenir y ayudar a cumplir”.

La iniciativa propone adicionar un capítulo especial a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la ciudad de México para establecer reglas claras que brinden mayor certeza a los propietarios de negocios de bajo impacto.

Entre las medidas planteadas se encuentra que, durante la primera visita de verificación, la autoridad informe con claridad sobre las omisiones que puedan corregirse y otorgue un plazo razonable para atenderlas, sin imponer de inmediato multas o clausuras.

También propone evitar visitas de verificación reiteradas e injustificadas una vez acreditado el cumplimiento de las obligaciones legales, así como impedir que las autoridades exijan documentos o requisitos que no estén expresamente establecidos en la legislación.

“Las personas tienen la obligación de cumplir la ley, pero las autoridades también tienen la obligación de respetarla”, enfatizó.

La legisladora promovente aclaró que la propuesta no pretende eliminar las verificaciones ni permitir que los establecimientos operen en condiciones que pongan en peligro a las personas, pues la seguridad, la protección civil y la salud deben mantenerse como prioridades.

El objetivo, dijo, es distinguir entre una irregularidad administrativa que puede corregirse y una situación que representa un riesgo real y requiere la intervención inmediata de las autoridades.

Finalmente, la diputada Elizabeth Mateos subrayó que facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales significa proteger el trabajo y el patrimonio de las familias que diariamente enfrentan gastos de renta, servicios y salarios para mantener abiertos sus negocios.

“¡Que primero llegue la orientación, que después venga la regularización y que la sanción se aplique cuando realmente corresponda!”, concluyó la legisladora.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Administración Pública Local para su dictamen. –sn–