A 25 años del asesinato de Digna Ochoa, organizaciones y familiares exigen esclarecer el caso, cumplir la sentencia de la Corte Interamericana y fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos en México.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A 25 años del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, familiares y organizaciones civiles exigieron esclarecer el homicidio, garantizar la reparación integral y cumplir las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano.
Durante una conferencia de prensa y un acto simbólico frente a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, los participantes instalaron un altar y leyeron un pronunciamiento para mantener vigente la exigencia de verdad y justicia. También denunciaron que continúan pendientes medidas de reparación establecidas en la sentencia internacional de 2021.
El caso trasciende la investigación de la muerte de la abogada, ocurrida el 19 de octubre de 2001: la resolución de la Corte IDH determinó la responsabilidad internacional de México por violaciones relacionadas con las deficiencias de la investigación y el uso de estereotipos que afectaron la honra y dignidad de la defensora.
Digna Ochoa: una investigación que sigue bajo cuestionamiento
Las organizaciones señalaron que todavía se requiere una investigación diligente, exhaustiva y con perspectiva de género que permita esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar las responsabilidades y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables.
También advirtieron que el paso del tiempo prolonga la incertidumbre para la familia y subrayaron que la investigación debe evitar prejuicios que desacrediten a la víctima o minimicen su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Ochoa dedicó su trayectoria al acompañamiento de víctimas y a la defensa de derechos fundamentales frente a abusos de poder. El acto conmemorativo buscó reconocer ese legado y recordar que el acceso a la verdad y la justicia continúa siendo una demanda de sus familiares.
Las medidas de reparación que siguen en el centro de las exigencias
La sentencia del caso Digna Ochoa y familiares vs. México, emitida en noviembre de 2021, ordenó al Estado adoptar medidas de investigación, reparación y garantías de no repetición. Las organizaciones denunciaron pendientes y reclamaron avances verificables en los compromisos establecidos.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Impulsar una investigación integral para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.
- Garantizar atención médica y psicológica a las víctimas.
- Diseñar e implementar una campaña nacional de reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
- Elaborar un plan calendarizado para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Garantizar medidas efectivas para proteger a los testigos.
- Cumplir la disposición de nombrar una calle en Misantla, Veracruz, en memoria de Digna Ochoa.
Las organizaciones insistieron en que las medidas deben traducirse en reparación integral para las víctimas y cambios institucionales que ayuden a prevenir nuevas agresiones. La sentencia también contempla otras obligaciones, entre ellas acciones relacionadas con la investigación de ataques contra personas defensoras.
Violencia contra personas defensoras: los riesgos persisten
Durante el acto, las agrupaciones alertaron sobre las amenazas, la criminalización, las desapariciones y los asesinatos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México. Estas agresiones también afectan a sus familias, organizaciones y comunidades.
Las mujeres defensoras afrontan riesgos específicos, entre ellos agresiones sexuales, ataques misóginos, violencia digital y campañas de desprestigio basadas en estereotipos de género. Las organizaciones señalaron que el racismo y otras formas de discriminación agravan la vulnerabilidad de defensoras indígenas, afromexicanas y trans.
De acuerdo con las cifras presentadas por las organizaciones, durante 2025 se documentaron 43 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país. Advirtieron que la impunidad y la falta de garantías de seguridad inhiben las denuncias y la participación pública.
Cuestionan el acceso al mecanismo de protección
Las agrupaciones también expresaron preocupación por el funcionamiento del mecanismo federal de protección. Según los datos que difundieron, entre 2024 y junio de 2026 se recibieron 409 solicitudes, de las cuales 289 fueron inadmitidas, equivalentes a 70.66 por ciento.
Las organizaciones señalaron que las barreras de acceso y las deficiencias en la atención pueden dejar a las personas solicitantes en condiciones de riesgo. También advirtieron que algunas personas han sido asesinadas mientras contaban con medidas de protección o esperaban ser incorporadas al mecanismo.
Por ello, exigieron fortalecer la evaluación de riesgos, la coordinación institucional y la aplicación efectiva de las medidas, además de garantizar que las solicitudes reciban atención adecuada y oportuna. –sn–
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