Defensa y la SSPC firman un convenio para fortalecer el intercambio de inteligencia, conectar sistemas de la Guardia Nacional y mejorar las investigaciones contra grupos criminales en México.
Por Martín García | Reportero
Las instituciones federales de seguridad reforzarán el intercambio de información para investigar a organizaciones criminales y mejorar la planeación de operativos, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) firmaran un convenio de coordinación interinstitucional este martes 20 de octubre.
El acuerdo, suscrito por el general Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch, contempla aprovechar la Plataforma Central de Inteligencia (PCI) y los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También permitirá interconectar los sistemas de la Guardia Nacional con esta herramienta tecnológica.
La medida busca facilitar el análisis de datos, identificar posibles vínculos entre integrantes de grupos delictivos y fortalecer las investigaciones. El intercambio de información deberá realizarse conforme a la legislación aplicable.
¿Qué cambia con el convenio de inteligencia?
García Harfuch explicó que la consulta y el intercambio de información entre las instituciones permitirán combinar los datos de inteligencia con los obtenidos en campo para identificar estructuras criminales y planear operaciones con investigaciones más sólidas.
El funcionario señaló que la coordinación entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles es necesaria para mejorar la capacidad de respuesta frente a las organizaciones delictivas.
La Plataforma Central de Inteligencia funciona como una herramienta tecnológica para integrar, consultar y analizar información disponible en distintos sistemas. Su operación se encuentra contemplada en la legislación mexicana en materia de investigación e inteligencia para la seguridad pública.
La conexión entre instituciones busca aprovechar esos recursos para orientar las investigaciones y apoyar las acciones contra delitos de alto impacto, sin que el acceso a la información sustituya los procedimientos legales correspondientes.
Defensa reporta reducción de homicidios y decomisos
Durante el acto, Trevilla Trejo afirmó que el trabajo coordinado permitió reducir 52 por ciento los homicidios durante los primeros dos años de la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.
El secretario también reportó más de 70 mil personas detenidas por su presunta participación en delitos, alrededor de 36 mil armas de fuego aseguradas, casi 570 toneladas de sustancias ilegales decomisadas y aproximadamente 2 mil 800 laboratorios clandestinos desmantelados.
Estas cifras fueron presentadas por el titular de Defensa como resultados de las acciones conjuntas de seguridad. Su alcance depende de los periodos de medición y de los criterios empleados para contabilizar detenciones, aseguramientos y operaciones.
En una comparecencia ante el Senado realizada el 13 de octubre, García Harfuch informó que, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52 por ciento, equivalente a 45 homicidios menos al día, según los datos expuestos por la SSPC.
Guardia Nacional ampliará el uso de inteligencia
El convenio también busca fortalecer las capacidades de la Guardia Nacional, cuya consolidación registra un avance cercano a 80 por ciento, de acuerdo con lo informado durante la firma.
La corporación participa en tareas de seguridad pública en carreteras, combate al robo de autotransporte y acciones contra el robo de hidrocarburos. La interconexión con la plataforma permitirá aprovechar información de inteligencia para apoyar estas labores.
Trevilla Trejo también mencionó operaciones contra la tala clandestina y el tráfico ilegal de especies. Según los datos expuestos por el funcionario, las acciones permitieron desmantelar más de 123 aserraderos, detener a 116 personas señaladas por actividades de tala ilegal y recuperar mil 435 animales exóticos.
La aplicación de estas capacidades requerirá coordinación entre las instituciones participantes y el cumplimiento de las disposiciones legales para el tratamiento y consulta de información. –sn–
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