El Senado aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que permitirá definir sectores donde podrían exigirse pagos digitales. La reforma contempla excepciones por fallas técnicas y abre el debate sobre costos, conectividad y privacidad.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El uso de efectivo podría restringirse en determinadas actividades económicas de México con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado de la República con 73 votos a favor y 34 en contra, de acuerdo con el reporte de la sesión. La medida busca ampliar el uso de transferencias bancarias, tarjetas y otras herramientas electrónicas, pero también plantea cambios para comercios y consumidores.
La legislación faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos y las actividades en las que podrán utilizarse exclusivamente medios de pago digitales. Esto no significa que el efectivo vaya a desaparecer de manera general e inmediata: su eventual restricción dependerá de las disposiciones que se emitan para aplicar la ley.
El proyecto también contempla excepciones cuando problemas técnicos o de conectividad impidan procesar operaciones electrónicas. En esos casos, se permitirá recurrir temporalmente al efectivo o a los cheques, bajo las condiciones previstas en la legislación.
¿Cuándo podrían comenzar las restricciones al efectivo?
De acuerdo con los plazos transitorios descritos en el dictamen, una vez que el decreto entre en vigor, Hacienda dispondrá de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades sujetos al esquema de pagos exclusivamente electrónicos.
Posteriormente, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones correspondientes. La aplicación concreta dependerá de esas determinaciones y de las condiciones establecidas para cada actividad.
Por ello, la aprobación legislativa no implica que todos los establecimientos deban dejar de recibir billetes y monedas de inmediato. El alcance de las medidas dependerá de las reglas que se emitan y de las excepciones aplicables.
¿Qué beneficios busca la nueva ley?
Durante la discusión legislativa, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, defendió la reforma como una vía para ampliar la inclusión financiera, modernizar las transacciones y facilitar las operaciones comerciales.
México ya cuenta con herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (Dimo), que permiten realizar distintas operaciones sin utilizar efectivo.
De acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, en 2025 se efectuaron más de 7 mil 300 millones de transferencias mediante el SPEI.
Entre los beneficios previstos se encuentran agilizar los cobros, facilitar el registro de ingresos y generar historiales de operaciones que puedan servir como referencia al solicitar financiamiento. Sin embargo, el aprovechamiento de estas herramientas depende del acceso a cuentas bancarias, dispositivos, conectividad y servicios financieros.
Oposición advierte sobre costos y privacidad
La aprobación también generó cuestionamientos de legisladores opositores, quienes alertaron sobre las obligaciones que podrían asumir los pequeños comercios y los riesgos relacionados con el manejo de información financiera.
El senador panista José Máximo García López cuestionó las facultades otorgadas a Hacienda para definir las actividades sujetas a pagos digitales exclusivos. También advirtió que las limitaciones de conectividad y el acceso desigual a servicios bancarios podrían dificultar la aplicación de las nuevas disposiciones.
Por su parte, la senadora priista Karla Toledo señaló que la compra o renta de terminales, el servicio de internet y las comisiones bancarias podrían representar gastos adicionales para los pequeños negocios. También expresó preocupaciones relacionadas con la CURP digital y el expediente digital ciudadano.
El senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo advirtió que la transición podría complicar las operaciones de comerciantes y trabajadores que dependen del efectivo o carecen de servicios financieros.
Los legisladores que rechazaron el dictamen plantearon cuestionamientos sobre los costos, la conectividad y la protección de datos, mientras que sus promotores defendieron la ampliación de los pagos electrónicos como una herramienta de modernización financiera.
El efectivo sigue dominando las operaciones de muchos negocios
La transición hacia los pagos digitales enfrenta un desafío importante: el uso extendido del dinero físico en las actividades comerciales del país.
Las cifras de los Censos Económicos 2024 citadas durante la discusión legislativa indican que 80.7% de las unidades económicas utilizó efectivo para comprar bienes o servicios, mientras que 83.8% recurrió a este medio para efectuar ventas.
Estos porcentajes reflejan la importancia de los billetes y las monedas para numerosos establecimientos, particularmente aquellos que operan con márgenes reducidos o en comunidades donde la infraestructura digital es limitada.
La expansión de los pagos electrónicos requerirá considerar los costos de operación, la disponibilidad de internet, el acceso a servicios bancarios y las medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios. –sn–


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