Expertos de Naciones Unidas advierten sobre los efectos del cambio climático y la inteligencia artificial en los derechos humanos, con riesgos para menores, migrantes, pueblos indígenas y comunidades vulnerables.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El cambio climático y la inteligencia artificial (IA) plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos, particularmente por sus efectos en menores de edad, pueblos indígenas, migrantes, personas detenidas y comunidades expuestas a la discriminación, advirtieron especialistas de Naciones Unidas durante un encuentro académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los expertos señalaron que ambos fenómenos requieren respuestas jurídicas e institucionales que permitan prevenir violaciones, reducir desigualdades y garantizar que las decisiones públicas y el desarrollo tecnológico respeten los derechos fundamentales.
Las advertencias se formularon durante las primeras sesiones del Curso de Formación en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde siete especialistas que encabezan o integran comités de Naciones Unidas analizaron los desafíos de la emergencia climática y las nuevas tecnologías.
Cambio climático, una amenaza para los grupos vulnerables
El cambio climático no representa únicamente un problema ambiental o económico: también puede agravar las desigualdades y comprometer derechos como la salud, la alimentación, el acceso al agua, la vivienda y un medio ambiente sano.
Edgar Corzo Sosa, investigador del IIJ e integrante del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y sus Familias de la ONU, advirtió que las proyecciones internacionales apuntan a un aumento de los países expuestos a riesgos climáticos extremos.
Durante su intervención, citó una previsión de Naciones Unidas según la cual la cifra pasaría de tres países a 65 para 2040. El dato coincide con las proyecciones del informe de 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que también advierte sobre la exposición de poblaciones desplazadas a peligros climáticos.
Por su parte, Mary Beloff, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, subrayó la necesidad de proteger el derecho de la infancia a vivir en un medio ambiente sano.
La especialista explicó que la participación de menores en actividades de monitoreo y análisis de los efectos climáticos puede contribuir a formular políticas públicas que contemplen la mitigación, el desplazamiento de comunidades y la transformación energética.
Pueblos indígenas, migrantes y personas detenidas, entre los grupos expuestos
Bayram Gün Kut, presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, advirtió que los efectos del cambio climático pueden recaer de manera desproporcionada sobre pueblos indígenas, minorías étnicas y comunidades que enfrentan discriminación estructural.
El especialista planteó que las políticas climáticas deben evaluarse también desde la perspectiva de la igualdad, para evitar que las medidas adoptadas profundicen las desventajas de los grupos históricamente discriminados.
A su vez, María Luisa Romero, presidenta del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, explicó que la prevención de violaciones a los derechos humanos implica identificar riesgos antes de que se conviertan en daños concretos.
En el caso de las personas privadas de la libertad, señaló que las altas temperaturas, el frío extremo, la ventilación insuficiente, la falta de agua y las deficiencias en el acceso a alimentos pueden agravar las condiciones de detención.
Por ello, las evaluaciones preventivas deben considerar las condiciones materiales de las prisiones y la existencia de protocolos para responder a emergencias ambientales.
Defensores ambientales y desplazamiento climático
La protección de quienes defienden el medio ambiente también formó parte de la discusión.
Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, señaló que los activistas ambientales enfrentan persecución y violencia en distintos países. Advirtió, además, que las personas desplazadas por fenómenos naturales pueden quedar expuestas a malos tratos y otras violaciones de sus derechos.
En tanto, Carmen Rosa Villa Quintana, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, relacionó los desplazamientos asociados al cambio climático con los riesgos que enfrentan los defensores ambientales, algunos de los cuales son víctimas de desaparición y asesinato.
Prasad Kariyawasam, presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y sus Familias de la ONU, apuntó que quienes abandonan sus países debido a fenómenos naturales pueden quedar desprotegidos en los lugares de destino.
Estas situaciones plantean retos para los Estados, que deben considerar las necesidades de las personas desplazadas y garantizar el respeto de sus derechos, independientemente de su origen o situación migratoria.
Inteligencia artificial, alertan sobre sesgos y violencia digital
La inteligencia artificial también requiere mayor análisis desde los mecanismos internacionales de derechos humanos, coincidieron los participantes.
Uno de los riesgos señalados es la reproducción de sesgos en los algoritmos, que pueden favorecer determinadas características culturales o demográficas y perjudicar a otros grupos mediante resultados discriminatorios.
Los especialistas también advirtieron sobre el posible uso de estas tecnologías para facilitar la captación de menores, ocultar la identidad de responsables de delitos y promover formas de violencia contra niñas y mujeres.
Otro motivo de preocupación es la concentración de poder en grandes empresas tecnológicas, cuyos sistemas y plataformas pueden influir en la información que recibe la población y en la percepción de los procesos democráticos.
Ante estos desafíos, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la regulación de la inteligencia artificial, promover entornos digitales equitativos y establecer medidas que protejan los derechos humanos, la privacidad y la integridad de las personas.
El debate se desarrolla en un contexto internacional en el que las instituciones jurídicas buscan responder a los efectos de las nuevas tecnologías sin perder de vista la responsabilidad de los Estados y de las empresas. –sn–
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