Luiz Inácio Lula da Silva obtiene la reelección en Brasil con 51.7% de los votos. Human Rights Watch pide frenar los abusos policiales, fortalecer la seguridad pública y proteger los derechos humanos durante su nuevo mandato.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Ante la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva este domingo –51.77% de los votos válidos, frente a 48.23% del senador Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta electoral del 25 de octubre– su nuevo mandato estará marcado por los desafíos de seguridad pública, violencia policial y protección de los derechos humanos.
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió al mandatario aprovechar su victoria para atender los problemas estructurales que persisten en el país, particularmente los abusos policiales, la impunidad y las políticas de seguridad que permiten el uso excesivo de la fuerza letal.
El organismo reconoció avances durante la administración de Lula en la defensa de las instituciones democráticas y la protección de los bosques y las comunidades que dependen de ellos. Sin embargo, consideró que los resultados en otros ámbitos de derechos humanos han sido desiguales.
Violencia policial, principal desafío
Uno de los problemas más graves es el número de personas asesinadas por agentes policiales. Según las cifras citadas por HRW, las muertes a manos de la policía alcanzaron un máximo histórico de 6 mil 589 víctimas en 2025 y mantuvieron una tendencia ascendente durante los primeros nueve meses de 2026.
La organización advirtió que estos abusos afectan de manera desproporcionada a la población negra brasileña y contribuyen a perpetuar un entorno de violencia e impunidad.
Las prácticas policiales abusivas también perjudican la seguridad pública, debido a que debilitan la confianza ciudadana y reducen la disposición de las comunidades a colaborar con las autoridades. Este escenario pone en riesgo tanto a civiles como a integrantes de las corporaciones policiales.
HRW señaló que la falta de investigaciones independientes y eficaces puede favorecer la impunidad por el uso excesivo de la fuerza, además de generar condiciones propicias para la corrupción y los vínculos entre agentes policiales y organizaciones criminales.
El gobierno federal ante la inseguridad
Aunque la seguridad pública es responsabilidad principalmente de los estados brasileños, el gobierno federal puede coordinar políticas nacionales para combatir a las organizaciones criminales, reducir la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Entre las medidas planteadas por HRW se encuentra retirar los servicios forenses de las estructuras policiales, con el propósito de asegurar investigaciones independientes cuando existan denuncias de abuso policial u otros delitos.
La organización consideró que fortalecer la autonomía de los servicios periciales contribuiría a mejorar la calidad de las investigaciones y a establecer responsabilidades con mayor independencia.
Cuestionamientos a la justicia para menores
Otro punto de preocupación es la postura expresada por Lula sobre la posibilidad de juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años acusados de determinados delitos graves.
Durante una entrevista el 15 de octubre, el mandatario defendió esa posibilidad para ciertos delitos. HRW sostuvo que la medida contravendría los estándares internacionales que establecen sistemas de justicia diferenciados para menores de edad.
El organismo argumentó que las personas menores de edad que cometen delitos deben asumir responsabilidades mediante procedimientos individualizados que favorezcan su rehabilitación, en lugar de incorporarlas al sistema penal para adultos.
Según HRW, endurecer las sanciones de esta manera podría debilitar los esfuerzos para reducir la delincuencia, en vez de atender sus causas y prevenir la reincidencia. –sn–
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