Guadalupe Taddei dejó el INE tras presentar su renuncia, pero funcionarios nombrados durante su gestión permanecen en áreas estratégicas para organizar las elecciones de 2027. Las designaciones y presuntas irregularidades en contratos abren el debate sobre controles y responsabilidades
Por Gustavo García | Reportero
La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) deja bajo escrutinio la permanencia de funcionarios que designó en áreas estratégicas, responsables de administrar recursos, organizar los comicios y supervisar actividades fundamentales para las elecciones de 2027.
La discusión se concentra en los nombramientos realizados al amparo de una reforma legal que permitió a la presidencia del organismo designar directamente a integrantes de la Junta General Ejecutiva, sin el mecanismo colegiado que anteriormente involucraba a las consejerías electorales.
La continuidad de estos funcionarios ocurre mientras se investigan presuntas irregularidades relacionadas con proveedores y contratos del instituto. La existencia de señalamientos no acredita por sí misma responsabilidades individuales, por lo que las investigaciones deberán determinar si hubo conductas ilegales y quiénes, en su caso, participaron.
Los cargos estratégicos bajo revisión
Entre los nombramientos señalados se encuentra el de Liliana Díaz de León Zapata, quien asumió la Dirección Ejecutiva de Administración después de la salida de Octavio García. Esa área tiene responsabilidades en la gestión presupuestal, las contrataciones y los recursos materiales necesarios para la operación electoral.
La relevancia del puesto radica en que la preparación de los comicios de 2027 implicará administrar recursos públicos y contratar bienes y servicios para las distintas etapas del proceso. Por ello, los procedimientos de adquisición, sus condiciones y los mecanismos de supervisión serán elementos centrales para evaluar la gestión.
Otro nombramiento es el de Anahí Silva Tosca, al frente de la Dirección Jurídica del INE. Antes de incorporarse al organismo, trabajó como asesora legal y electoral del exgobernador de Tabasco, Carlos Merino.
En la Unidad Técnica de Fiscalización fue designado Mario Alberto Alejo García, quien previamente se desempeñó como asesor del consejero electoral Jorge Montaño y trabajó en el Congreso de Tabasco y en la administración municipal de Tacotalpa. Su área deberá fiscalizar los ingresos y gastos de partidos políticos y candidaturas conforme a las atribuciones legales del instituto.
Auditoría, transparencia y sistemas electorales
La Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales quedó a cargo de María Fernanda Romo Gaxiola, quien anteriormente encabezó el órgano interno de control del instituto electoral de Sonora, entidad donde Taddei también ocupó un cargo directivo electoral.
En la Unidad Técnica de Igualdad y No Discriminación fue nombrada Araceli Hernández Gómez, quien trabajó en el Instituto Electoral de Oaxaca. Su nombre también ha sido mencionado en publicaciones periodísticas sobre una celebración en la que aparece un proveedor vinculado con empresas que han contratado con organismos electorales. Esa aparición, por sí sola, no demuestra una irregularidad.
En materia de transparencia y protección de datos personales, Taddei designó a Rebeca Fernanda López Aguirre, quien presidió el Instituto Sonorense de Transparencia y fue asesora del gobernador Alfonso Durazo.
Por su parte, José Alberto Pérez de Acha quedó al frente de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, responsable de tareas tecnológicas relevantes para los procesos electorales, incluido el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Otro nombramiento que ha generado cuestionamientos es el de Mario Alberto Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Su función comprende procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios para el organismo. Su aparición en un video de una celebración con un proveedor electoral fue referida en reportes periodísticos, pero no constituye por sí misma prueba de responsabilidad administrativa o penal.
La reforma que cambió los nombramientos
En octubre de 2024 se aprobaron modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que ampliaron las facultades de la presidencia del INE para designar a integrantes de la Junta General Ejecutiva.
Antes del cambio, esos nombramientos se definían mediante un procedimiento colegiado en el que participaban las consejerías. La modificación fue cuestionada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, de acuerdo con los antecedentes publicados, el máximo tribunal avaló las facultades impugnadas en enero de 2026.
La consejera electoral Carla Humphrey Jordan cuestionó la concentración de atribuciones y pidió al Congreso revisar la reforma. Sostuvo que el mecanismo debilitó la colegialidad y la corresponsabilidad dentro del instituto, al permitir que la presidencia designara directamente a titulares de áreas operativas.
El debate no se limita a la permanencia de personas nombradas durante la gestión de Taddei. También abarca los controles internos, la transparencia de los contratos y la capacidad del Consejo General para supervisar las decisiones administrativas que inciden en la organización de las elecciones.
El INE rumbo a las elecciones de 2027
La salida de Taddei formalizó un cambio en la conducción del organismo, pero no implica la sustitución automática de los funcionarios designados durante su administración. La continuidad o remoción de cada persona deberá resolverse conforme a las atribuciones y procedimientos aplicables.
La Cámara de Diputados deberá conducir el proceso para designar a quien complete el periodo de la presidencia del instituto, mientras las consejerías deben asegurar que las actividades electorales continúen. En paralelo, las investigaciones sobre posibles irregularidades deben avanzar con respeto al debido proceso.
El punto central será determinar si los nombramientos, las contrataciones y las decisiones administrativas se ajustaron a la ley. La revisión de expedientes, contratos, posibles conflictos de interés y responsabilidades individuales permitirá establecer si existen elementos para imponer sanciones. –sn–
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