SN Redacción
Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder del grupo criminal Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se quejó de que en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, donde se encuentra preso, es víctima de torturas física y sicológica, violencia sexual, vejaciones, castigos y amenazas, por lo que «peligra su vida». No es la primera vez que Casarrubias Salgado promueve un amparo quejándose de violaciones a sus derechos humanos y posibles actos de tortura. Este tipo de recursos se concede al considerar que pudieran cometerse violaciones graves, lo cual es analizado con posterioridad y de entrada sólo se entregan para que se suspendan los actos que atenten contra la ley. Por ello, Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le otorgó una suspensión para que directivos del centro penitenciario ordenen parar de inmediato los actos reclamados. Asimismo, la impartidora de justicia indicó que se responsabiliza al director del penal por cualquier violación que pudiera cometer la determinación y que deberá proceder a la vigilancia necesaria para que se cumpla, en el entendido de que queda a cargo y bajo responsabilidad de la autoridad la integridad y vida del quejoso.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE abrió 16 procesos de investigación, 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y en tres de cuatro casos emitió la calificación de ocultamiento de conflicto de interés, todo relacionado con el escándalo que obligó a la renuncia de Guadalupe Taddei. Así lo informó su titular, Víctor Hugo Carvente, en un documento enviado ayer a la Cámara de Diputados en el cual se detalla que se indaga a 23 personas, incluidos 15 empleados o exservidores del INE. así como a 18 empresas involucradas en el caso.
Transportistas de las 31 entidades se manifestaron este lunes en autopistas y carreteras, donde realizaron plantones, bloqueos parciales y totales, en algunos casos, en rechazo a la reducción de 300 a 250 millones de pesos el tope máximo de ingresos anuales para acceder a un estímulo fiscal que permite deducir impuestos con el pago de peaje. Además, exigieron mayor seguridad en las vialidades, frenar los abusos en el pago de grúas y corralones, así como mejorar la infraestructura del sector. Los operadores, pertenecientes a la Canacar y la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas AC (Hamotac) iniciaron el paro nacional a las 7 de la mañana; en algunos estados los cierres viales continuaban al cierre de esta edición.
El personal ocupado en la industria maquiladora en México dejó de caer en agosto, tras hilar 31 meses consecutivos de contracciones. De acuerdo con los registros del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), del INEGI, el número de trabajadores en esta actividad creció apenas 0.1 por ciento anual en agosto, y fue la primera cifra positiva desde enero de 2024.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto una oferta «difícil de rechazar» para las 50 sociedades que todavía operan con permisos de autoabasto: cambiarse al mercado eléctrico mayorista (MEM), en el caso de los generadores, y contratar el suministro calificado para los centros de carga asociados a estos, todo con el respaldo de la empresa estatal integrada y en un plazo de ocho meses.
El Partido Liberal del opositor Flávio Bolsonaro reconoció la reelección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pese a que el candidato todavía no ha admitido la derrota. «Reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral», señaló la formación en un comunicado. El partido recordó que Flávio ganó la primera vuelta por 2.2 millones de votos y atribuyó el giro en el balotaje a «medidas fuertemente electoralistas», en particular la ampliación de los beneficios sociales durante la campaña.
Sin aludir a los presuntos actos de corrupción que marcaron sus últimos días al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei formalizó ayer, por escrito, ante la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia del organismo. El documento fue dirigido al presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños (PVEM), quien informó en un mensaje en redes sociales que lo turnó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal Ávila (Morena). Este órgano sesionará temprano este martes para emitir la convocatoria para designar al relevo. Reveló que entre los líderes de las bancadas hay dos posturas: una que se inclina por que una mujer asuma el cargo otra que considera cumplida la paridad ordenada en su momento por el Tribunal Electoral, por lo que sostiene que el género de quien ocupe la presidencia es irrelevante.
Legisladores de oposición exigieron a Morena que no manche el proceso para elegir al relevo de Guadalupe Taddei, al advertir que el Instituto Nacional Electoral (INE) se juega su credibilidad de cara a los comicios de 2027. «Exigimos que se respete el criterio establecido por el Tribunal Electoral en 2023, cuando mandató que la presidencia del INE debía recaer en una mujer. Los principios de paridad y alternancia deben garantizarse y respetarse en el relevo. No puede utilizarse esta crisis para imponer a otro perfil cercano al gobierno de Morena, ni siquiera en la designación de quien asuma la presidencia de manera provisional», enfatizó el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Aunque Guadalupe Taddei renunció ayer a la presidencia del INE, la red de funcionarios leales a ella, que colocó en cargos de primer nivel, se mantiene. Consejeros electorales acusaron al Congreso de haber abierto la puerta a la discrecionalidad de nombramientos en áreas clave del organismo, y llamaron a reintegrar la «colegialidad» al Consejo General del INE para evitar que funcionarios designados solo rindan cuentas al titular del órgano electoral. En enero de 2024, el Trife revocó un candado que obligaba al INE a que esos funcionarios fueran electos por mayoría calificada de 8 de los 11 consejeros que conforman el organismo. Guadalupe Taddei aprovechó una reforma impulsada por la 4T para otorgar superpoderes al titular del INE y nombrar directores en áreas clave de manera unilateral. Aunque un grupo de consejeros se inconformó por no permitir nombramientos colegiados (con 8 de 11 consejeros), los Magistrados del Trife avalaron para Taddei un INE a sus pies.
En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para reconocer en la Ley del Sistema de Cuidados a quienes realizan labores de cuidado y sostenimiento familiar por tener un vínculo con personas privadas de la libertad (PPL). La diputada Rebeca Peralta (PVEM) dijo que se busca reformar los artículos 2, 36 y 54 de la Ley del Sistema de Cuidados, para incorporar la figura de «personas cuidadoras por vínculo penitenciario», garantizando su acceso sin discriminación a los programas y servicios del sistema. La legisladora explicó que la iniciativa surge tras el amparo promovido por dos mujeres cuya labor no estaba contemplada en la norma. Peralta destacó que las familias no deben perder derechos ni ser discriminadas por tener a un integrante en prisión, resaltando el rol de madres, esposas, hermanas y abuelas que asumen tareas económicas, administrativas, jurídicas y emocionales.
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, envió ayer una carta a integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes llamó a que alcen la voz ante los procesos judiciales que enfrenta por los acontecimientos que se desataron luego del hallazgo del narcolaboratorio de El Pinal. En el documento, compartido por su equipo de comunicación, acusó a la gobernadora Maru Campos de mentir, pues ha hecho «declaraciones desafortunadas y que faltan gravemente a la verdad», después de que él se volcó a defenderla, al igual que al PAN, y «nunca hablé mal de ella en público. ¿Es justicia o abuso de poder?» cuestionó. Señaló que no importa si la orden viene de Morena o del PAN, pero usar a las fiscalías y tribunales para sacar de la contienda a un aspirante «es un abuso». Por ello, solicitó la intervención institucional del Senado, la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a sus derechos políticos.… En tanto, Guillermo Arturo Zuany, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, tramitó un amparo ante el juzgado 11 de distrito en Chihuahua contra la orden de aprehensión en la que aparece coacusado junto con César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público.
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión a 13 integrantes de Bursamétrica Casa de Bolsa y dos empresas fiduciarias por la presunta captación ilegal de mil 465 millones de pesos, de los cuales mil 350 millones correspondían a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP). El Fiscal federal Emmanuel Irineo Méndez Santiago presentó la acusación ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur contra directivos de Bursamétrica, Grupo Operativo Korbach y Posiciones Estratégicas en Carteras, así como otras personas físicas. Todos están acusados de captar recursos en territorio nacional sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La FGR también solicitó que los acusados paguen a la APBP una reparación del daño de mil 60 millones 507 mil 58.68 pesos y una multa equivalente a 50 mil veces el salario mínimo general vigente, es decir, 15 millones 752 mil pesos. Además, pidió suspenderles sus derechos políticos y amonestarlos públicamente. El juez federal programó para los últimos días de diciembre la audiencia intermedia.
La pretensión gubernamental de triplicar la capacidad operativa del puerto de Manzanillo mediante el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2026-2031 enciende las alarmas ecológicas y sociales en Colima, por lo que el colectivo Salvemos Cuyutlán exige que se detenga la ampliación de este espacio. El proyecto denominado «Puerto Nuevo Manzanillo», impulsado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), busca pasar de 450 a más de mil 800 hectáreas, interviniendo directamente el vaso de la Laguna de Cuyutlán… Ante este escenario, diversas organizaciones civiles, salineros y pescadores articulados en el movimiento Salvemos Cuyutlán interpusieron un juicio de amparo para detener los trabajos de dragado y la remoción de vegetación. De acuerdo con la vocera del movimiento, Yerania Valencia, la resistencia nació tras defender el territorio de la instalación de una planta de amoníaco e involucra a comunidades con centenaria tradición productiva.
El posible retiro de árboles del Bosque El Ocotal que podrían caer sobre las vías del Tren Interurbano produjo divergencias entre vecinos de la Alcaldía Cuajimalpa y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). «Mediante un dictamen elaborado conforme a la norma NADF-001-RNAT-2015 por personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se identificaron 124 árboles con riesgo de caída hacia la Carretera federal México-Toluca», reportó la dependencia. La semana pasada, corredores que acuden al área verde a ejercitarse y colonos de Lomas del Padre, San Lorenzo Acopilco y La Venta se concentraron dentro del Bosque, a la altura de la caseta de cobro de la autopista. Los habitantes explicaron que los ejemplares contemplados para el derribo son ocotes, oyameles, pinos y cedros, de troncos anchos y hasta 25 metros de altura… Las autoridades han intentado obtener el aval para los trabajos en asambleas comunitarias a las que asisten residentes de otras zonas y comerciantes, en tanto los vecinos niegan validez legal de esos encuentros y gestionan amparos contra del derribo.
WASHINGTON.- En el enfrentamiento legal cada vez más amargo entre el presidente estadounidense Donald Trump y los medios de comunicación cuya cobertura le desagrada, ha surgido una nueva y crucial tercera parte: la ciudadanía que ven y leen las noticias y las necesita para hacer su trabajo. Una demanda presentada ayer en nombre de seis de esos ciudadanos —que, en la práctica, representan a las audiencias de los medios informativos— sostiene que no solo se vulneran los derechos de las organizaciones periodísticas cuando el presidente Donald Trump les prohíbe el acceso a las instalaciones de la Casa Blanca.
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